Sentado sobre una montaña de miles de millones de pesos y blindado por décadas de impunidad feudal, Fernando Espinoza convirtió a La Matanza en su reino personal de miseria, abandono y negociados oscuros. Tras más de veinte años administrando el distrito más poblado del país, el intendente enfrenta una realidad que ya no esconde su desidia: mientras él y su casta consolidaban un poder absoluto y multimillonario, millones de vecinos quedaron condenados a vivir entre calles destrozadas, inundaciones, cloacas reventadas, inseguridad zanjada por el narcotráfico y una pobreza estructural que grita al cielo.

El partido que gobierna no es una administración cualquiera. Con más de dos millones de habitantes y un peso electoral decisivo en cada elección provincial y nacional, concentra recursos comparables a los de varias provincias argentinas. Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 460.165 millones de pesos, una cifra que lo ubica entre las administraciones municipales más importantes del país.

El laberinto del gasto y la opacidad

El volumen del gasto permite dimensionar la magnitud del aparato político construido alrededor de Espinoza. Solo en servicios no personales, la administración prevé destinar más de 135.656 millones de pesos. A ello se suman 115.089 millones para personal, 76.154 millones para bienes de uso y otros 71.134 millones en transferencias. La Secretaría General de Gobierno supera los 10.795 millones de pesos, mientras que el área de Cultura dispone de más de 21.153 millones. Incluso la Secretaría Privada del intendente cuenta con una partida superior a los 1.446 millones.

Sin embargo, detrás de esas cifras persiste una realidad que el paso del tiempo no logró modificar. En localidades como Gregorio de Laferrere, González Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo continúan los reclamos por falta de pavimento, problemas cloacales, desbordes, inundaciones e infraestructura deficiente. A pesar de décadas de gestión ininterrumpida, amplios sectores siguen enfrentando dificultades estructurales que contrastan con la magnitud de los recursos administrados.

La inseguridad se transformó en otro de los símbolos del desgaste político. Comerciantes y vecinos denuncian desde hace años robos, entraderas y el avance del narcotráfico en distintas zonas del territorio bonaerense. Aunque el Ejecutivo municipal anunció sucesivas inversiones en cámaras, patrulleros y centros de monitoreo, estos brillan por su ausencia.

Las críticas tampoco se limitan a la gestión cotidiana. Desde hace años, dirigentes opositores y organizaciones civiles cuestionan los recurrentes negociados, la opacidad en las contrataciones y la dificultad para acceder a expedientes administrativos. La falta de transparencia en el manejo de los millonarios fondos públicos y la ausencia de mecanismos de control efectivos han sido el sello oscuro de un esquema de poder diseñado para garantizar la impunidad y el enriquecimiento de la corporación política.

Porque el tiempo terminó destruyendo la última coartada del poder. Cuando un dirigente gobierna por tanto tiempo, deja de ser el heredero de los problemas para convertirse en parte de ellos. Y si algo revela hoy la realidad del oeste bonaerense es que el verdadero legado de Fernando Espinoza es el de un saqueador serial que, amparado en estructuras feudales, desvalijó las esperanzas de La Matanza, transformando un municipio rico en una cueva de negociados oscuros, impunidad judicial y miseria crónica para millones de vecinos abandonados a su suerte.