Para entender qué es Mafissa hay que olvidarse por un rato de la fábrica de fibras y geotextiles que hoy aparece en las páginas comerciales de la empresa.

La historia comienza en 1959, cuando Jorge Curi fundó en Lisandro Olmos la empresa Petroquímica Sudamericana. La planta comenzó fabricando hilados y fibras de poliéster y poliamida y rápidamente se convirtió en una pieza importante de la industria textil argentina.

No era una pyme perdida en el cordón oeste platense. En 1971, la planta llegó a tener aproximadamente 1.500 trabajadores. La magnitud de esa cifra permite entender lo que significaba la fábrica para Olmos y para toda la región: una verdadera ciudad industrial dentro de esa localidad platense.

En 1968 ocurrió un movimiento societario importante: la multinacional holandesa AKZO adquirió el 40% de las acciones. En 1980 esas acciones pasaron nuevamente a manos de accionistas locales.

La empresa, además, tuvo una particularidad tecnológica: entre 1971 y 1978 funcionó allí una planta de producción de dimetil tereftalato —DMT—, materia prima utilizada para producir poliéster.

Pero la historia de Petroquímica Sudamericana no puede separarse de la historia del movimiento obrero platense. Y ahí empieza la parte más oscura.

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El conflicto obrero que los dueños nunca pudieron borrar

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La fábrica tuvo desde sus primeros años una fuerte organización sindical. En 1971 se produjo una de las grandes huelgas de la empresa. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales y laborales. El conflicto terminó con el despido de quienes integraban la comisión interna. La explicación empresarial de aquellos años hablaba de problemas laborales. Los documentos de inteligencia de la Policía Bonaerense cuentan otra historia.

La Comisión Provincial por la Memoria conserva una colección específica de documentación de la DIPPBA sobre Petroquímica Sudamericana, Hilandería Olmos y Mafissa. Son tres legajos que reúnen 453 fojas digitales, correspondientes a documentación producida entre 1963 y 1989.

Allí aparecen informes de inteligencia sobre asambleas, protestas, conflictos gremiales, volantes y comunicaciones empresarias. Es decir: la historia represiva de la planta no surge solamente de un relato sindical contemporáneo. Está en los archivos del Estado.

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La fábrica y la inteligencia policial

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Uno de los documentos más comprometedores es un informe de mayo de 1970. Según la documentación reconstruida por investigaciones académicas y periodísticas, Jorge Curi había establecido contacto con la inteligencia de la Policía Bonaerense para identificar a trabajadores considerados conflictivos.

El objetivo era incorporar dentro de la fábrica a personas que pudieran detectar a los trabajadores señalados como "disolventes" o integrantes de una supuesta "célula de orientación izquierdista".

La documentación es particularmente significativa porque no proviene de un relato posterior: se trata de informes policiales recuperados de los archivos de inteligencia. La empresa, según ese documento, pretendía que se incorporaran tres hombres que cobrarían salario de la propia firma para realizar tareas de identificación e inteligencia dentro de la planta.

Dicho en castellano simple: la patronal no quería solamente saber quién trabajaba bien o mal. Quería saber quién militaba, quién organizaba y quién podía convertirse en un problema gremial. Y para eso recurrió a la estructura de inteligencia policial.

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1975: la ocupación, el lockout y la intervención

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El conflicto volvió a escalar en 1975. Los trabajadores ocuparon la planta en medio de una disputa que se extendió durante meses. La organización obrera llegó incluso a decidir que la fábrica continuara produciendo bajo control de los propios trabajadores.

La respuesta fue la intervención estatal. La planta fue intervenida a fines de 1975 y permaneció bajo administración intervenida hasta 1976. Después del golpe militar, fue devuelta a sus propietarios.

El dato es políticamente brutal. La empresa venía de un conflicto laboral profundo. La organización obrera había demostrado capacidad para poner la planta en funcionamiento. Y, después del golpe, el establecimiento volvió a manos de sus propietarios.

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Jorge Curi padre y el libro que dejó escrito

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Hay otro documento que resulta imposible ignorar. En 1977, Jorge Curi publicó un libro titulado “Arriba Argentina”. El contenido no fue reconstruido a partir de rumores. Fue publicado y analizado posteriormente por investigaciones periodísticas y académicas.

