La narcocriminalidad se mudó definitivamente a los teléfonos celulares y el negocio de blanquear el producto de la droga ahora se digita desde pantallas táctiles, burlando sin mayores sobresaltos las normativas preventivas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Una investigación de escala gigantesca encarada por la justicia federal destapó una matriz de lavado de activos que dejó perplejos a los organismos de control porteños. La cifra total del blanqueo detectado eriza la piel: 27 mil millones de pesos evaporados y triangulados en el ecosistema virtual. El expediente judicial expone la extrema fragilidad de los controles en las plataformas de pago y las empresas fintech que operan en todo el territorio nacional.

La anatomía de las "mulas digitales" y el nexo con la City

El modus operandi de la banda combinó simplicidad táctica con un asesoramiento contable y financiero de primer nivel. La red reclutaba miles de cuentas satélites creadas a nombre de jubilados, desocupados y sectores vulnerables.

Mediante la compra de datos o el robo liso y llano de identidades, la organización atomizaba los fondos millonarios en microtransferencias sistemáticas, un método diseñado para eludir los radares convencionales de alerta temprana.

Una vez que el dinero sucio ingresaba a las aplicaciones más populares del país, comenzaba el proceso de blanqueo acelerado. La liquidez proveniente del narcotráfico se transformaba en criptoactivos o bienes suntuarios en cuestión de minutos.

La investigación judicial determinó además que la red contaba con ramificaciones directas en cuevas financieras del microcentro porteño, uniendo la tecnología con los cueveros tradicionales para garantizar un circuito cerrado de fuga y reconversión de divisas.

La doble vara del sistema y el rol de las fintech

El caso puso al descubierto la indignante asimetría en el trato que recibe el ciudadano común frente a estas organizaciones complejas. Mientras a los trabajadores y pequeños contribuyentes se les bloquean las cuentas de manera preventiva al intentar justificar transferencias cotidianas como el pago de un alquiler, los algoritmos de las fintech permitieron el flujo incesante de miles de millones sin emitir los correspondientes Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Los fiscales a cargo de la causa alistan una batería de allanamientos y detenciones para desarticular la pirámide de testaferros informáticos.

Sin embargo, en los pasillos de Comodoro Py ya se discute si la investigación tendrá el volumen político e institucional necesario para sentar en el banquillo a los ejecutivos de las plataformas de pago que operaron como una verdadera "zona liberada" para el crimen organizado.