La Matanza es el municipio más poblado de la Argentina y, desde hace más de dos décadas, también uno de los principales bastiones del peronismo bonaerense. Bajo la conducción de Fernando Espinoza y de su antecesor, Alberto Balestrini, el distrito construyó un esquema de poder que para sus detractores se transformó en un verdadero feudo político, sostenido por la concentración institucional, el control territorial y una dependencia económica cada vez más profunda.

La contradicción resulta evidente: mientras el municipio administra uno de los presupuestos más importantes del país, amplias zonas del distrito continúan atravesadas por problemas crónicos de infraestructura, inseguridad, déficit habitacional y falta de servicios esenciales. A pocas cuadras de grandes centros comerciales, miles de familias siguen viviendo entre calles de tierra, zanjas abiertas y sistemas cloacales insuficientes.

Las críticas contra la gestión de Espinoza no provienen únicamente de la oposición partidaria. Diversos informes presupuestarios cuestionaron durante años el manejo de los recursos públicos y la falta de previsibilidad financiera del municipio. Un análisis del Instituto de Estudios y Administración Local (IDEAL) sostuvo que el presupuesto municipal de 2025 fue calculado en 298.500 millones de pesos, una cifra considerablemente inferior al gasto ejecutado durante 2024, lo que —según la entidad— habilita amplios márgenes de discrecionalidad administrativa. El mismo trabajo señaló que, mientras el presupuesto aprobado para 2024 ascendía a 142.800 millones, al tercer trimestre ya se habían ejecutado más de 479.000 millones de pesos.

Los cuestionamientos no son nuevos. En 2022, dirigentes opositores denunciaron que la administración local había subestimado el presupuesto municipal y ejecutado partidas de manera desigual. Según aquel informe, secretarías vinculadas con hábitat, ambiente y tercera edad presentaban niveles mínimos de ejecución, mientras crecían las demandas sociales en uno de los municipios con mayores índices de vulnerabilidad del conurbano.

La seguridad constituye otro de los puntos más sensibles. Tras el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, distintos sectores políticos denunciaron que el municipio había dejado sin ejecutar una parte importante de las partidas destinadas a la protección ciudadana. Un informe difundido entonces advertía que, entre 2020 y 2021, se habían registrado importantes niveles de subejecución presupuestaria en áreas vinculadas con seguridad, en un distrito que figura entre los de mayor criminalidad de la provincia.

El deterioro urbano alimenta, además, las críticas sobre el modelo político matancero. Durante la campaña legislativa de 2025, dirigentes opositores recorrieron barrios donde persistían calles anegadas, cortes de luz, acumulación de residuos y desbordes cloacales. Las denuncias describían un escenario de abandono incompatible con la magnitud de los recursos administrados por el municipio.

Frente a estas acusaciones, la gestión de Espinoza exhibe un discurso diametralmente opuesto. El municipio destaca haber obtenido la máxima calificación en materia de transparencia fiscal por parte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que le otorgó cien puntos sobre cien por la publicación y rendición de sus cuentas.

Sin embargo, el contraste entre los reconocimientos institucionales y la realidad cotidiana de millones de vecinos sigue alimentando una pregunta incómoda: ¿cómo puede el municipio más poderoso del conurbano continuar exhibiendo niveles tan elevados de pobreza, precariedad e inseguridad después de más de veinte años bajo la misma conducción política?

La permanencia de Fernando Espinoza expone los límites de un modelo de administración cuestionado por opositores, organizaciones civiles y vecinos que denuncian que, detrás de los discursos oficiales, subsiste una estructura cada vez más corrupta y alejada de las necesidades básicas de la población.