• Página 124: aparece citada con el pasaje referido al golpe del 24 de marzo de 1976 y a la intervención de las Fuerzas Armadas.
• Página 432: aparece citada con el texto sobre la supuesta derrota de la “subversión” y la emigración de sus integrantes.
• Página 441: aparece vinculada al pasaje en el que Curi afirma que la Empresa Olmos debía otorgar un “amplio voto de confianza” al nuevo gobierno militar.

Curi defendía abiertamente el golpe de Estado y utilizaba el lenguaje de la dictadura para justificar la intervención militar y la persecución contra lo que los represores denominaban "subversión". Página/12 reprodujo fragmentos del libro en los que Curi celebraba la intervención militar del 24 de marzo de 1976 y sostenía el discurso oficial de la dictadura sobre los desaparecidos.

No es una interpretación editorial de Primera Página. Es algo mucho más incómodo: lo escribió el propio empresario.

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Los trabajadores desaparecidos

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La dimensión más grave de esta historia aparece durante la dictadura. Distintas investigaciones reconstruyeron que trabajadores vinculados a Petroquímica Sudamericana fueron secuestrados y desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

El número exacto varía según la fuente y el criterio utilizado. Organizaciones vinculadas a los trabajadores hablan de 15 desaparecidos. El estudio de FLACSO sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad utiliza una reconstrucción más amplia y analiza las víctimas vinculadas laboralmente con la compañía, describiendo secuestros ocurridos incluso dentro o alrededor de la planta y el papel de personal jerárquico y de seguridad.

Uno de los nombres que aparece en las investigaciones es Néstor Alfredo Cortez. Su madre, Hilda Casas de Cortez, declaró ante el Juicio por la Verdad en el año 2000 que a Curi le molestaban las inquietudes de su hijo y que en determinado momento lo hicieron llamar desde la fábrica. Después no volvió.

También aparece en las investigaciones el jefe de vigilancia de la empresa, Andrés Avelino Pinelli, un suboficial de la Policía Bonaerense cuya participación en determinados secuestros fue denunciada por testigos.

Hay que ser precisos en este punto. El informe académico de FLACSO señala que, al momento de su cierre, no existía una causa judicial que hubiera investigado la complicidad empresaria de Petroquímica Sudamericana en esos crímenes.

Esto no significa que los documentos no existan. Significa que una cosa es la evidencia histórica acumulada y otra una condena penal. Y precisamente por eso el tema sigue siendo tan incómodo.

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La Masacre de La Plata y la fábrica

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La historia de Petroquímica Sudamericana también quedó ligada a uno de los episodios más sangrientos de la violencia paraestatal previa al golpe. En septiembre de 1975, trabajadores de la planta se encontraban en conflicto y habían ocupado el establecimiento.

El 4 de septiembre, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores se dirigieron hacia la fábrica para llevar dinero recaudado para el fondo de huelga. Nunca llegaron. Cinco fueron secuestrados y asesinados. Al día siguiente fueron asesinados otros tres militantes. El episodio pasó a la historia como la Masacre de La Plata.

Entre las víctimas estuvieron Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini, Oscar Lucatti, Dicky Povedano y Patricia Claverie, según las reconstrucciones históricas consultadas.

No eran trabajadores de la fábrica todos ellos. Pero fueron asesinados mientras se dirigían a solidarizarse con los trabajadores de Petroquímica Sudamericana. Y eso convierte a la fábrica en un escenario central de aquella historia.

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1983: cambia el nombre, no la propiedad

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En 1983 la sociedad pasó a llamarse Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. —MAFISSA—. La continuidad empresarial resulta relevante. No estamos ante una fábrica que cerró y fue comprada décadas después por otra familia. La documentación histórica y societaria permite reconstruir una continuidad del núcleo propietario Curi durante buena parte de la historia de la compañía.

Por eso, cuando se habla de "la vieja Petroquímica", no se está hablando simplemente de una empresa desaparecida. Se está hablando del pasado de la misma estructura empresarial que luego pasó a llamarse Mafissa.

