La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina para el mes de noviembre generó una intensa disputa de poder y control político en el entorno del Poder Ejecutivo Nacional.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabeza la pretensión de concentrar la logística global y la conducción política del operativo, situación que encendió las alarmas y las prevenciones en los gabinetes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

​El despliegue, proyectado para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre, contempla convocatorias multitudinarias en distritos de alta densidad como Luján, CABA y Córdoba.

A pesar de que el Gobierno nacional publicitó reuniones interjurisdiccionales donde participaron ministros y funcionarios como Carlos Bianco (PBA), Gabriel Sánchez Zinny (CABA) y Manuel Calvo (Córdoba), en las administraciones subnacionales prima la preocupación de quedar reducidos a meros ejecutores de los lineamientos fijados de forma unilateral desde Balcarce 50

Tensión por las responsabilidades operativas

​El cortocircuito político se agudiza ante la magnitud del operativo de seguridad, atención sanitaria, ordenamiento de tránsito y evacuación que demandará la presencia del Pontífice.

Las versiones sobre la delegación de responsabilidades logísticas en colaboradores del círculo íntimo de la Secretaría General provocaron objeciones en los equipos técnicos provinciales y porteños, que recuerdan que la contención de millones de personas requerirá la articulación directa de las fuerzas de seguridad locales y las estructuras de emergencia de cada distrito.

​Escenarios icónicos como la Basílica de Luján en territorio bonaerense o el Monumento a los Españoles en la Capital Federal exigirán cierres de accesos y una coordinación presupuestaria precisa.

Mientras las delegaciones enviadas por la Santa Sede avanzan con las inspecciones de factibilidad técnica para cerrar el cronograma definitivo hacia mediados de septiembre, las provincias e intendencias reclaman una mesa compartida con poder de decisión real sobre el desarrollo de los actos oficiales..