La crisis de seguridad y la falta de conducción institucional bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof sumaron un capítulo escandaloso e inquietante. Un conflicto de larga data en lo que es el Servicio Penintenciario Bonaerense (SPB), en el que se viene reflejando como una constante en los últimos años.

Un grupo de internos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela presentó una denuncia penal que expone el grado de descomposición del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): acusaron a 16 presos alojados en el Pabellón 1 y a cinco funcionarios penitenciarios por presuntos negocios de narcotráfico, extorsiones, torturas y la cesión ilegal de funciones estatales a los propios reclusos.

La presentación, realizada ante la UFI de Quilmes en formato de hábeas corpus colectivo, no solo exige medidas de protección urgentes, sino que revela el fracaso absoluto en la custodia estatal.

Ante la falta de garantías en la órbita de la provincia de Buenos Aires, los propios denunciantes exigieron que la investigación sea puesta en manos de una fuerza federal —como la Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina—, evidenciando que bajo el mando político del Ejecutivo bonaerense ya no hay confianza ni para resguardar la vida dentro de los penales.

Un reclamo que deja en evidencia a la gestión: Al pedir que la Justicia designe a una fuerza federal para investigar y custodiar las pruebas, los internos dejaron al descubierto la incapacidad del ministerio y del propio Axel Kicillof para garantizar el orden básico y la transparencia institucional en sus dependencias.

Estado ausente: celdas sin control y datos a merced del delito

El escrito salpica directamente a la conducción política de la provincia por permitir que dentro de una institución pública funcionen organizaciones clandestinas conocidas como “La Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”.

La acusación más grave radica en la cesión de funciones: según la denuncia, personal del penal le entregaba las llaves a presos para que administraran los candados de las 26 celdas del sector, usándolos incluso para aplicar castigos disciplinarios al margen de la ley.

El descontrol que tolera la administración provincial llega al extremo de que reclusos habrían tenido acceso ilimitado a dependencias administrativas sensibles, tales como la Oficina de Ayudantía y Tratamiento.

Desde allí, internos operaban computadoras con acceso a bases de datos oficiales con información filiatoria de todo el sistema penitenciario bonaerense, vulnerando cualquier estándar mínimo de seguridad estatal.

A esto se le suma el negocio del narcotráfico intramuros, la comercialización de internet a través del control de antenas Starlink mediante agresiones físicas, y una sorte de "aduana" donde extorsionaban a las familias quitándoles la mercadería y los alimentos que llevaban en sus visitas. La presentación judicial obliga ahora a determinar la responsabilidad de la cúpula penitenciaria y del Gobierno bonaerense ante lo que parece ser la consolidación del autogobierno en las cárceles de la Provincia.