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Los Curi: una familia que atravesó generaciones

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La figura central durante décadas fue Jorge Emilio Curi. Los registros societarios muestran que ocupó la presidencia de Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. durante distintos períodos.

En 2017, por ejemplo, el Boletín Oficial registró a Jorge Emilio Curi como presidente, a Juan José Bertodato como director titular y a Jorge Ignacio Curi como director suplente.

En 2018 volvió a figurar como presidente, acompañado por Osvaldo Néstor Volosin como director titular.

Y en 2021 los registros societarios volvieron a consignar a Curi como accionista ampliamente mayoritario: 279.101.902 acciones, frente a 8.632.018 de Mariana Matilde Strauss.

La fotografía cambió posteriormente. Pero el apellido Curi no desapareció.

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La segunda gran batalla: 2006-2008

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La historia moderna de Mafissa vuelve a explotar después de 2005. Los trabajadores comenzaron a recuperar organización sindical desde las bases y en 2006 lograron una comisión interna combativa que dejó de responder a la conducción tradicional de la Asociación Obrera Textil.

En 2007 se produjo el llamado conflicto de los 42 días. Los trabajadores reclamaban aumentos salariales, efectivización de contratados y mejores condiciones laborales. La organización desde abajo comenzó a obtener conquistas. Y entonces llegó la respuesta patronal.

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103 despidos y el comienzo del lockout

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El 26 de noviembre de 2007, Jorge Curi hijo despidió a 103 trabajadores. El conflicto escaló rápidamente. La empresa redujo la producción, apagó áreas, otorgó vacaciones compulsivas y finalmente avanzó con un lockout.

Un documento contemporáneo de La Verdad Obrera describió el proceso: primero los 103 despidos, después vacaciones compulsivas y finalmente la suspensión de alrededor de 550 trabajadores sin goce de haberes.

Los trabajadores comenzaron un acampe en la puerta. La protesta duró aproximadamente 80 días. Después, algunos decidieron permanecer dentro de la fábrica.

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Cuando una fábrica de Olmos terminó rodeada por cientos de policías

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Acá aparece uno de los episodios más brutales de la historia reciente de Mafissa. En abril de 2008 se produjo el desalojo de los trabajadores. Las fuentes periodísticas de la época registraron un operativo policial de una magnitud extraordinaria.

Intervinieron Infantería, Gendarmería, Policía Federal y otras fuerzas. Las fuentes vinculadas a los trabajadores hablaron de 700 efectivos. El operativo incluyó Gendarmería, Infantería y helicópteros. El resultado fue la detención de 18 trabajadores.

Los obreros fueron imputados penalmente por hechos vinculados a la ocupación y resistencia dentro de la planta. El episodio dejó una imagen difícil de olvidar: cientos de efectivos estatales movilizados alrededor de una fábrica para desalojar a un pequeño grupo de trabajadores que resistía despidos.

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El Estado también tiene una historia que explicar

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No alcanza con mirar a la empresa. También hay que mirar al Estado. Durante aquel conflicto, los trabajadores denunciaron una larga inacción del Ministerio de Trabajo bonaerense frente al lockout.

En un comunicado de febrero de 2008 sostuvieron que habían transcurrido alrededor de 80 días sin una respuesta efectiva. La Justicia laboral, por su parte, llegó a ordenar medidas que obligaban a la empresa a reincorporar trabajadores y pagar salarios caídos.

Sin embargo, el conflicto terminó con el desalojo policial. Una medida cautelar había ordenado el cumplimiento de la conciliación obligatoria, la reincorporación del personal y el pago de salarios caídos, pero posteriormente se produjo el operativo policial.

La secuencia merece una pregunta que todavía tiene sentido: ¿Qué Estado estaba ausente cuando había que controlar a la empresa y qué Estado apareció inmediatamente cuando hubo que desalojar a los trabajadores?

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Los 18 trabajadores criminalizados

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La historia no terminó con el desalojo. Los trabajadores fueron sometidos a procesos penales. En 2010 todavía seguían enfrentando acusaciones de usurpación, coacción agravada y daño calificado.

