Nota de contexto: esta investigación se basa en el relevamiento publicado por Chequeado el 25 de agosto de 2026 y en información complementaria propia sobre el funcionamiento del sistema judicial. La existencia de vínculos familiares no demuestra, por sí misma, nepotismo ni falta de idoneidad en las personas mencionadas. El problema central señalado por la investigación es la falta de mecanismos abiertos y competitivos que permitan comprobar cómo se producen esas designaciones.

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Comodoro Py: donde los apellidos se cruzan

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Sus edificios parecen de cemento. Comodoro Py, en verdad, parece construido con apellidos. Allí se investigan causas de corrupción en la Administración Pública Nacional y otros delitos federales, en uno de los ámbitos judiciales con mayor capacidad para definir el destino político de dirigentes, empresarios y funcionarios. El poder puede cambiar de gobierno; los vínculos judiciales sobreviven eternamente.

El dato que dispara la alarma es concreto: al menos 5 de los 8 jueces de primera instancia que actualmente ocupan sus cargos allí, tienen familiares trabajando en el Poder Judicial de la Nación. En la Cámara Federal, la proporción también llama la atención: 2 de 6 jueces tienen familiares dentro del sistema. Y hay una explicación administrativa que permite que esta trama exista sin violar formalmente la prohibición de nombrar a un pariente directo bajo dependencia inmediata. La ley puede cerrar una puerta y el sistema encontrar una ventana.

El Reglamento para la Justicia Nacional prohíbe que un juez designe en su propio tribunal a determinados familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad cuando quedan bajo su dependencia directa. Pero la norma no impide los llamados “nombramientos cruzados”: que el familiar de un magistrado trabaje en otro juzgado, otra fiscalía, otra cámara o una dependencia diferente. No hace falta que el apellido aparezca en la misma puerta para que siga circulando por el mismo edificio.

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El caso que parece escrito para una serie

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El ejemplo más evidente aparece entre los juzgados de María Romilda Servini de Cubría y Ariel Lijo. En el Juzgado Federal Nº 1 trabaja Santiago Lijo, de 23 años e hijo del juez Ariel. Y en el juzgado que conduce su padre trabaja Agustina Cubría, nieta de Romilda. Un hijo entra por una puerta y una nieta aparece en la oficina de enfrente: el mapa de parentescos parece tener más precisión que cualquier organigrama.

Pero el entramado no termina ahí. En el juzgado de Servini también trabajan Manuel Berón de Astrada, familiar del juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada; Martina Méndez Signori, hija del juez Enrique Méndez Signori; y Agustín Miragaya, hijo del exfiscal Eduardo Miragaya, quien trabajó en la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. El dato no es un parentesco aislado: es una sucesión de conexiones que atraviesa distintos niveles del sistema.

La familia de Servini también se extiende fuera de su juzgado. Su hijo mayor, Juan Carlos Cubría, fue secretario letrado y administrador general del Consejo de la Magistratura y estuvo casado con Nora Dorado, jueza de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Su hijo menor, Eduardo, está al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Nº 22 y es padre de Agustina Cubría. La trama familiar no termina en un escritorio: conecta juzgados, fiscalías, cámaras y organismos de gobierno judicial.

El portal colega Chequeado.com consultó al Juzgado Federal Nº 1 para obtener explicaciones sobre estos vínculos, pero no recibió respuesta antes de la publicación de su informe. En una investigación sobre transparencia, el silencio también es un dato, aunque no una prueba de irregularidad.

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El apellido Lijo aparece por todos lados

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Ariel Lijo, actualmente a cargo de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, tiene una red familiar que excede ampliamente su propio tribunal. Su sobrino Nicolás Lijo trabaja en el Juzgado Penal Económico Nº 9, a cargo de Javier López Biscayart. Nicolás es hijo de Alfredo Lijo, hermano del magistrado y señalado por la investigación como un operador de los tribunales. El apellido Lijo no aparece una vez: aparece como una marca repetida en distintos despachos.

