La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió redoblar la apuesta en su pulseada contra el sistema judicial y anunció formalmente que elevará su condena por la denominada causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de una sincronizada columna de opinión publicada en medios internacionales de la talla de El País de España y Libération de Francia, en paralelo con una conferencia de prensa de su equipo técnico, la exmandataria ratificó que buscará la revisión internacional de un proceso que califica abiertamente como una herramienta de persecución y proscripción política.

Para robustecer su estrategia legal en el exterior, la defensa sumó nombres de peso internacional con antecedentes directos en litigios contra el lawfare en la región.

Se trata del prestigioso jurista brasileño Rafael Valim —reconocido por haber integrado el equipo legal del actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso del Lava Jato— y del exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, quienes trabajarán codo a codo con el abogado argentino Alberto Beraldi.

🔴💣Bomba de los abogados internacionales de CFK: Piden cautelarmente suspender la inhabilitación que le impuso la Justicia argentina para ejercer cargos públicos. pic.twitter.com/J491y9mieu

— Primera Página (@PrimeraPaginaOK) July 29, 2026

El espejo brasileño y la batalla por las garantias

La elección de sumar al letrado que defendió al líder del vecino país no es casualidad, sino un calco táctico que busca replicar el exitoso antecedente logrado en 2022, cuando el propio Comité de la ONU determinó que los atropellos judiciales contra Lula habían vulnerado sus derechos políticos y garantías constitucionales.

La presentación formal consiste en una Comunicación Individual destinada a demostrar que el juicio oral y las sentencias locales estuvieron plagadas de arbitrariedades incompatibles con los estándares internacionales de imparcialidad.

En su fuerte misiva pública, la exmandataria advirtió sobre el peligro institucional de utilizar los tribunales para desplazar competidores políticos, señalando que “cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.

Ahora, el organismo internacional radicado en Ginebra deberá evaluar la admisibilidad formal del recurso para definir si emplaza al Estado argentino a dar explicaciones sobre un fallo que mantiene en vilo a todo el tablero político nacional.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026