La protesta laboral se había transformado en expediente penal. La patronal reclamaba recuperar la planta. Los trabajadores reclamaban sus puestos. Y la Justicia penal terminó teniendo en sus manos a los obreros.

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2016: la Justicia le pega donde más duele

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Ocho años después apareció una resolución judicial de enorme importancia. El Tribunal del Trabajo N.º 2 de La Plata condenó a Mafissa por el despido discriminatorio y antisindical de Marcos Rosales. La sentencia estableció que Rosales había tenido un rol relevante en la organización de los trabajadores y que su despido se produjo dentro del conflicto colectivo.

Pero hay algo todavía más importante. La sentencia no se limitó a hablar de un despido común. El tribunal consideró acreditada una práctica de contratación ilegal de trabajadores eventuales para tareas ordinarias, precisamente uno de los puntos que había originado el reclamo sindical.

El tribunal ordenó indemnización por daño moral y aplicó una sanción por temeridad y malicia. En otras palabras: la Justicia laboral no describió simplemente una diferencia entre empleado y empleador. Encontró una conducta empresarial que consideró discriminatoria, antisindical y temeraria.

La Suprema Corte bonaerense intervino posteriormente sobre el expediente, en un proceso iniciado por la empresa contra aquella sentencia. La referencia jurisprudencial confirma que el caso llegó a la instancia extraordinaria provincial.

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2018: despidos masivos y un incendio gigantesco

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Una década después de la gran batalla obrera de 2007-2008, Mafissa volvió a estar en el centro de la escena. En abril de 2018, la Asociación Obrera Textil denunció:

• 313 despidos
• más de 3.000 suspensiones
• trabajadores contratados cesanteados
• reubicaciones
• caída de la producción.

La información fue publicada por Agencia Paco Urondo y atribuida a dirigentes de la AOT. El conflicto se produjo en un contexto de apertura de importaciones y caída del poder adquisitivo.

Pero hay un dato que vuelve a aparecer: los trabajadores denunciaron que la empresa había anunciado importantes inversiones y que esas inversiones finalmente no se habían concretado en los términos prometidos.

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Y entonces apareció el fuego

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El lunes 19 de marzo de 2018 un enorme incendio afectó la planta. Las llamas podían observarse desde distintos puntos lejanos de la Región. Trabajaron alrededor de 25 dotaciones de bomberos.

No hubo víctimas fatales en ese incendio. Pero el humo fue tan intenso que generó alarma entre los vecinos. Y ahí apareció otra discusión que merece ser recuperada.

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¿El humo era tóxico?

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Después del incendio de 2018, la Municipalidad de La Plata difundió información según la cual el material particulado de la zona no sería tóxico. El problema es que científicos de la Universidad Nacional de La Plata cuestionaron duramente esa afirmación.

El doctor Andrés Porta, director del Centro de Investigaciones Medioambientales, sostuvo que afirmar que el material particulado no era tóxico sin estudios suficientes era irresponsable y temerario.

La advertencia científica fue concreta: para determinar el riesgo había que conocer la composición del material, contar con datos locales y trabajar con especialistas.

Esto revela otra falla estructural: el problema ambiental no empieza cuando aparece una multa. Empieza cuando un incendio industrial obliga a una ciudad entera a preguntarse qué está respirando.

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El salto hacia los geosintéticos

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Después de aquel incendio la empresa fue modificando su perfil productivo. Mafissa comenzó a concentrarse cada vez más en geotextiles y geosintéticos.

En 2016, la empresa anunciaba inversiones y una nueva planta de hilatura de poliéster. Ignacio Curi, presentado entonces como director de la compañía, hablaba de una inversión vinculada a tecnología alemana.

La empresa también afirmaba haber reciclado 35 millones de botellas de plástico en un año y proyectaba elevar la cifra a 50 millones.

Es importante consignarlo porque la investigación no puede convertirse en una acusación unilateral: Mafissa también desarrolló inversiones, exportaciones, innovación tecnológica y líneas de productos que hoy tienen presencia regional.

Su propia página actual señala que fabrica geotextiles, geomembranas y otros geosintéticos para infraestructura, minería, agro y proyectos ambientales. Y justamente ahí aparece una de las contradicciones más interesantes de toda esta historia.

