La motosierra no fue una promesa de campaña ni un daño colateral: fue, desde el primer día, la confesión de una política deliberada. Cuando el propio Milei admite sin sonrojarse que la pulverización de los ingresos del sector público es una "consecuencia buscada", despoja a su plan de cualquier barniz de improvisación. El vaciamiento estatal no es un error de cálculo; es el núcleo quirúrgico de un modelo que utiliza deliberadamente la asfixia salarial como el combustible principal de su ingeniería financiera.

Lo que hace el presidente es admitir que el empobrecimiento de los trabajadores estatales no es un exceso ni un error; es una pieza central de su plan.

Los números oficiales y las mediciones privadas no hacen más que certificar el desastre operativo. Con caídas del salario real estatal que oscilan entre el 20% y el 33,5% según las distintas series estadísticas, el recorte presupuestario se ejecutó mediante la licuación sistemática de los haberes y la poda de personal.

Mientras desde el Ejecutivo se agita el mito de una recuperación privada en solitario —una comparación tan forzada como tramposa—, la realidad marca que el sector estatal fue convertido en la única e indiscutida zona de sacrificio. La ecuación es de una brutalidad elemental: menos presupuesto, menos personal operativo y menos capacidad de respuesta para los servicios esenciales que sostienen a la sociedad.

Lo verdaderamente alarmante no es la intensidad del ajuste, sino el descaro con el que se celebra la crueldad convertida en política de Estado. Bajo el eufemismo de premiar al "buen empleado" o disciplinar a la administración mediante la asfixia financiera, el Gobierno pulverizó el poder de compra de docentes, técnicos, profesionales y trabajadores esenciales que no tienen herramientas corporativas para defenderse.

Celebrar el superávit fiscal a costa del empobrecimiento sistemático de quienes sostienen el andamiaje operativo del país no es una victoria de la libertad, sino un acto de disciplinamiento social con estética de cruzada ideológica.

Javier Milei no está reparando el Estado: lo está demoliendo metódicamente y llamando a esa ruina "emancipación". Pero la libertad construida sobre sueldos licuados, despidos masivos y servicios públicos colapsados no es otra cosa que un ajuste salvaje devenido en dogma. Si la destrucción salarial del sector público es el objetivo confesado, el problema ya dejó de ser estrictamente económico; pasó a ser una brutal tragedia ética y política.