La marcha de la política económica continúa dejando un severo impacto en el tejido social argentino. Según los datos del Índice de Vulnerabilidad Familiar correspondientes a mayo de 2026, el indicador trepó hasta los 5,3 puntos, reflejando el deterioro constante en las condiciones de vida y la estabilidad financiera de los hogares.

El empleo privado registrado acumuló en mayo doce meses consecutivos de caída en todo el territorio nacional. Durante ese mes se destruyeron 9.059 puestos de trabajo formales, lo que elevó el acumulado de pérdidas a 241.176 empleos declarados desde noviembre de 2023. La retracción golpea con particular intensidad a los centros urbanos del conurbano bonaerense.

Caída de empresas y desplome del poder adquisitivo

La parálisis del mercado interno y la apertura comercial han repercutido de forma directa sobre la infraestructura productiva. Solo durante el mes de mayo cerraron 2.371 unidades productivas, sumando un total de 30.633 empresas que bajaron sus persianas desde el cambio de gestión a fines de 2023.

En materia de ingresos, los salarios formales continúan perdiendo terreno frente a la dinámica inflacionaria, acumulando una caída real del 8,4% en el período. Al contrastar los haberes contra el IPC Federal, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 14%, reduciendo drásticamente el margen de consumo de la población trabajadora.

Morosidad récord y el debate por el desendeudamiento

Como consecuencia del descalce entre ingresos y gastos esenciales, la morosidad familiar trepó al 12,8%, configurando el registro más elevado desde 2010 luego de 19 meses ininterrumpidos de subas en el endeudamiento crónico de los hogares.

Ante este panorama, el diputado nacional Nicolás Trotta presentó un proyecto de ley para crear un programa nacional de desendeudamiento familiar.

Sin embargo, la iniciativa fue desestimada por el Poder Ejecutivo, desde donde ratificaron que las obligaciones financieras constituyen acuerdos estrictamente privados en los que el Estado no debe intervenir.

Mientras tanto, la demanda de asistencia alimentaria por parte de trabajadores registrados sigue marcando récords en distritos bonaerenses como Quilmes, San Justo, Lomas de Zamora y Moreno-Merlo.