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Una empresa que vende soluciones ambientales, fue clausurada por problemas ambientales

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La Mafissa actual vende productos destinados, entre otras cosas, a:

• impermeabilización;
• control de filtraciones;
• gestión ambiental;
• protección de geomembranas;
• minería;
• infraestructura hidráulica;
• encapsulado de residuos.

Pero en enero de 2023 el Ministerio de Ambiente bonaerense dispuso la clausura preventiva total de la planta. Y esta vez no fue una denuncia sindical. Fue un acto administrativo oficial.

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Enero de 2023: el incendio que abrió la caja ambiental

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El incendio ocurrió el domingo 8 de enero de 2023. Once días después, el 19 de enero, inspectores de la autoridad ambiental bonaerense realizaron una fiscalización integral.

La conclusión fue contundente: se constató un “grave peligro de daño inminente para los trabajadores, la población y el ambiente” y se dispuso la clausura preventiva total.

La resolución oficial permite reconstruir qué encontraron los inspectores. Y ahí la historia se pone mucho más seria.

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Residuos del incendio sin retirar

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Los inspectores encontraron que el material producido por el incendio todavía no había sido removido ni dispuesto correctamente. Además, una retroexcavadora estaba moviendo materiales cuya procedencia y composición la empresa no pudo acreditar.

Por sus características, los inspectores infirieron que podía tratarse de residuo especial, sujeto a la Ley provincial 11.720.

No es una cuestión menor. Estamos hablando de una autoridad ambiental provincial diciendo que no podía determinarse con claridad qué era parte del material almacenado en el predio.

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Tambores con hidrocarburos y líquidos sin identificar

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Durante la inspección también se encontraron tambores de 200 litros que contenían hidrocarburos y otros residuos líquidos sin identificar. Además, se encontraron bidones rotulados como “aceite de trafo”, tambores vacíos y recipientes con líquidos sin identificación.

Eso figura en un documento oficial. No en una denuncia de un ex trabajador. No en un volante sindical. En una disposición del Ministerio de Ambiente bonaerense.

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Cien bolsones de un metro cúbico de material combustible

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Este es probablemente uno de los datos más importantes de toda la investigación ambiental. Los inspectores encontraron al menos 100 bolsones de aproximadamente un metro cúbico cada uno conteniendo un residuo generado por la producción de geotextiles: los llamados "orillos".

El propio informe oficial dice que ese material era combustible. Y agrega que la empresa no había acreditado contar con capacidad extintora suficiente para ese volumen de material.

Esto cambia la lectura del incendio. Ya no estamos solamente ante "un incendio industrial". La autoridad ambiental constató un sistema de acopio de residuos combustibles que consideró suficientemente grave como para justificar una clausura preventiva.

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El incendio ocurrió precisamente en un sector de acopio de residuos

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La resolución oficial vincula directamente el incendio con el sector donde se encontraban almacenados residuos y materiales.

La inspección posterior encontró materiales quemados sin gestionar y residuos acumulados en distintos sectores del predio. Por eso la clausura no fue una reacción meramente burocrática.

La autoridad ambiental aplicó el principio preventivo frente a lo que consideró un riesgo para: trabajadores + población + ambiente.

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Tres pulmones de aire clausurados

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El expediente ambiental contiene otro dato que merece atención. El lunes 9 de enero de 2023 se dispuso una clausura preventiva parcial sobre tres pulmones de aire comprimido de 300 litros.

Uno no tenía placa identificatoria. Otro tenía una etiqueta de Air Products. El tercero era marca Hernández Hermanos y databa de 2012.

La clausura se produjo precisamente porque la autoridad consideró que existía peligro de daño inminente. Posteriormente, la empresa presentó documentación sobre ensayos realizados por un profesional registrado y la autoridad terminó levantando esa clausura específica.

Esto es importante: no todo lo observado terminó constituyendo una irregularidad permanente. Hubo adecuaciones y controles que permitieron levantar determinadas medidas.

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La Provincia clausuró y después permitió funcionar bajo nuevas  condiciones

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El lunes 6 de febrero de 2023 la Provincia convalidó la clausura preventiva total. Pero autorizó el funcionamiento durante 30 días bajo determinadas condiciones.

