La tragedia sanitaria del fentanilo contaminado —que se cobró al menos 90 vidas en hospitales y centros de salud de todo el país— desnuda con crudeza cínica la verdadera esencia de la gestión liderada por Javier Milei: un Estado perpetuamente ausente para cuidar la salud y la vida del ciudadano de a pie, pero prodigiosamente eficiente a la hora de blindar la impunidad de clase mediante la taquilla judicial.

Mientras el ministro de Salud, Mario Lugones, intenta maquillar responsabilidades institucionales y las cloacas de la ANMAT devuelven chats escalofriantes donde se priorizaba el silencio corporativo por sobre la preservación humana, la maquinaria del poder opera con precisión quirúrgica. No estamos frente a una simple desidia burocrática, sino ante un sistema de complicidades mercantiles donde la desregulación criminal destruye familias, mientras los máximos responsables de velar por el bienestar público juegan a la subasta con la libertad provisional de los presuntos partícipes. 

La reciente y escandalosa resolución del Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, junto al impulso de la fiscal Laura Roteta y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), representa una bofetada directa a la decencia colectiva. Con una expectativa punitiva que oscila entre los 10 y 25 años de prisión por envenenamiento y homicidio agravado en virtud de los artículos 200 y 201 del Código Penal, el sistema judicial determinó con fría aritmética que el dolor de al menos 90 víctimas fatales y decenas de pacientes con secuelas irreversibles se compensa económicamente mediante una caución real de 75 millones de pesos por cabeza.

Así, tras abonar los 150 millones de pesos totales exigidos para el rescate, las exfuncionarias Nélida Agustina Bisio (exresponsable de la ANMAT) y Gabriela Mantecón Fumadó (extitular del INAME) abandonaron los calabozos para reanudar su pasar cotidiano en barrios exclusivos. Queda meridianamente claro que en la Argentina libertaria, la libertad no constituye un derecho elemental, sino un artículo de lujo reservado de manera exclusiva para quienes disponen de fortunas al contado, transformando el estrangulamiento de los controles estatales en un vulgar negocio donde el arancel de la impunidad cotiza al alza en la bolsa de valores de la desidia oficial. 

La tragedia sanitaria del fentanilo contaminado expone de cuerpo entero el fracaso criminal de la política de salud de la administración de Javier Milei, donde el desguace sistemático de los controles estatales y la motosierra aplicada sobre los organismos de fiscalización transformaron el sistema sanitario en una zona liberada para la negligencia empresarial, demostrando que para este modelo la vida humana no es más que una variable de ajuste prescindible.