La supuesta "motosierra" liberal contra los privilegios de la política no es más que una gigantesca farsa de cotillón para la tribuna. Mientras el presidente Javier Milei discurre sobre el equilibrio fiscal a fuerza de licuadoras y recortes criminales, los cimientos de su administración se derrumban bajo el peso de la corrupción explícita. Lejos de combatir a la casta, el oficialismo la alimenta, la compra y la corrompe con una "lista de precios" tan vulgar como millonaria. La reciente denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano ante el juez Julián Ercolini desenmascara una trama de cohecho, administración fraudulenta y malversación de fondos públicos que apunta directamente al corazón del poder libertario.

El modus operandi es tan cínico como escandaloso. ¿De dónde sale el dinero para comprar voluntades en el Congreso? De la caja recauda del impuesto al combustible, un fondo con asignación específica por ley destinado exclusivamente a construir y reparar rutas viales para los argentinos. Sin embargo, con la complicidad directa del ministro de Economía, Luis Caputo —ese especulador financiero con pergaminos de cuevero—, el Banco Nación se transformó en un cajero automático al servicio de la extorsión política. Los días clave de votación en el Congreso, los libramientos de fondos se disparan hasta 3,44 veces más que el promedio mensual. No hay azar ni gestión eficiente: hay chantaje. Se pagan favores con plata ajena para conseguir manos levantadas y leyes a la medida del Ejecutivo.

La contabilidad de la infamia detalla con nombres, apellidos y montos astronómicos cómo se rifaron los recursos del Estado. En solo tres votaciones cruciales, el Gobierno pulverizó 33.786 millones de pesos, llevándose puesto más de la mitad del presupuesto previsto para cinco meses. La "lista de precios" incluye hitos nefastos: la Reforma Laboral costó 17.139 millones de pesos; la Ley de Glaciares se tasó en 12.551 millones; y las normativas de Hojarasca y zonas frías absorbieron otros 14.096 millones. A esto se suman los giros millonarios y quirúrgicos destinados a blindar voluntades provinciales: el gobernador jujeño Carlos Sadir embolsó casi 12.000 millones de pesos a través de empresas viales; Osvaldo Jaldo en Tucumán, Claudio Vidal en Santa Cruz y Gustavo Sáenz en Salta también cobraron suculentas tajadas vinculadas a la ruta de la extorsión parlamentaria.

Mientras los aliados del poder se llenan los bolsillos con fondos destinados al asfalto, las rutas del interior continúan intransitables —como el fatídico tramo de la ruta 307 en Tucumán, abandonado con menos del 20% de avance— y más de un billón de pesos duerme plácidamente en plazos fijos. El propio oficialismo confiesa sin ruborizarse que confisca el dinero de tus caminos para maquillar un superávit ficticio, aplicando exactamente las mismas recetas y vicios de la casta que prometieron erradicar.

La máscara ha caído de manera definitiva y el relato liberal colapsa frente a la cruda evidencia de los hechos. Este Gobierno llegó al poder prometiendo barrer con los privilegios de los políticos, pero terminó perfeccionando el arte de la coima institucional, comprando votos al contado y financiando su gobernabilidad con la plata de los contribuyentes. No son liberales ni republicanos: son los nuevos dueños de una maquinaria de corrupción sistemática que ya pisó los tribunales de Comodoro Py. Cuando la justicia examine las firmas, las fechas de aprobación y la ruta del dinero negro, quedará claro que la "libertad" era solo el negocio más caro de la historia argentina y que este experimento de crueldad y negociados está moralmente terminado.