La empresa debía continuar con:

• limpieza;
• desmalezamiento;
• traslado de residuos;
• gestión de materiales quemados;
• reorganización del predio;
• presentación periódica de avances.

Esto también es importante para entender el rol del Estado. La respuesta estatal no fue simplemente "cerrar y listo". Fue: clausurar, intimar, fiscalizar, permitir adecuaciones y volver a inspeccionar. El problema es que hubo que llegar a una clausura para que muchas de esas tareas se aceleraran.

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La clausura fue levantada, pero no porque no hubiera pasado nada

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La clausura total fue posteriormente levantada. La autoridad ambiental constató avances en la limpieza, retiro de residuos industriales, clasificación de residuos especiales y preparación del material afectado por el incendio para su gestión externa. Pero el levantamiento vino acompañado de obligaciones.

La empresa debía continuar:

1. retirando residuos especiales y no especiales;
2. gestionando los residuos quemados;
3. reprocesando los residuos de "orillos";
4. informando sobre transformadores y procesos de descontaminación.

Por lo tanto, sería incorrecto escribir que "Mafissa fue clausurada por contaminar y después la Provincia descubrió que no pasaba nada".

No. La Provincia la clausuró por un riesgo ambiental grave y posteriormente levantó la medida luego de constatar avances y bajo obligaciones concretas. La diferencia es sustancial.

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2023: la muerte de Pablo Agustín Gutiérrez

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Apenas unos meses después apareció otra tragedia. El viernes 6 de octubre de 2023 murió Pablo Agustín Gutiérrez, de 25 años. Trabajaba en la planta y sufrió un accidente mientras conducía un autoelevador. La máquina se desestabilizó durante una maniobra y volcó. Gutiérrez cayó y sufrió un golpe fatal contra el pavimento.

La causa fue caratulada inicialmente como “muerte por accidente”. Intervino la Justicia de La Plata. Y es importante remarcarlo: las primeras informaciones no permiten atribuir automáticamente responsabilidad penal a la empresa.

Eso debe establecerlo una investigación judicial. Pero existe otro elemento que sí fue denunciado por trabajadores y recogido por medios especializados.

La Izquierda Diario publicó que Gutiérrez trabajaba para una empresa tercerizada y que compañeros denunciaron que había sido destinado a manejar un autoelevador sin contar, según ellos, con la preparación necesaria.

Eso convierte el episodio en algo que merece ser investigado en términos de seguridad laboral y tercerización.

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La muerte de Pablo no fue el último accidente

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El jueves 15 de febrero de 2024 otro trabajador sufrió un accidente dentro de la planta. Tenía 32 años y sufrió un corte profundo en la mano derecha. Fue trasladado a un centro especializado. Los primeros informes indicaron que podría haber sufrido una lesión grave en los dedos.

Lo llamativo es otro dato: según fuentes policiales, no hubo denuncia del trabajador y la situación se resolvió puertas adentro. Una frase que debería hacer ruido. Porque en cualquier investigación seria sobre seguridad laboral hay que preguntarse: ¿Cuántos accidentes quedan fuera de las estadísticas porque se resuelven dentro de la empresa?

No tenemos evidencia para afirmar cuántos. Pero el caso demuestra que existe un universo de incidentes que no necesariamente termina en una denuncia penal o en una noticia.

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2025: el golpe comando

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En junio de 2025, siete delincuentes ingresaron durante la madrugada a la planta. Redujeron al personal de seguridad y llegaron al sector administrativo. Se llevaron dos cajas fuertes con aproximadamente $3 millones y el DVR de las cámaras de seguridad.

No es un hecho imputable a la empresa como conducta empresarial. Pero forma parte de la historia reciente del establecimiento. Y demuestra que la enorme planta industrial de 44 entre 184 y 185 continúa siendo un punto de importancia económica y logística en Olmos.

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2026: Mafissa sigue funcionando y cambió de negocio

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La Mafissa de hoy ya no es exactamente la fábrica de fibras de los años 70. Su página oficial la presenta como una empresa especializada en geosintéticos, con presencia en Argentina y Chile y exportaciones hacia Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Costa Rica y otros mercados.

