El Expediente Troncal: La Causa de las Cooperativas y los 535 Millones que sacude a la administración quilmeña destapa el peor y más cínico de los crímenes contra la administración pública. La Justicia investiga un desvío sistemático inicial que supera holgadamente el medio billón de pesos, ejecutado con total impunidad mediante la asignación de contrataciones directas a cooperativas de trabajo que solo existían en los papeles.

Las firmas receptoras de este entramado fiscal jamás fueron organizaciones barriales solidarias, sino simples engranajes de un holding privado operado de facto por los mismos funcionarios del riñón de Mayra Mendoza.

El epicentro de este negociado clandestino tuvo nombres y apellidos: Sebastián Raspa, exsubsecretario de Hábitat y Obras Públicas, quien controlaba las cooperativas La Estrella, Unión Azul y Progreso y Barrio Unido, repartiéndose los contratos millonarios con su socio, el contador Alejandro Scozzari.

Para entender la magnitud del saqueo, hay que mirar los nombres de sociedades, funcionarios y entramado offshore. El esquema incluyó constructoras e instrumentales como The Wolf Building SA, propiedad de Scozzari, que embolsó fortunas del Estado por alquiler de maquinaria fantasma y terminó emitiendo una lluvia de cheques sin fondos cruzados directamente con las cooperativas.

La red de complicidades corporativas se expandió a sociedades anónimas como JD Vitruvio y Sur II SRL. En los expedientes judiciales consta que allí se otorgaron poderes especiales de administración a pesos pesados de la gestión local como Claudio Carbone, secretario Legal y Técnico del municipio, y a Sebastián César Daer, exesposo de la propia Mayra Mendoza y exfuncionario jerárquico de ARCA.

Para vaciar las arcas sin que nadie lo notara a simple vista, la asociación ilícita implementó una maquiavélica Operatoria circular. Abusando de la figura de la emergencia municipal para evadir cualquier licitación, contrataban a sus propias firmas satélites por cifras siderales.

Todo el desfalco se sostuvo sobre Sobrecargos, Facturación Circular y Sobreprecios descomunales. Fingían prestar servicios urbanos de bacheo, mantenimiento y recolección de basura, inflando artificialmente los costos de tareas deficientes o directamente inexistentes para que el dinero fluyera hacia sus bolsillos.

Pero la ambición de esta red criminal cruzó las fronteras. La ruta del dinero y lavado es el eje central de las querellas, que exigen exhortos internacionales para rastrear la fuga de capitales hacia cuentas bancarias y estructuras oscuras en Miami. El objetivo final era reciclar el botín robado a los quilmeños en inversiones inmobiliarias y sanatoriales privadas.

Mayra Mendoza huyó cobardemente hacia la Legislatura bonaerense buscando el amparo de los fueros, dejando a Eva Mieri —una vulgar operadora de barricada, famosa por sus ataques vandálicos que la llevaron directo al penal de Ezeiza— como la guardiana encargada de garantizar la impunidad de esta cueva de ladrones. Ambas son la cara visible del parasitismo absoluto: hundieron a Quilmes en la miseria estructural para financiar su propia opulencia. No son representantes del pueblo, son burdas delincuentes disfrazadas de militantes, y su único destino político y moral debería ser rendir cuentas tras las rejas, devolviendo hasta el último centavo que le robaron a los vecinos.