Un demoledor informe técnico de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) le puso números precisos a una de las facetas más crueles de la política económica vigente.

Titulado “La situación de los jubilados en el neoliberalismo financiero”, el estudio detalla que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 quienes cobran el haber mínimo acumularon una pérdida neta de $2.721.627. Esta cifra representa 5,75 jubilaciones mínimas, lo que equivale a haber despojado a los adultos mayores de casi medio año de sus ingresos en un período de 30 meses por la vía de la licuación inflacionaria y el recorte fiscal.

Lejos de tratarse de un daño colateral imprevisto, el deterioro sistemático del sistema previsional responde a la desregulación de precios esenciales y a la falta de mecanismos reales de compensación.

La caída libre del poder de compra derribó el derecho elemental al descanso tras una vida de aportes, forzando a miles de personas a diseñar estrategias desesperadas de supervivencia en la informalidad o el endeudamiento personal.

Volver al mercado laboral en condiciones de precarización

El colapso de los ingresos arrastró a más de 27.000 personas mayores de 65 años a reingresar al mercado de trabajo para intentar cubrir la canasta básica.

Este retorno no se da en un marco de desarrollo personal o elección vocacional, sino bajo condiciones de extrema vulnerabilidad y precarización laboral.

El impacto resulta especialmente crítico en las mujeres: la tasa de informalidad en este segmento trepó del 51,2% al 61,6%. En la práctica, más de seis de cada diez mujeres en edad de jubilarse que hoy realizan tareas laborales lo hacen completamente marginadas del sistema formal: sin recibo de sueldo, sin obra social y sin ningún tipo de cobertura previsional ni aportes.

La espiral del endeudamiento y el negocio de la usura

La combinación entre haberes congelados de hecho, el disparo en los precios de los medicamentos y el aumento brutal de las tarifas públicas arrojó a la tercera edad a los brazos de la usura no bancaria.

Hacia febrero de 2026, un total de 1.345.954 personas mayores de 65 años registraban deudas formales con prestamistas y financieras privadas no reguladas, caracterizadas por aplicar tasas de interés drásticamente superiores a las del sistema bancario tradicional.

Este fenómeno representó un crecimiento del 17,7% en la masa de deudores, sumando a más de 203.000 nuevos jubilados atrapados en circuitos de crédito destructivos.

El modelo económico no solo recorta los ingresos directos del sector pasivo, sino que opera una transferencia neta de recursos desde los sectores más vulnerables hacia los grupos financieros privados, obligando a los ancianos a endeudarse para financiar la compra de comida y medicamentos.

El superávit fiscal sobre las espaldas de la tercera edad

El informe de la UNDAV desnudó de manera irrebatible el reverso humano del pregonado equilibrio fiscal. La mentada "estabilidad" económica no es el resultado de una mayor eficiencia administrativa ni del fin de los privilegios corporativos, sino del despojo sistemático a los sectores que ya no tienen margen de resistencia social. Licuar casi seis haberes mínimos a los jubilados para después obligarlos a trabajar en la informalidad o endeudarse a tasas usurarias con financieras para comprar medicamentos no es una política de ordenamiento económico; es una crueldad planificada. Sostener las cuentas públicas mediante la precarización de los adultos mayores convierte a la política presupuestaria en un mecanismo de expolio sobre quienes dedicaron toda su vida al trabajo y a la Patria.

Las claves del informe de la UNDAV

• Despojo acumulado: Quienes perciben el haber mínimo perdieron más de 2,7 millones de pesos entre finales de 2023 y mediados de 2026, equivalente a casi seis jubilaciones.

• Éxodo laboral por supervivencia: Más de 27.000 adultos mayores debieron volver a trabajar en un contexto de vulnerabilidad total.

• Precarización en mujeres: La informalidad laboral en mujeres mayores alcanzó un histórico 61,6%.

• Boom del crédito usurario: Se sumaron 203.000 nuevos jubilados a la rueda de endeudamiento con prestamistas no bancarios para saldar gastos cotidianos.