El Consejo Escolar de La Plata vuelve a quedar en el centro de las denuncias. Esta vez, un grupo de aspirantes a cargos de auxiliares de Educación asegura que se habrían producido designaciones por fuera de los mecanismos establecidos y sin respetar el puntaje de los postulantes que integran los listados oficiales.

El reclamo apunta directamente contra el presidente del organismo, Iván Maidana, y también contra integrantes de la Junta Interna de Educación de ATE La Plata, a quienes los denunciantes señalan por una presunta maniobra destinada a beneficiar a familiares.

La acusación es grave: quienes esperan durante meses para acceder a un cargo mediante el orden de mérito aseguran que algunos puestos terminarían siendo ocupados por personas con puntajes considerablemente inferiores o que directamente no figuraban en los listados correspondientes.

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El acto público que encendió la denuncia

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Según el escrito presentado por los aspirantes, el episodio que disparó el reclamo ocurrió durante el acto público del viernes 13 de marzo de 2026.

Los denunciantes sostienen que allí se produjo la designación de Nicolás Grismau, quien habría tomado un cargo mensualizado en el Instituto Superior N° 17 con un puntaje de 65,80, mientras que otro postulante, identificado como Tomás Facundo, habría sido designado en el Jardín 901 pese a que, según la denuncia, ni siquiera figuraba en el listado.

El dato que más indignación genera entre los aspirantes es el puntaje. Según explicaron a través del reclamo, en La Plata los cargos se estarían otorgando a personas con más de 100 puntos, mientras que en estos casos denunciados se habría avanzado con postulantes que no alcanzarían ese piso.

Para quienes realizaron la denuncia, la cuestión no es menor: si el sistema debe funcionar mediante un orden de mérito, cualquier designación que lo saltee termina afectando directamente a quienes esperan su turno.

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La denuncia apunta a una trama familiar

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El reclamo adquiere todavía mayor dimensión porque los denunciantes sostienen que los dos casos involucrarían a integrantes de una misma familia vinculada con ATE La Plata.

De acuerdo con la presentación difundida por los aspirantes, Tomás Facundo sería hijo de María Grismau, secretaria general de la Junta Interna de Educación de ATE La Plata.

Por otra parte, Nicolás Grismau sería hermano de María, Gimena y Yanina Grismau, a quienes los denunciantes también vinculan con la estructura gremial de ATE La Plata.

Es justamente esa coincidencia la que llevó a los aspirantes a hablar de un supuesto “clan ATE-Maidana” y a reclamar que se investigue si existió una utilización de las estructuras gremiales y administrativas para favorecer a familiares.

La denuncia no prueba por sí sola que haya existido una maniobra ilegal, pero plantea una pregunta que las autoridades deberían responder con documentación: ¿por qué determinados postulantes fueron designados y bajo qué criterio se resolvió cada nombramiento?

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El puntaje, en el centro de la polémica

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Los denunciantes invocan el régimen de empleo público y sostienen que los auxiliares deben ingresar respetando el orden de mérito establecido por sus antecedentes y puntajes.

Por eso, el reclamo se concentra en determinar cómo pudieron concretarse designaciones cuestionadas por los aspirantes y qué documentación respaldó cada toma de cargo.

La diferencia entre 65,80 puntos y los más de 100 puntos que, según los denunciantes, se exigirían actualmente para acceder a determinados cargos en La Plata es uno de los elementos que deberán ser aclarados.

Porque si existe un listado, hay un orden.

Y si hay un orden de mérito, la pregunta es inevitable: ¿quién decidió saltearlo y con qué fundamento?

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Los acusados y el pedido de explicaciones

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Los aspirantes apuntaron contra la Junta Interna de Educación de ATE La Plata, mencionando expresamente a su secretaria general, María Grismau; a la secretaria adjunta, Andrea Manzotti; y a Diego Vázquez, señalado como integrante de la Junta y participante de los actos públicos.

También reclamaron explicaciones al Consejo Escolar de La Plata y a su presidente, Iván Maidana, por lo ocurrido durante los actos de toma de cargos.

La acusación de los denunciantes es contundente: sostienen que mientras cientos de aspirantes esperan acceder a un puesto mediante los mecanismos establecidos, determinadas personas podrían estar consiguiendo cargos por vínculos familiares o gremiales.

Si las designaciones fueron regulares, la documentación debería despejar cualquier duda. Si no lo fueron, deberán explicarse las responsabilidades.

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“Nos están quitando el derecho al trabajo”

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El planteo de los aspirantes tiene además una dimensión que excede la discusión administrativa.

Quienes integran los listados esperan su oportunidad para conseguir un empleo en un contexto donde cada cargo estatal representa una posibilidad concreta de estabilidad laboral. Por eso consideran que cualquier designación realizada por fuera del orden correspondiente no es simplemente una irregularidad burocrática.

Es, según expresaron, un puesto de trabajo que otro aspirante deja de ocupar.

“Mientras estamos esperando para tomar un cargo ellos acomodan a su familia”, sostienen los denunciantes en el escrito difundido.

La frase resume el núcleo de la bronca: no cuestionan solamente quién consiguió el cargo, sino el mecanismo mediante el cual habría llegado hasta allí.

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Exigen devolver los cargos y que se investigue

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Los aspirantes reclamaron públicamente respuestas a la Junta Interna de Educación de ATE La Plata y al Consejo Escolar.

Entre sus principales pedidos figuran la renuncia de los integrantes de la Junta Interna de Educación de ATE La Plata involucrados en la denuncia, la revisión de las designaciones cuestionadas y la devolución de los cargos si se comprueba que fueron otorgados de manera irregular.

También sostienen que cuentan con documentación para respaldar sus acusaciones y reclaman que se investiguen los procedimientos utilizados en los actos públicos. Ahora la pelota está del lado de las autoridades.

Porque en un sistema basado en listados, puntajes y orden de mérito, no alcanza con decir que todo fue transparente. Hay que demostrarlo.

Y si alguien consiguió un cargo con 65,80 puntos mientras otros aspirantes con mayor puntaje esperaban su turno, la explicación no puede quedar perdida en los pasillos del Consejo Escolar.

Los cargos públicos no son premios gremiales, familiares ni favores de la rosca. Son puestos de trabajo. Y el Estado tiene la obligación de explicar cómo los asigna.

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La pregunta que queda abierta

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La denuncia plantea un interrogante sencillo, pero incómodo: ¿Se respetó realmente el orden de mérito para los cargos de auxiliares de Educación en La Plata o hubo designaciones por fuera del sistema?

La respuesta debería surgir de los listados oficiales, las actas de los actos públicos, los puntajes de cada postulante y las resoluciones administrativas correspondientes.

Hasta que esos documentos sean exhibidos y permitan reconstruir qué ocurrió, el escándalo seguirá creciendo. Porque cuando el Estado habla de mérito, pero los aspirantes denuncian acomodos, alguien tiene que abrir los papeles y explicar qué pasó.