Hay una discusión que aparece cada vez que el Gobierno convoca a los estatales nacionales a negociar salarios: UPCN firma, ATE rechaza. Esta vez ocurrió exactamente lo mismo.
El Gobierno estableció para septiembre-diciembre aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 en diciembre.
UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, aceptó. ATE, liderada por Rodolfo Aguiar, rechazó y anunció que definirá nuevas medidas de fuerza.
Pero detrás de esos porcentajes existe una pelea bastante más profunda. No se discute solamente cuánto cobra un empleado público. Se discute quién tiene la llave de la paritaria estatal. Y ahí UPCN tiene una ventaja decisiva.
Hay un número que resulta imprescindible para entender esta guerra sindical. La última compulsa oficial de representatividad realizada entre UPCN y ATE en el ámbito nacional, terminó con una distribución de 65% para UPCN y 35% para ATE.
El cotejo se realizó en 2021, después de más de dos décadas de reclamos y disputas sobre quién representaba a la mayoría de los empleados públicos nacionales.
Ese resultado no es un dato decorativo. Tiene consecuencias concretas. La representación en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General queda distribuida según esa correlación y UPCN conserva, por lo tanto, la capacidad de inclinar la negociación.
En términos políticos, la ecuación es brutalmente sencilla: ATE puede rechazar. UPCN puede firmar. Y cuando UPCN firma, el acuerdo queda encaminado aunque ATE se pare, marche, bloquee o convoque a un paro. Ese es precisamente el problema que explica buena parte de la furia de Aguiar.
UPCN se presenta como el sindicato mayoritario de los trabajadores estatales. Y los números oficiales disponibles respaldan esa posición en la compulsa nacional de 2021. Pero ATE tampoco es un gremio marginal.
En 2023, la organización ATE informó más de 342.000 afiliados a nivel nacional y aseguró haber obtenido el triunfo electoral de su conducción en 22 provincias. En 2024, el propio sindicato elevó esa cifra a 364.000 afiliados.
UPCN, por su parte, informó en abril de 2026 que reúne a más de 320.000 afiliados en todo el país y que Andrés Rodríguez fue reelegido como secretario general en las elecciones nacionales realizadas el 9 de abril.
Pero hay una advertencia fundamental: esas cifras de afiliación total de ambos gremios no pueden utilizarse como si fueran una nueva compulsa de representatividad dentro de la Administración Pública Nacional.
La referencia institucional que continúa pesando para la negociación general es la compulsa de 2021. Y precisamente ahí está el corazón de la disputa.
Andrés Rodríguez no es un recién llegado. La conducción de UPCN lo tiene como figura central desde 1990, cuando asumió la Secretaría General luego de la salida de Miguel Candore. La propia historia oficial de UPCN ubica allí el comienzo de la conducción de Rodríguez.
En abril de 2026 volvió a ser reelegido al frente del Consejo Directivo Nacional. Además, Rodríguez ocupa un lugar dentro de la conducción de la CGT.
Su estrategia sindical históricamente estuvo asociada a la negociación, la preservación institucional de los convenios colectivos y el diálogo con los gobiernos de turno.
Eso no significa que UPCN no confronte. Significa otra cosa: su principal herramienta es sentarse a negociar y conseguir que el Estado firme.
El problema es que ahora esa estrategia tiene un costo político enorme. Porque si el salario pierde, la pregunta inevitable es qué consiguió la negociación.
Rodolfo Aguiar representa el modelo contrario. El dirigente rionegrino llegó a la conducción nacional de ATE en noviembre de 2023, después de ganar las elecciones internas de ese año al frente de la Lista Verde ANUSATE. Su mandato se extiende hasta 2027.
Su llegada coincidió prácticamente con el inicio del gobierno de Javier Milei. Y Aguiar convirtió a ATE en uno de los principales focos de oposición sindical al Gobierno.
