El abogado e influencer libertario Sarubbi Benítez fue denunciado penalmente ante la Justicia por los delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y apología del crimen.

La acción legal se suma al creciente repudio político y social contra el tono crecientemente agresivo, homófobo y autoritario que predomina en las emisiones de canales de streaming alineados con la Casa Rosada.

El letrado, que hace apenas pocos días había sido sancionado por el fuero judicial tras haber proferido severos insultos contra magistrados, vuelve a quedar en el centro de la escena.

Sectores de la oposición y organismos de derechos humanos denunciaron que estas conductas no son aisladas, sino parte de una matriz discursiva sistemática que legitima el odio y la violencia política desde plataformas financiadas con recursos del Estado.

La polémica en el streaming "Carajo" y el repudio a la "esterilización forzada"

El punto de máxima tensión se alcanzó durante una de las recientes transmisiones del canal de streaming Carajo, señalado como uno de los principales dispositivos de propaganda digital del ecosistema libertario.

En pleno aire, integrantes de la mesa de debate y streamers identificados con el oficialismo llegaron a proponer abiertamente la "esterilización forzada" de determinados sectores sociales, una retórica de clara consonancia con las políticas eugenésicas del régimen nazi de Adolf Hitler.

La gravedad de las expresiones desató una ola de indignación en redes sociales y en el ámbito legislativo, donde se cuestionó duramente la desviación de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para sostener la estructura de trolls y comunicadores oficialistas.

Asimismo, el escándalo rozó al sector privado: usuarios y dirigentes llamaron a un boicot directo contra las marcas que pautan publicitariamente en el espacio, apuntando de forma directa a firmas comerciales como las medialunas SAO por auspiciar y validar discursos de odio en la pantalla.