Mientras el gobernador Axel Kicillof diserta sobre la ampliación de derechos y llena sus discursos de eufemismos prolijos, en el sótano financiero de la provincia de Buenos Aires opera una maquinaria implacable de saqueo cotidiano que deja a los más frágiles a la deriva.

Bajo la conducción de Homero Giles en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la pregonada empatía estatal se redujo a un negocio obsceno de intermediación. La evidencia documental desnuda el verdadero rostro de la gestión: la orden de compra N° 300334, firmada el 19 de marzo de 2026, autorizó un gasto delirante de $48.998.592 por una silla de ruedas motorizada marca Merits con accesorios, un equipo que en el mercado libre no supera los diez millones de pesos. ¿El beneficiario? La ortopedia platense Tor, eslabón necesario de una cadena de favores donde el dinero de los afiliados se evapora por arte de magia y triangulaciones aduaneras. El raid delictivo administrativo continuó con la orden de compra N° 301416, mediante la cual se pagaron $12.450.000 a la proveedora Crux por un sistema de bipedestación infantil Standlife valuado en menos de cinco millones, repitiendo la estafa con equipos a pedal inflados hasta los $17.680.000. Mientras tanto, la obra social acumula deudas, destruye su cartilla y condena a los bonaerenses a mendigar remedios que nunca llegan.

Kicillof gobierna subido a un pedestal de cartón pintado, administrando cínicamente la miseria ajena: mientras predica equidad con la billetera de los aportantes, convalida el desguace criminal de una obra social vaciada por sus propios funcionarios, transformando el dolor de la discapacidad en el rentable botín de su casta. La salud pública provincial se debate hoy entre la opulencia de los expedientes amañados y el abandono absoluto de quienes realmente necesitan el amparo del Estado, dejando en evidencia un modelo de gestión donde la solidaridad es sólo una coartada para el vaciamiento sistemático de los recursos públicos.

La insensibilidad institucional ha llegado a límites insospechados, convirtiendo cada trámite prestacional en un vía crucis burocrático para familias que ya cargan con el peso de la enfermedad, mientras los despachos oficiales se blindan con un silencio cómplice ante cada denuncia de sobreprecios, perpetuando un sistema de privilegios que pulveriza cualquier atisbo de ética republicana y deja al desnudo la absoluta falta de escrúpulos de quienes administran los fondos de todos los contribuyentes bonaerenses sin rendir cuentas reales ante la sociedad.