Las relaciones matrimoniales también forman parte de ese mapa. La primera esposa de Lijo fue Silvia Cavallo, actualmente fiscal federal de Quilmes y hermana de Gabriel Cavallo, exjuez federal y ex camarista federal porteño. La hija de Gabriel, Mercedes Cavallo, trabaja como secretaria en el juzgado de Lijo. Después de divorciarse, el Ariel se casó con Magalí Mazzuca, secretaria letrada de la Corte Suprema. En la Justicia, los vínculos no siempre se heredan: a veces también se casan.

Pero todavía falta otro eslabón. En el juzgado de Lijo trabaja Estefanía Borinsky, hija del camarista Mariano Borinsky. También aparece Santiago Rodríguez Ponte, familiar de Juan Tomás Rodríguez Ponte, exfuncionario de ese juzgado y actual director de la oficina de escuchas judiciales. Rodríguez Ponte acaba de ser designado juez federal en Lomas de Zamora y está casado con Alejandra Mángano, fiscal federal de Comodoro Py. La red no se limita a padres e hijos: también pasa por hermanos, parejas, excónyuges, sobrinos y cuñados.

Y el inventario continúa: dentro del personal del juzgado de Lijo aparecen Alexia Burruchaga, hija de Jorge, el exfutbolista de la Selección argentina que ganó el Mundial de México 1986, y Delfina Dobronich, nieta del empresario Guillermo Cóppola. En este caso, no se trata de parentescos con jueces, pero sí de apellidos conocidos que forman parte del personal de una estructura judicial estratégica. Comodoro Py parece tener memoria: algunos apellidos llegan por la política, otros por el deporte, otros por los negocios y otros por la propia Justicia.

El juzgado de Lijo tampoco respondió las consultas realizadas por Chequeado antes de la publicación de la investigación. La ausencia de respuesta no prueba una irregularidad, pero deja sin explicación pública una trama que justamente reclama explicaciones.

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La causa $LIBRA y otra familia judicial

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El juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa $LIBRA, también integra una familia con fuertes vínculos dentro del Poder Judicial. Su esposa, Ana María Juan, trabajó durante décadas en la Cámara Federal porteña y acaba de ser designada jueza federal en Hurlingham. La carrera judicial de la pareja transcurrió durante años dentro del mismo ecosistema de poder.

Sus hijos, Gonzalo y Santiago, trabajan en juzgados criminales ordinarios porteños. Uno de esos tribunales está a cargo de Martín Yadarola, hermano de Pablo Yadarola, juez del fuero Penal Económico. En el juzgado de Martínez de Giorgi también trabaja Josefina Hornos, hija del camarista en lo Penal Económico Roberto Hornos y esposa de Rodrigo Giménez Uriburu, juez del Tribunal Oral Federal Nº 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Los apellidos vuelven a conectar primera instancia, cámaras, tribunales orales y distintos fueros.

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Casanello y Ramos: más conexiones

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En el juzgado de Sebastián Casanello trabaja Aldana Freiler, hija del ex camarista Eduardo Freiler, destituido en 2017. Mateo Casanello, hijo del juez, trabaja a su vez en un juzgado criminal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires. Otra vez aparece la misma lógica: familiares que no dependen directamente de sus parientes, pero permanecen dentro del mismo universo judicial.

Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal Nº 2, tiene un hermano magistrado: Martín Ramos fue designado juez federal de Morón en noviembre de 2016. El dato es sencillo pero importante porque integra el relevamiento de vínculos familiares que atraviesan los tribunales federales. La cuestión no es si un hermano puede ser juez: claro que puede; la cuestión es cómo se llega a esos cargos y con qué nivel de competencia abierta.

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La Cámara Federal tampoco queda afuera

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La trama llega a la Cámara Federal porteña. Allí trabajan Sebastián y Nicolás Pacilio, hijos de Antonio Pacilio, ex camarista federal de La Plata. Nicolás acaba de ser nombrado juez de un Tribunal Oral Federal porteño. Los apellidos no se quedan quietos: ascienden, cambian de fuero y aparecen en nuevas instancias.

Un notorio camarista es Eduardo Farah. Uno de sus cuatro hijos, Santiago Farah, trabajó en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado —Dajudeco—, la oficina de escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema. Aunque Santiago ya no figura en la nómina, sí aparece Guadalupe Farah, otra hija del camarista. Hasta la oficina que administra escuchas judiciales tiene apellidos vinculados con magistrados.

