El municipio de Bahía Blanca se encuentra bajo la lupa judicial y política tras destaparse un presunto esquema de canalización millonaria de fondos públicos hacia medios de comunicación, una maniobra que analistas y opositores califican en potencial como un mecanismo sistemático de compra de silencio y blindaje mediático para la administración de Federico Susbielles.

De acuerdo con los expedientes examinados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, la gestión comunal habría validado pagos multimillonarios en concepto de publicidad oficial y servicios de difusión en radio, televisión, medios digitales y prensa gráfica eludiendo los circuitos legales de compras, sin órdenes de contratación previas o con documentación fraguada de manera extemporánea. Entre los montos bajo sospecha figuran contratos y pagos directos que alcanzarían sumas estrepitosas: transferencias por 2,1 millones y 3,5 millones de pesos a favor del comunicador Germán Sasso; sumas de 1,6 millones y 2,6 millones de pesos destinadas a Martín Noir; partidas de 444 mil pesos para Graciela Wagner; y desembolsos de 240 mil y 520 mil pesos para Lorena Fiorentini en concepto de pauta televisiva. Asimismo, se detectaron contratos con firmas como Rex Agencia de Publicidad por más de 2 millones de pesos, pauta para el diario La Nueva Provincia por 2,6 millones y partidas web a Iommi SAS por 636 mil pesos.

Esta presunta arquitectura de desvío de fondos públicos no solo habría buscado blindar mediáticamente a la gestión, sino que además arrastraría una cadena de responsabilidades directas en el gabinete municipal. Por estas maniobras irregulares, el propio intendente Federico Susbielles resultó sancionado con multas personales de unos $450.000, mientras que funcionarios clave de su estructura —tales como el secretario de Economía, Carlos Fernando De Vadillo; el responsable de Compras, Mariano Nicolás Trellini; Natalia Martirena (Instituto Cultural); Gustavo Trankels (Obras Públicas); y Virginia Pascual (Unidad Intendencia)— quedaron bajo la mira con cargos pecuniarios y severas amonestaciones administrativas. A esto se sumaría el rol pasivo del Concejo Deliberante, donde las bancas oficialistas habrían convalidado estas rendiciones de manera automática mediante mayorías mecánicas, bloqueando todo debate profundo.

Desde las bancas opositoras del Concejo Deliberante, referentes del PRO y de La Libertad Avanza denunciaron que la escalada de contrataciones discrecionales —que superaron los 800 millones de pesos en etapas críticas— respondería a una estrategia de supervivencia política financiada con el bolsillo de los contribuyentes. A este coctel de desorden financiero se le sumó el escándalo colateral revelado por auditorías ciudadanas, las cuales expusieron que al menos veintiséis funcionarios de la primera línea del Ejecutivo arrastraban deudas millonarias en el Tribunal de Faltas por infracciones de tránsito impagas.

Lejos de erigirse como un líder transparente, Federico Susbielles exhibe el perfil de un intendente acorralado por sus propias prácticas discrecionales, cuya administración se sostiene sobre la sombra de la opacidad financiera, el uso faccioso de los recursos públicos y el presunto soborno indirecto a la prensa para anestesiar el periodismo crítico, consolidando un modelo de poder autoritario que vacía de contenido la democracia bahiense.