La compañía declara proyectos vinculados con empresas mineras como:

• Codelco;
• SQM;
• Albemarle;
• BHP;
• Barrick;
• Ganfeng;
• Zijin;
• Río Tinto;
• Posco.

Es decir: la vieja hilandería de Olmos terminó reconvirtiéndose en un proveedor tecnológico para una industria minera cada vez más importante. Y esto introduce una nueva dimensión para investigar: el negocio del litio.

La propia empresa dice que sus geotextiles y geomembranas se utilizan en proyectos mineros y ambientales, y que tiene una capacidad de producción de geotextiles de hasta 50 millones de metros cuadrados anuales.

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¿Quiénes son hoy los dueños?

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Acá aparece una de las novedades societarias más importantes de toda la investigación. En septiembre de 2025 la empresa aumentó su capital social a $564.275.141.

La nueva composición accionaria registrada fue:

• Jorge Emilio Curi: 258.960.528 acciones;
• Mariana Matilde Catalina Strauss: 28.773.392 acciones;
• Matías Montefiore: 276.541.221 acciones.

Esto significa que la estructura accionaria cambió sustancialmente. Jorge Emilio Curi dejó de tener el control prácticamente absoluto que aparecía en el registro de 2021. Ahora aparece un nuevo accionista de peso: Matías Montefiore.

La suma de sus acciones representa prácticamente la mitad del capital informado después del aumento. No es un detalle. Es un cambio importante en la estructura de poder de Mafissa.

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Y también cambió el directorio

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En 2024 el Boletín Oficial había registrado como presidente a Osvaldo Néstor Volosin y como director titular a Gerardo Demetrio Strok. Pero en 2026 hubo una nueva modificación. Según el aviso societario publicado en julio de 2026, la asamblea del viernes 20 de marzo de 2026 aceptó la renuncia de Volosin como presidente, además de las renuncias de los síndicos, y se reorganizó el directorio.

El nuevo esquema quedó así:

• Gerardo Demetrio Strok — presidente
• Matías Montefiore — vicepresidente
• Osvaldo Néstor Volosin — director suplente.

Además, la sociedad decidió prescindir de la sindicatura. Eso también merece seguimiento periodístico.

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Los nombres que aparecen en la historia societaria

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Si se quiere hacer un seguimiento serio de Mafissa, estos son los nombres que aparecen documentados en registros públicos y fuentes históricas:

Familia y accionistas

Jorge Curi
Fundador de Petroquímica Sudamericana en 1959.

Jorge Emilio Curi
Principal accionista y presidente durante distintos períodos. Fue presidente durante buena parte de la etapa moderna de Mafissa.

Jorge Ignacio Curi
Aparece como integrante del directorio y director suplente en registros societarios.

Mariana Matilde Catalina Strauss
Accionista de Mafissa. En 2025 figuraba con 28.773.392 acciones.

Matías Montefiore
Nuevo accionista de enorme peso desde el aumento de capital de 2025 y actualmente vicepresidente del directorio.
 

Directivos y funcionarios empresariales documentados

Osvaldo Néstor Volosin
Presidente entre 2021 y 2026 y actualmente director suplente.

Gerardo Demetrio Strok
Director durante distintos períodos y actualmente presidente.

Juan José Bertodato
Director titular en períodos anteriores.

Ricardo González
Gerente de Recursos Humanos durante el conflicto de 2007-2008.

Martín Borgognoni
Registrado como gerente administrativo-financiero en documentación sectorial de la empresa.

Ignacio Curi
Presentado como gerente general/directivo en documentación sectorial y como director de Mafissa en publicaciones empresariales.

Verónica Fernández, Carlos Gustavo Grinszpun, Eduardo Guillermo Fernández, Dora Elena Santillán, Antonella Betsabé Soledad Petruzzella y otros nombres aparecen en distintos registros societarios de la compañía.

No todos tuvieron el mismo nivel de responsabilidad ni aparecen vinculados a los mismos períodos. Por eso no sería serio meterlos a todos en una misma acusación.

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Los beneficios del Estado: cuando el negocio privado se sostiene con plata pública

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