La Justicia penal bonaerense desarticuló una sofisticada y feroz organización criminal que logró lavar miles de millones de pesos utilizando cuentas bancarias y digitales creadas con los datos biométricos de ex presidiarios en la provincia más poblada del país.
La detención de la presunta cabecilla de esta banda destapó un escándalo mayúsculo de proporciones nacionales, provocando un choque mediático y político frontal entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un histórico grupo periodístico y el principal abogado del kirchnerismo, Gregorio Dalbón.
La fiscal Betina Lacki detonó una bomba atómica en el territorio al ordenar la detención de Albertina Mangini. El escandaloso lavado de activos, según las estimaciones preliminares, superaría los 27.000 millones de pesos canalizados a través de cuentas falsas, atomizadas e irrastreables. El perverso esquema financiero dejó expuesta una maquinaria dedicada a estafar al sistema utilizando como insumo la extrema vulnerabilidad de los ciudadanos más empobrecidos.
La operatoria delictiva desnuda la desprotección total que sufren los excluidos. El perverso mecanismo consistía en aprovechar la extrema necesidad en los barrios para reclutar a ex presidiarios desesperados por alimentos.
Operando inclusive desde una oficina de enlace del Patronato de Liberados, les pagaban miserables 80.000 pesos a cambio de escanearles el globo ocular, usurpando así su identidad digital para crear cuentas fantasmas.
Este entramado ilícito permitía blanquear fortunas provenientes del juego clandestino mediante la fragmentación del dinero sucio en miles de transferencias virtuales para evadir los controles del sistema.
La investigación acorrala ahora a Ignacio Leonel Marchioni, quien supuestamente canalizaba todos los fondos turbios a través de la plataforma HAZ PAGOS.
Los sabuesos judiciales buscan los nexos con cuevas de mayor peso en la City porteña, cruzando los datos financieros peligrosamente con la megacausa de la agencia Sur Finanzas para determinar si ambas estructuras utilizaban al mismo operador para lavar la bestial suma de 87.000 millones de pesos.

El bochorno escaló a nivel nacional cuando el diario Clarín y el periodista Daniel Santoro publicaron que la detenida pertenecía al gabinete bonaerense. El gobernador Axel Kicillof estalló de furia en sus redes sociales para despegarse desesperadamente del escándalo criminal, acusando al multimedio de publicar mentiras maliciosas y aclarando que Mangini es empleada exclusiva del Poder Judicial.
En medio de este fuego cruzado e internismo del justicialismo, apareció un actor completamente inesperado. El polémico abogado Gregorio Dalbón irrumpió en la escena digital con un mensaje letal para el desgastado mandatario provincial. Le exigió que inicie demandas penales contra los comunicadores en lugar de quejarse amargamente por la red social X, y aprovechó para clavarle un puñal profundo: recordó públicamente el cobarde asesinato de Luciano Olivera, el joven de 17 años muerto a manos de la temible Policía Bonaerense, destrozando cualquier intento de victimización política del gobernador.