Despidos, cierres de organismos, reducción de estructuras, salarios, disponibilidad de trabajadores, reforma del Estado y negociación colectiva pasaron a formar parte de una misma agenda.
ATE incluso formalizó ante el Gobierno un reclamo para recomponer salarios, reincorporar trabajadores despedidos y detener el ajuste sobre la administración pública. Su discurso es mucho más duro que el de Rodríguez.
Pero ahí aparece el problema que ahora le devuelve UPCN: si ATE es el gremio más combativo, ¿por qué no consigue que el Gobierno mejore la oferta salarial? Esa es la pregunta que Rodríguez decidió instalar públicamente.
La nueva discusión salarial contempla aumentos mensuales de:
| Mes | Aumento |
|---|---|
| Septiembre | 1,9% |
| Octubre | 1,8% |
| Noviembre | 1,6% |
| Diciembre | 1,5% |
| Bono diciembre | $80.000 |
El Gobierno presentó el esquema para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06. UPCN lo aceptó. ATE lo rechazó. Hay, además, una precisión técnica que suele perderse en los titulares.
Los porcentajes no deberían simplemente sumarse para calcular el efecto acumulado si cada incremento se aplica sobre el salario ya actualizado. La acumulación matemática de 1,9%, 1,8%, 1,6% y 1,5% ronda el 6,97%.
UPCN comunica el acuerdo como un incremento del 6,8% para el período. La diferencia surge del modo en que se presentan los porcentajes y las bases de cálculo.
Pero incluso tomando el número oficial difundido por UPCN, la discusión de fondo permanece intacta. El salario estatal viene de atrás.
El INDEC informó que la inflación de julio de 2026 fue de 2,1%, acumulando 19,3% en los primeros siete meses del año. Eso permite hacer una primera fotografía.
El tramo salarial de junio-agosto había establecido aumentos de 2,4%, 2,2% y 1,9%, además de un bono de $50.000. Ese esquema fue aceptado por UPCN y rechazado por ATE.
Y el nuevo tramo vuelve a repetir el patrón. El problema es que la paritaria no recompone automáticamente lo perdido anteriormente.
De hecho, una fuente de UPCN reconoció algo políticamente demoledor: el acuerdo no recupera el salario perdido durante el gobierno de Milei y, en el mejor de los casos, apunta a detener la caída.
Ese reconocimiento es probablemente una de las frases más importantes de toda esta disputa. Porque deja al descubierto una realidad: UPCN no sostiene que el acuerdo sea bueno. Sostiene que es lo posible.
La discusión podría resumirse en una frase de la propia conducción de UPCN: los aumentos “no son buenos”, no recuperan el salario perdido y, según la explicación del gremio, como máximo permitirían alcanzar una suerte de piso a partir del cual dejar de perder.
Es decir: no hay recuperación salarial. Hay, en el mejor escenario planteado por el gremio, una búsqueda de estabilización. Y ahí es donde la estrategia de Rodríguez enfrenta su principal contradicción.
Si firmar permite conservar la negociación colectiva, los convenios y los puestos de trabajo, como sostiene UPCN, el acuerdo tiene una lógica institucional.
Pero si los salarios siguen perdiendo frente a la inflación, el trabajador puede preguntarse qué está preservando si cada mes compra menos con su sueldo.
ATE sostiene que desde la llegada de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores comprendidos en el CCT 214/06 supera el 44%.
Ese porcentaje es una estimación política elaborada y difundida por el propio sindicato, no un indicador oficial del INDEC. Por eso debe leerse como una medición de ATE sobre la pérdida acumulada.
Pero la organización agregó otro dato que merece atención. Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de organismos y ministerios de todo el país indicó que:
- 87% tiene deudas vigentes.
- De ellos, 73% tiene deudas con varias entidades.
- 40% utiliza esos recursos para urgencias médicas, educación, alquiler o expensas.
