La rosca política en la provincia de San Juan dio una lección magistral sobre cómo archivar las diferencias partidarias cuando se trata de repartir las arcas del Estado.

Oficialismo y oposición sellaron un acuerdo silencioso para regar de nombramientos millonarios la administración pública provincial, demostrando que el promocionado recambio institucional en el distrito cuyano fue pura fachada de campaña.

El escandaloso paquete de designaciones alcanza una cifra sideral que supera los 42 millones de pesos mensuales destinados al pago de sueldos fijos.

En el centro de las acusaciones y las críticas cruzadas se ubican el actual gobernador provincial, Marcelo Orrego, y su predecesor peronista, Sergio Uñac, quienes convirtieron el fuego cruzado del debate electoral en una convivencia presupuestaria pacífica donde nadie audita los nombramientos del otro a cambio de asegurar espacios de poder e impunidad.

La colonización del Estado y la indignación social

La voracidad por poblar la estructura estatal con parientes, amigos y punteros políticos unificó al frente oficialista y al justicialismo sanjuanino.

En los pasillos de las dependencias públicas, la presencia de asesores y cargos burocráticos sin funciones operativas concretas volvió a encender la alarma de los gremios locales y los sectores productivos de la provincia, quienes denunciaron un despilfarro incompatible con la crisis que afecta al sector privado y a los empleados de a pie.

Mientras la presión fiscal sobre los contribuyentes sanjuaninos se mantiene asfixiante bajo la premisa de la restricción presupuestaria, el presupuesto provincial es utilizado para financiar superestructuras orientadas a sostener los armados electorales a futuro.

La filtración de las planillas oficiales dejó expuesta la opacidad de un sistema de alternancia política donde los nombres cambian en la cúpula, pero los vicios de la nómina estatal permanecen intactos.

Las claves del escándalo en San Juan

• Erogación millonaria: El acuerdo entre oficialismo y oposición implica más de $42 millones mensuales en designaciones estatales.

• Pacto de cúpulas: Marcelo Orrego y Sergio Uñac unieron fuerzas para repartir cargos entre sus allegados políticos.

• Sueldos fantasma: Denuncian la creación de asesorías y puestos burocráticos para financiar armados electorales.

• Rechazo gremial: Sectores productivos y sindicatos provinciales advierten sobre el impacto en las arcas y servicios básicos.

• Sin auditoría: La connivencia entre el PJ y el oficialismo anula el control institucional sobre las cuentas públicas.