Las expresiones del Presidente JAVIER MILEI en la Exposición Rural de Palermo, referidas al gobierno del ex Presidente EDUARDO DUHALDE y a quienes integramos su administración entre 2002 y 2003, merecen una respuesta en defensa de la verdad histórica y del respeto institucional.

Me desempeñé como SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN durante ese período y considero un deber institucional señalar que tales afirmaciones no se corresponden con los hechos y resultan incompatibles con la responsabilidad que exige el ejercicio de la primera magistratura.

EDUARDO DUHALDE asumió la Presidencia en el momento de mayor crisis económica, social, política e institucional de la historia contemporánea argentina. En ese contexto excepcional, las decisiones adoptadas estuvieron orientadas a restablecer el orden constitucional, preservar la paz social, recuperar la gobernabilidad y sentar las bases de la reconstrucción del país.

QUIENES INTEGRAMOS AQUEL PODER EJECUTIVO EJERCIMOS NUESTRAS FUNCIONES CON ESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y CON RESPETO POR LAS INSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA. NINGUNO DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE ESE GOBIERNO FUE CONDENADO POR HECHOS DE CORRUPCIÓN vinculados al ejercicio de sus funciones, dato objetivo que no puede ser omitido en un debate serio y honesto.

En un Estado de derecho, las diferencias políticas deben dirimirse mediante hechos verificables, pruebas y argumentos. El agravio, la descalificación y las acusaciones infundadas no fortalecen la democracia; por el contrario, degradan el debate público, erosionan la confianza ciudadana y debilitan la convivencia republicana.

La investidura presidencial impone una responsabilidad superior en el uso de la palabra. Quien ejerce la Presidencia de la Nación representa a todos los argentinos y tiene el deber de contribuir a la unidad nacional, al respeto institucional y al esclarecimiento de la verdad, no a la división, la confusión o el enfrentamiento permanente.

La evaluación de los gobiernos corresponde a la ciudadanía, a la academia y a la Justicia, siempre sobre la base de los hechos, el derecho y la verdad, nunca del prejuicio, la descalificación o la falsedad.

CUANDO UN PRESIDENTE FORMULA ACUSACIONES SIN PRUEBAS, NO SOLO AFECTA LA HONRA DE PERSONAS E INSTITUCIONES; TAMBIÉN DETERIORA EL VALOR DE LA PALABRA PRESIDENCIAL Y DEBILITA LA AUTORIDAD MORAL QUE DEBE CARACTERIZAR AL MÁXIMO REPRESENTANTE DE LA NACIÓN.

LA ARGENTINA NECESITA UNA CULTURA POLÍTICA FUNDADA EN EL RESPETO, LA VERDAD, LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO. LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN PERTENECE A TODOS LOS ARGENTINOS, Y SU DIGNIDAD DEBE SER PRESERVADA POR ENCIMA DE QUIENES CIRCUNSTANCIALMENTE TIENEN EL HONOR DE EJERCERLA.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación  Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.