La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee un patrimonio inmobiliario invaluable que pertenece a todos sus habitantes, pero el PRO lo convirtió en una inmobiliaria privada. Bajo el cínico argumento de "atraer inversiones", se consumó la privatización y concesión de tierras fiscales y espacios estratégicos a favor de conglomerados y desarrolladores.

Estas operaciones de desguace territorial comprenden la entrega y rezonificación de codiciados predios fiscales —como los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco a orillas del Río de la Plata, los playones ferroviarios de Caballito, Palermo y Liniers, y las parcelas estratégicas en Catalinas Norte y Puerto Madero—, transformando espacios de amortiguación ambiental y de dominio público en enclaves de torres de lujo y shoppings. A esto se suman las lucrativas concesiones de servicios e infraestructura urbana monopólica operadas por el Grupo Roggio (a través de Metrovías/Emova en la red de subterráneos y Benito Roggio e Hijos en la recolección de residuos y obras viales), y los megaproyectos inmobiliarios de IRSA (liderada por Eduardo Elsztain, impulsora de emprendimientos como Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de Boca o centros comerciales en tierras estatales), amparados por la cámara empresaria AECO. Este andamiaje jurídico-político permite que grandes corporaciones exploten el suelo y los servicios públicos porteños con altísima rentabilidad, negando a la ciudadanía cualquier retorno social equitativo y profundizando la mercantilización urbana.

Otro capítulo indignante y oscuro de este desguace recae sobre el entramado de los medios públicos de CABA. El vaciamiento de Canal de la Ciudad, AM 1110 y FM La 2x4 no es un mero ajuste fiscal, sino un plan deliberado para silenciar la voz institucional y regalar la infraestructura y los negocios comunicacionales. El caso más escandaloso es la preadjudicación de la señal televisiva por un canon irrisorio a favor del empresario Augusto Marini (propietario de Cale Group, Blender y socio en el canal Carajo junto a operadores libertarios como Daniel "Gordo Dan" Parisini), un oscuro operador de vínculos transversales con la política y la pauta oficial, beneficiado con contratos leoninos en desmedro del patrimonio estatal y pese a las severas advertencias de ilegalidad emitidas por el ENACOM. 

Mientras Jorge Macri exige un brutal ajuste a los trabajadores y desfinancia áreas sensibles, los grandes grupos económicos concentran beneficios extraordinarios a través de contratos opacos y una pauta oficial millonaria distribuida discretamente para disciplinar voluntades mediáticas. Este esquema de transferencia de valor público hacia manos privadas evidencia que la autonomía porteña ha sido secuestrada por intereses corporativos. No estamos ante una modernización, sino ante la consolidación de un Estado al servicio del poder económico, donde cada metro cuadrado y cada herramienta de comunicación social se rematan al mejor postor sin importar el daño institucional provocado.