Mientras el intendente Gastón Granados se esconde detrás de la cartelería publicitaria y la propaganda oficial para maquillar un distrito abandonado, miles de familias ezeizenses son condenadas a consumir un fluido letal. Lejos del relato de prosperidad sostenido por la dinastía familiar que usurpa el municipio desde 1995, la realidad se impone con la fuerza de un expediente criminal: el agua que sale de las canillas y perforaciones en Ezeiza está cargada de arsénico hasta niveles de 96 microgramos por litro.
Esta cifra atroz, documentada en los rigurosos monitoreos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), pulveriza cualquier estándar sanitario al duplicar el límite máximo del Código Alimentario Argentino y multiplicar por casi diez la tolerancia fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con el distrito sumido en "semáforo rojo", la desidia del poder político expone deliberadamente a la población a patologías irreversibles como cáncer, fallas cardiovasculares y diabetes.
La responsabilidad penal y administrativa cae de lleno sobre Gastón Granados y su camarilla de funcionarios corruptos. Informes de dirigentes locales como los concejales Pablo López y Analía Campos confirman que el 80% de los barrios carece de cloacas y agua potable, obligando a vecinos de zonas postergadas como Canning y Carlos Spegazzini a ingerir veneno diario ante la absoluta inacción estatal.
A esta calamidad sanitaria se suman negociados oscuros y promesas vacías reflejadas en expedientes desatendidos, como el caso de vecinos damnificados —entre ellos Leonardo David Mendoza—, quienes poseían actas de adjudicación firmadas por el propio Granados en Tristán Suárez que jamás se cumplieron, derivando recursos y tierras a punteros políticos mientras el pueblo agoniza.
Gastón Granados no es un simple intendente ineficiente: es el rostro impune de un feudo familiar que durante más de tres décadas ha transformado a Ezeiza en una trampa mortal. Mientras dilapidan fondos públicos en campañas de marketing y desvían recursos hacia su red de punteros, condenan deliberadamente a miles de familias a beber arsénico y a sobrevivir en el abandono estructural más absoluto. Su complicidad criminal con la salud de los vecinos y su desprecio por la vida humana marcan el final inexorable de un ciclo político tan corrupto como repudiable, del que jamás podrá desligarse ni esconderse detrás de ningún escudo de impunidad.