Bajo el dogma del "no hay plata", el gobierno de Javier Milei montó una cruzada implacable contra el Hospital Pediátrico Garrahan. Sin embargo, la excusa del déficit cero se derrumbó por completo en los estrados judiciales.

Tras dos años de cerrojo informativo y negativas sistemáticas, la acción de amparo presentada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) obligó a la intervención libertaria a entregar los estados contables al 31 de diciembre de 2025 en el expediente 23618/2026.

La lectura de la documentación oficial expone una realidad demoledora: mientras a los médicos se les congelan los salarios y faltan insumos oncológicos básicos, la conducción impuesta por el Poder Ejecutivo colocó $58.107 millones de pesos en bonos financieros del Estado que vencen en 2038. No faltan recursos; sobra especulación financiera a costa de la vida de los chicos.

Especulación sobre la salud infantil: Mientras el aporte nacional al Garrahan cayó un 37% en términos reales durante 2025, la intervención incrementó en $4.691 millones la compra de Bonos Par Step Up 2038. El Estado le resta fondos a los quirófanos para timbearlos en el mercado de deuda a trece años.

El "superávit" trucho y el recorte del 37%

El argumento estelar de la Vocería Presidencial sostiene que en el Garrahan "sobra la plata" porque el balance arrojó un superávit contable de 16.652 millones de pesos.

Lo que ocultan es que esa cifra no responde a una gestión eficiente de los recursos de salud, sino al rendimiento nominal del ajuste por inflación y las ganancias financieras generadas por los bonos de deuda pública retenidos por el propio hospital.

Mientras celebran números dibujados en un papel, las transferencias reales de la Nación cayeron estrepitosamente de 304.627 millones en 2024 a 252.077 millones en 2025. Con una inflación registrada del 31,55%, el recorte efectivo impuesto por la administración central alcanzó un salvaje 37%, certificado por la propia presidenta del Consejo de Administración nombrada por el Ejecutivo, Mariel Sánchez.

Compras a dedo, seguridad privada y contratos de sombras

El análisis de las contrataciones revela una matriz de discrecionalidad absoluta donde las licitaciones públicas brillan por su ausencia y las excepciones se convirtieron en la regla para favorecer a proveedores amigos.

• Urgencias truchas para evadir controles: Se registraron adjudicaciones directas por "urgencia" para la compra de material descartable y medicamentos previsibles, repitiendo sistemáticamente a la firma EGLIS S.A. Incluso se autorizó una "urgencia" el 23 de diciembre con plazo de entrega a tres meses, demostrando el uso de la figura legal como una vía expedita para la compra a dedo.

• Gasto récord en represión y vigilancia: El contrato individual más elevado del hospital no fue para remedios ni aparatología, sino para la firma ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., que cobró la exorbitante suma de $13.234 millones de pesos por nueve meses. En enero de 2026, sumaron a la Policía de la Ciudad por $377 millones para intimidar a los trabajadores en huelga.

• Irregularidades con proveedores insólitos: El sistema crítico de diagnóstico por imágenes (RIS-PACS) le pagó $47,6 millones a la "Sucesión de Zelarayan Carlos Ricardo", fraccionando la factura en dos pagos idénticos de $23,8 millones para saltearse los mecanismos de fiscalización obligatorios.

• Mano de obra precarizada y nombramientos a oscuras: Existen 127 contratos de locación de servicio sin nómina visible mientras el rubro honorarios subió un 25%. A la par, se nombraron trece directivos sin carrera hospitalaria y designaron como auditora interna a una funcionaria puesta por la misma conducción a la que debe controlar, sumado al desembarco sin registro transparente de Candelaria Perelli, operadora de comunicación vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.

Inconsistencias contables y $95.000 millones que no cierran

La confesa falta de integración entre el sistema contable y el presupuestario (admitida formalmente en la Nota 11 del balance) es la excusa utilizada por el Estado para bloquear la rendición de cuentas.

Sin embargo, los números del expediente judicial exponen graves discrepancias: el Gobierno declaró ante el juez de la causa un presupuesto total de 220.000 millones de pesos, pero el balance firmado por los contadores del hospital certificó subvenciones por 315.096 millones. Hay 95.000 millones de pesos perdidos en el aire entre lo que se le dijo a la Justicia y lo que realmente ingresó.

A este agujero negro se le suman 244 millones de pesos etiquetados como "gastos de importación" sin proveedor adjudicado, deudas con el exterior por 1.537 millones sin identificación de acreedores y la pérdida de 3.822 millones en remedios oncológicos no devueltos.

El plan del Gobierno nacional respecto del Garrahan es cristalino: tras el veto por Decreto 651/2025 a la Ley de Emergencia Pediátrica, la persecución disciplinaria contra 44 profesionales de la salud y el cierre del jardín maternal del predio, la Casa Rosada busca ahogar financieramente al hospital de alta complejidad para justificar su desguace, utilizando los fondos de la salud infantil como caja para sostener el dibujo macroeconómico.