Los pasillos del Congreso y de los tribunales de Comodoro Py huelen a pólvora tras la radicación de una contundente denuncia penal que salpica directamente al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, a quien los denunciantes no dudaron en calificar en el escrito como un "cuevero de baja monta".

La investigación, recaída en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, apunta a la supuesta existencia de un mecanismo extorsivo y de cohecho institucional: el desvío systematically planificado de la caja del impuesto al combustible —un fondo asignado por ley a la infraestructura vial— para saldar favores políticos con las provincias.

En total, las planillas bajo sospecha contabilizan más de $33.786 millones girados durante tres votaciones parlamentarias decisivas.

La "cartelera de precios" y el cronograma del quórum

La ingeniería expuesta en el expediente judicial sugiere que la lealtad legislativa de los bloques de los gobernadores tuvo un cronograma de desembolsos sincronizado al minuto con el tablero del recinto:

• Ley Bases y Reforma Laboral: Para blindar la aprobación del articulado y la reforma laboral en las calientes sesiones de febrero y marzo, el Ejecutivo giró un primer adelanto de $17.139 millones a las provincias aliadas. Un tramo previo para garantizar la Ley Bases original ya había anotado $11.275 millones.

• Ley de Glaciares y DNU del FMI: Durante el debate de la reforma ambiental y de glaciares, la caja liberó $12.551 millones. En el caso del DNU del FMI, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, embolsó un giro exprés de $6.596 millones concretado apenas 48 horas después de la votación.

• Jujuy, Misiones, Tucumán y Salta: La planilla revela que el jujeño Carlos Sadir (UCR) recibió $11.987 millones bajo el paraguas de la Ruta Nacional 34; el cacique misionero Carlos Rovira facturó más de $13.000 millones escudados en la Ruta 105; el tucumano Osvaldo Jaldo se anotó $2.322 millones para una obra vial con un avance de apenas el 20%; y el salteño Gustavo Sáenz aseguró los votos de sus diputados tras recibir $1.787 millones.

• Protección a los vetos: Durante la semana clave en que la Cámara de Diputados ratificó el veto a la movilidad jubilatoria y el presupuesto de discapacidad, el Palacio de Hacienda liberó otros $20.983 millones a las jurisdicciones socias.