La reconstrucción del aparato de inteligencia estatal bajo la administración de Javier Milei no responde a la neutralización de amenazas internacionales ni al combate del crimen organizado.

Por el contrario, se consolidó como una caja negra multimillonaria, dotada de recursos secretos y facultades extraordinarias en medio de un discurso oficial de severidad presupuestaria.

El reciente paso del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, dejó al desnudo el nivel de opacidad del área.

Acompañado por la plana mayor del organismo, el funcionario esquivó respuestas sobre el Plan Nacional de Inteligencia, la multiplicación de fondos reservados y la persecución discursiva a opositores, periodistas y economistas.

La paradoja de la motosierra: Mientras el Gobierno recortó partidas de salud, educación y jubilaciones bajo el lema de que "no hay plata", la estructura de inteligencia recibió mediante decretos de necesidad y urgencia una inyección superior a los $150.000 millones de pesos, de los cuales gran parte corresponde a fondos secretos fuera del alcance del ojo público.

La reestructuración del espionaje y la multiplicación de la caja

La metamorfosis institucional comenzó con la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) mediante el DNU 614/2024, dando nacimiento a la nueva SIDE bajo la órbita directa de Presidencia. No obstante, el andamiaje definitivo se selló con el DNU 941/2025, vigente desde enero de 2026, el cual centralizó bajo el mando de Auguadra al Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General.

A la par de la reestructuración orgánica, el financiamiento del aparato de espionaje experimentó saltos exponenciales. En julio de 2026, mediante el DNU 594/2026, la Casa Rosada amplió en $49.261 millones de pesos el presupuesto del programa de Información e Inteligencia, sumando además $7.466 millones adicionales para gastos reservados.

Los puntos más oscuros de la nueva SIDE libertaria

• Blindaje y salarios de privilegio: Se reglamentaron aumentos salariales y compensaciones específicas para el personal civil de inteligencia de hasta un 68% de la dotación, manteniendo en secreto identidades, funciones y giros de dinero.

• Facultades policiales a espías: El DNU 941/2025 habilitó de manera excepcional a los agentes de inteligencia a intervenir en situaciones de flagrancia, desdibujando la frontera legal entre el espionaje y las fuerzas de seguridad.

• Persecución a voces críticas: El Plan Nacional de Inteligencia elaborado bajo la gestión previa de Sergio Neiffert incluyó la vigilancia de actores capaces de "erosionar" la confianza pública, apuntando directamente a la prensa y analistas económicos.

• Interna feroz por el control: La agencia es el escenario de disputas entre la secretaria General Karina Milei (que controla la comisión parlamentaria vía Sebastián Pareja) y el asesor Santiago Caputo, quien retiene influencia sobre la conducción de Auguadra.

• Operaciones cruzadas y vigilancia ilegal: La investigación sobre la "operación pendrive" y el montaje de cámaras en edificios linderos a la sede de la AFA situó a la cúpula de la SIDE cerca de maniobras de espionaje interno sin orden judicial.

Un interrogatorio en el Congreso con 121 preguntas sin respuesta

En su comparecencia a puertas cerradas ante la Bicameral de Inteligencia, la conducción de la SIDE debió enfrentar un cuestionario de 121 preguntas elevado por legisladores de la oposición. La falta de precisiones sobre el destino final de los partidas secretas y las inconsistencias operativas ratificaron que el secreto de Estado opera como una zona de opacidad para eludir el control democrático.

La utilización de los organismos de inteligencia como herramienta de vigilancia política representa un retroceso institucional gravísimo. Al transformar a la SIDE en un brazo financiero y operativo al servicio del Poder Ejecutivo, el gobierno de Javier Milei rompió los límites de la Ley de Inteligencia Nacional para perseguir la disidencia interna bajo el amparo de los fondos públicos.