la Legislatura bonaerense fue testigo de un bombazo legislativo que golpea directamente en la línea de flotación de una de las cajas de recaudación forzada más aceitadas por los intendentes de la Provincia de Buenos Aires.

Durante años, los municipios encontraron en la renovación del registro vehicular el escenario perfecto para ejecutar una extorsión administrativa a costa de la desesperación del ciudadano común, atando el trámite al pago previo de multas, tasas o tributos municipales que operan como un verdadero cepo financiero encubierto.

Frente a este "curro" histórico de la política territorial, el legislador provincial de La Libertad Avanza, Juanes Osaba, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Provincial de Tránsito N.° 13.927.

La iniciativa es tan simple como demoledora para el relato de los "barones del conurbano" y jefes comunales que utilizan las infracciones de tránsito no para mejorar la seguridad vial, sino para maquillar sus desfinanciadas y muchas veces ociosas administraciones.

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Separar los tantos: El fin de la presión coercitiva sobre el laburante

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El texto del proyecto establece un límite claro a la discrecionalidad municipal: ninguna autoridad administrativa podrá prohibir el trámite de emisión o renovación de la licencia por la existencia de multas, siempre y cuando estas no cuenten con una sentencia firme.

De esta manera, cualquier aviso de deuda pasaría a ser un simple dato informativo para el conductor, eliminando el uso del trámite como herramienta de cobro coercitivo.

Con esta modificación, el Estado bonaerense y los municipios conservarían las vías judiciales lógicas para reclamar las deudas económicas por infracciones, pero se les cortaría la mano al sistema de presión actual que toma de rehén al laburante que necesita su registro para trabajar o movilizarse.

La propuesta busca devolverle al registro de conducir su función genuina de habilitación vial, separándola de las pretensiones fiscales ociosas.

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Reacciones en el territorio: Terror al manotazo fiscal frenado

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Como era de esperarse, las reacciones en el territorio no tardaron en llegar. Diversos municipios y intendentes bonaerenses, acostumbrados a la recaudación automática y desmedida que les garantizaba el sistema actual, miran con terror la posibilidad de ver mermada esta "caja negra". La medida representa un golpe al mecanismo de presión predilecto de la casta política local para forzar pagos express sin mediar sentencia firme, simplemente apelando a la necesidad del contribuyente.

"El registro de conducir es para manejar, no para recaudar", sentenció Juanes Osaba al fundamentar su medida. Con este proyecto, La Libertad Avanza busca ponerle un freno al insaciable afán recaudatorio de las estructuras políticas ociosas, defendiendo el bolsillo de los automovilistas de la Provincia de un sistema de presión predatorio que ya no da para más.

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El fin de la extorsión de la "casta" municipal y el regreso a la legalidad vial

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El proyecto impulsado por Juanes Osaba en la Provincia de Buenos Aires es mucho más que una reforma administrativa: es un hachazo directo al corazón de la matriz recaudatoria de la "casta" municipal.

Durante décadas, los intendentes bonaerenses, sin distinción de color político, convirtieron la renovación del registro en una aduana fiscal privada, sometiendo a los conductores a una extorsión sistemática bajo la fachada del "libre deuda".

Pretender que el ciudadano común pague infracciones, muchas veces dudosas y sin sentencia firme, como condición para poder manejar, es un abuso de poder que nada tiene que ver con la seguridad vial y sí con el mantenimiento de estructuras burocráticas ociosas.

Separar las deudas económicas de la habilitación para conducir es un acto de justicia y un regreso a la legalidad vial que pone freno a la insaciable voracidad fiscal de los que viven de la ajena.

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Lo que tenés que saber sobre la jugada legislativa de LLA en PBA

• Fin del cepo al volante: El diputado Juanes Osaba busca por ley que las multas impagas no frenen la renovación del registro en la Provincia de Buenos Aires.

• Separar los tantos: El proyecto diferencia el cobro de deudas económicas (que seguirán su vía judicial) de las inhabilitaciones viales genuinas, prohibiendo el uso del libre deuda como extorsión administrativa.

• Golpe a la caja municipal: Los intendentes pierden su mecanismo de presión predilecto para forzar pagos express sin sentencia firme a costa del contribuyente.

• El registro es para manejar: La Libertad Avanza busca devolverle al trámite de la licencia su función genuina, separándola de las pretensiones fiscales ociosas de la casta política local.