El Gobierno libertario de Javier Milei dio un paso firme en su estrategia de desmantelamiento de la responsabilidad estatal sobre los bienes públicos estratégicos.

A través de un convenio rubricado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la transferencia de la gestión de 508 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, además del servicio ferroviario del Tren del Valle.

Bajo la figura del Decreto 253/2026, la maniobra no es más que una privatización encubierta que transforma un derecho básico de circulación e integración territorial en una oportunidad comercial para el sector privado.

De la garantía de conectividad al peaje como castigo al usuario

El mantenimiento de las rutas nacionales constituye una obligación inalienable del Estado Federal para garantizar el desarrollo productivo y la seguridad vial de los ciudadanos. Sin embargo, la receta económica de Milei —con la sumisión funcional de gobernadores como Weretilneck— traslada el financiamiento directo a los bolsillos de quienes transitan la región.

Lejos de tratarse de una solución técnica, la entrega de los 508 kilómetros viales consolida un modelo donde la infraestructura se mide exclusivamente por su tasa de retorno financiero. Si una traza no renta, se la abandona; si renta, se la arancela.

Las contradicciones y trampas del convenio

• Traspaso sin recursos: Nación cede las obligaciones de mantenimiento y obras a Río Negro, pero mantiene facultades formales de fiscalización.

• Arancelamiento del tránsito: La provincia queda habilitada a otorgar concesiones a privados e instalar cabinas de peaje para financiar la conservación de las rutas.

• Efecto dominó en los servicios: El traslado del Tren del Valle (tramo Neuquén Capital - Plottier) fuerza a la provincia a asumir costos operativos que la Nación decidió liquidar de su presupuesto.

• Desigualdad territorial: El financiamiento deja de ser federal y pasa a depender de la capacidad de pago del usuario local o de la rentabilidad del corredor.

El peligroso precedente del "autogobierno" de la infraestructura

El traspaso tramo por tramo de las rutas 22 y 151 expone el peligroso vaciamiento del Estado centralizador. Cuando la Nación se desentiende de sus corredores de transporte y le traslada las tareas a las provincias bajo la premisa de concesionarlas al capital privado, se fractura la noción de red federal.

El acuerdo celebrado entre Balcarce 50 y la Casa de Gobierno rionegrina marca una pauta de gobierno clara: el retiro definitivo de la inversión pública y la transformación de las garantías constitucionales en negocios de ventanilla para unos pocos.