La Dajudeco, dirigida por Rodríguez Ponte, suma más nombres familiares: Malena Canicoba, hija del exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral; Nicolás Aguinsky, hijo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky; Luis María Iván Bunge Campos, hijo del juez de la Cámara del Crimen Luis Bunge Campos; Mateo Stornelli, hijo del fiscal federal Carlos Stornelli; y Santiago Taiano, hijo del fiscal federal Eduardo Taiano. También figura Sergio Cavallo, ex cuñado de Lijo y hermano de Gabriel Cavallo. Cuando una dependencia concentra tantos vínculos, el debate deja de ser anecdótico y pasa a ser institucional.

La propia Dajudeco fue consultada por Chequeado y tampoco respondió antes de la publicación. En la Cámara Federal, además, aparece Leopoldo Bruglia, casado con María Josefina Gutiérrez, secretaria de una fiscalía ante los tribunales orales criminales de la Ciudad. Otra vez: magistrados, fiscales, secretarios y familiares orbitando dentro de un mismo sistema.

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El verdadero escándalo: la ley que quedó en un cajón

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Acá está el corazón del problema. En mayo de 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público, con el objetivo de establecer concursos públicos como vía de ingreso. La norma funciona en la Procuración General y en la Defensoría General, pero la Corte Suprema nunca reglamentó su aplicación para el Poder Judicial. El concurso que debía abrir la puerta quedó afuera justamente de una parte central del sistema judicial.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia —ACIJ— sostiene que esa ausencia mantiene una práctica histórica: cubrir puestos judiciales con personas provenientes del entorno de quienes ya trabajan allí. La entidad plantea que la implementación efectiva de concursos públicos es una de las reformas estructurales que necesita el sistema para garantizar mayor integridad, objetividad y transparencia. Sin competencia abierta, la sociedad no puede saber cuánto pesó el mérito y cuánto pesó el vínculo personal.

Y acá aparece una distinción que conviene no perder para que la crítica sea seria: la existencia de familiares trabajando en la Justicia no demuestra por sí misma nepotismo, ilegalidad ni falta de idoneidad. El propio relevamiento advierte que algunos familiares pueden haber ingresado por mérito profesional o incluso antes de que existiera el vínculo. El problema no es tener un padre juez: el problema es que no exista un sistema suficientemente transparente para saber por qué alguien consiguió el cargo.

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Un poder que paga muy bien

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La discusión tampoco ocurre en un ámbito menor. El Poder Judicial tiene salarios superiores al promedio y ofrece una carrera con ingresos importantes desde los primeros escalones. Según la escala salarial publicada por el Consejo de la Magistratura, un ayudante percibe $1,8 millones brutos, un oficial $2,5 millones, un jefe de despacho $3,3 millones, un prosecretario administrativo $3,8 millones y un secretario de juzgado $4,9 millones mensuales, sin contar componentes que pueden elevar esas cifras. La puerta de entrada no conduce precisamente a un trabajo de bolsillo chico.

El especialista en Derecho Alberto Binder, cofundador del Inecip, sostiene que el fenómeno del nepotismo judicial se profundizó cuando los cargos comenzaron a ser especialmente atractivos durante el menemismo. Su diagnóstico es brutal: los puestos inferiores de la Justicia federal tienen hoy remuneraciones tan elevadas que constituyen “un botín extraordinario”. Cuando un cargo vale millones, controlar quién entra deja de ser una cuestión administrativa y se convierte en una disputa por poder.

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No es solamente Comodoro Py

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Y hay un dato que agranda todavía más la fotografía. Una investigación previa de Chequeado y Connectas encontró que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tenían familiares designados en el Poder Judicial, equivalente al 40% de los magistrados analizados. El relevamiento se hizo sobre 3.601 cargos judiciales correspondientes a 14 provincias y encontró casos en todas las circunscripciones estudiadas. Comodoro Py no sería una excepción: sería el escaparate más famoso de un problema mucho más grande.

En aquella investigación aparecieron diferencias fuertes según las provincias: Santa Fe registró vínculos familiares en 12 de sus 21 jueces federales; Córdoba y La Rioja, en 12 de 20; Jujuy y Salta, en 7 de 17; Mendoza, San Juan y San Luis, en al menos 5 de 22; y Misiones, en 4 de 9. La “familia judicial” no parece tener domicilio único: tiene sucursales.

