El ámbito político e institucional del partido de Bragado se vio sacudido tras confirmarse la detención de Germán Díaz, concejal en funciones por La Libertad Avanza.
El procedimiento fue a cabo por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa penal por narcomenudeo que tramita en el Departamento Judicial de Mercedes.
El operativo se concretó mediante un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 3 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mercedes en el domicilio particular del edil, ubicado en la localidad de Eduardo O'Brien.
La investigación judicial se había iniciado a partir de indicios firmes sobre presuntas actividades de comercialización de estupefacientes en dicha finca.
Durante el registro del inmueble, las fuerzas de seguridad secuestraron restos de cocaína guardados en el interior de una caja de instrumental odontológico, además de balanzas digitales de precisión y diversos materiales utilizados habitualmente para el estiramiento, fraccionamiento y empaquetado de sustancias prohibidas.
Díaz había asumido su banca en el Concejo Deliberante de Bragado en diciembre de 2023, tras haber integrado la nómina de candidatos del espacio libertario en las elecciones generales del año previo.
Frente al impacto público de la noticia, el bloque de concejales de la Libertad Avanza de Bragado emitió un comunicado urgente para tomar distancia de la situación procesal del detenido.
A través de la concejala Daniela Monzón, la bancada remarcó que la responsabilidad penal recae de forma exclusiva en la esfera individual de Díaz, expresó su repudio irrestricto al tráfico de drogas y garantizó total colaboración con los requerimientos de la Justicia.
En el plano institucional, las autoridades del Concejo Deliberante de Bragado comenzaron a analizar los pasos a seguir según lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento interno del cuerpo.
La bancada oficialista ofreció su predisposición para convocar a comisiones extraordinarias e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para evaluar suspensiones o la remoción del representante electo.