Además, el problema convive con otra debilidad estructural: las vacantes. Una información reciente sobre Comodoro Py señaló que alrededor del 25,4% de los 55 cargos de jueces de todas las instancias se encontraban vacantes. Es decir, mientras se discute quién entra al sistema, una parte considerable de los cargos estratégicos permanece sin titular definitivo. Un Poder Judicial con vacantes y vínculos familiares necesita más transparencia, no menos.

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La familia judicial no necesita una conspiración

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Lo más incómodo de esta historia es que no hace falta imaginar una mesa secreta, un pacto clandestino ni una conspiración de película. Alcanza con mirar los vínculos, los reglamentos y la ausencia de concursos. El problema institucional aparece justamente cuando nadie puede determinar con certeza dónde termina el mérito y dónde empieza la rosca.

La Justicia necesita independencia. Pero independencia no significa opacidad. Un juez puede ser absolutamente independiente al momento de resolver una causa y, al mismo tiempo, formar parte de un sistema de selección de personal que debería ser mucho más abierto. La independencia judicial es una garantía; la falta de transparencia no debería serlo.

Porque si un ciudadano común tiene que competir, presentar antecedentes, atravesar entrevistas y demostrar por qué merece un puesto, la pregunta inevitable es por qué ese mismo estándar no debería aplicarse de manera efectiva dentro del Poder Judicial. La República no puede tener concursos para algunos y contactos para otros.

Y ese es el verdadero agujero que deja expuesto el mapa de Comodoro Py: no que todos los familiares sean acomodados, algo que la investigación no demuestra, sino que el sistema carece de herramientas suficientes para que la sociedad pueda comprobar que no lo sean. Cuando la transparencia falla, la sospecha ocupa el lugar que debería ocupar la evidencia.

La llamada “familia judicial” no es solamente una colección de padres, hijos, hermanos, parejas y apellidos conocidos. Es también una red histórica de afinidades, amistades, camaraderías y carreras compartidas. Como explicó la antropóloga María José Sarrabayrouse en una investigación anterior, esas relaciones pueden funcionar como verdaderas redes de pertenencia y generar obligaciones de reciprocidad. El poder no siempre se hereda por sangre: muchas veces se transmite por vínculos.

Por eso el debate de fondo no debería ser si un hijo puede trabajar en Tribunales porque su padre es juez. Claro que puede. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cuántos de esos ingresos resistirían una competencia pública, abierta y verificable? Y mientras esa pregunta siga sin una respuesta institucional, la puerta seguirá abierta para que la familia, la rosca y el poder se confundan en los mismos pasillos.

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Lo que tenés que saber sobre la familia judicial de Comodoro Py

• 5 de 8 jueces de primera instancia relevados tienen familiares dentro del Poder Judicial.
• 2 de 6 integrantes de la Cámara Federal también tienen familiares en la Justicia.
• Los 12 juzgados federales de Comodoro Py investigan, entre otros delitos, hechos de corrupción vinculados con la Administración Pública Nacional; actualmente hay 4 vacantes.
• Entre los vínculos relevados aparecen las familias Servini-Cubría, Lijo, Martínez de Giorgi-Juan, Casanello-Freiler y Ramos.
• En la Cámara Federal aparecen vínculos de las familias Pacilio, Farah y Bruglia-Gutiérrez.
• La Dajudeco concentra familiares de jueces y fiscales como Canicoba Corral, Aguinsky, Bunge Campos, Stornelli y Taiano.
• La Ley de Ingreso Democrático fue sancionada en 2013, pero la Corte Suprema nunca reglamentó su aplicación al Poder Judicial.
• Los salarios judiciales pueden alcanzar varios millones de pesos mensuales desde cargos intermedios.
• Una investigación nacional previa detectó familiares en la Justicia en 46 de 114 jueces federales de 14 provincias.
• La existencia de parentescos no demuestra por sí sola nepotismo ni irregularidad: el problema señalado es la falta de concursos abiertos que permita verificar objetivamente los méritos de cada designación.

La investigación original: Investigación de Chequeado sobre los vínculos familiares en Comodoro P