- 37% los destina a pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
Si esos números son representativos —y aquí corresponde mantener la cautela porque se trata de una encuesta sindical— la discusión deja de ser puramente gremial. Pasa a ser una discusión sobre supervivencia económica.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio del que participa ATE junto con otros gremios, calculó que en promedio cada trabajador de la Administración Pública habría perdido $14,9 millones durante la gestión de Milei.
Nuevamente: se trata de una estimación elaborada por el propio espacio sindical con datos oficiales del INDEC y una metodología propia. No es una cifra oficial del Estado.
El mismo informe ubicó en $3.065.161 el salario mínimo que debería percibir un trabajador para no ser considerado pobre según la metodología utilizada por el frente sindical.
El dato sirve para entender qué está tratando de hacer Aguiar. No quiere solamente discutir el porcentaje de septiembre. Quiere instalar que el problema es el nivel salarial acumulado después de más de dos años de ajuste.
Hay otro elemento que suele quedar fuera de la discusión. El Ejecutivo logró reducir fuertemente la cantidad de trabajadores del Estado nacional.
Según datos oficiales publicados por el propio Gobierno, durante los primeros 15 meses de gestión se redujo en 42.034 la cantidad de puestos de trabajo en el sector público.
La planta permanente y transitoria cayó 6%; los contratos bajo la Ley Marco disminuyeron 18,6% y los contratos de locación de obra y servicios —LOYS— se redujeron 50,7%.
Ese dato explica otra parte de la estrategia de UPCN. Para Rodríguez, negociar no es solamente negociar salarios. También es intentar evitar que el Gobierno termine modificando de raíz la estructura del empleo público.
La propia UPCN argumenta que mantener los convenios colectivos y preservar los puestos de trabajo forma parte de la negociación. ATE, en cambio, considera que esa lógica puede terminar convirtiendo la negociación en una forma de administrar el ajuste.
Hay otro punto de fricción que Rodríguez utilizó para golpear a Aguiar. El titular de UPCN acusa a ATE de rechazar las paritarias generales pero participar de acuerdos en determinados organismos y de firmar actas relacionadas con el aporte solidario.
El antecedente es concreto. En 2021, ATE y UPCN acordaron un aporte extraordinario del 0,5% de la remuneración bruta mensual, habitual y permanente para trabajadores comprendidos en el Convenio 214/06, con fondos destinados a las entidades signatarias según la representación establecida en la compulsa.
Es decir: la pelea por la representación también tiene una dimensión económica. Más representación significa mayor peso en las negociaciones.
Y determinados mecanismos de financiamiento sindical también se distribuyen teniendo en cuenta esa representación. Por eso la vieja disputa del 65-35 sigue siendo mucho más importante de lo que parece.
Rodríguez no se limitó a cuestionar el rechazo de ATE. Le devolvió a Aguiar una acusación concreta: sostuvo que ATE también firmó paritarias en organismos como ANSES y ACUMAR, y que en Río Negro acompañó acuerdos que UPCN considera “a la baja”.
El argumento político es evidente: “No podés presentarte como el sindicato que jamás acuerda mientras firmás cuando te conviene”.
Aguiar, por su parte, sostiene que la diferencia está en la negociación nacional y en la estrategia frente al Gobierno de Milei.
La discusión, entonces, dejó de ser solamente sobre porcentajes. Ahora ambos gremios están revisando públicamente el archivo del otro.
Río Negro ocupa un lugar especial en esta disputa. Antes de convertirse en secretario general nacional de ATE, Aguiar construyó allí su poder sindical.
Durante su etapa al frente de ATE Río Negro, el sindicato experimentó un fuerte crecimiento y desplazó a UPCN de posiciones que históricamente había ocupado en la negociación estatal provincial, según los antecedentes difundidos sobre su trayectoria.
Ese recorrido explica parte de su actual estrategia. Aguiar conoce el valor político de cambiar una correlación de fuerzas. Y eso es exactamente lo que intenta hacer a nivel nacional.
La meta no parece ser solamente mejorar una paritaria. Es conseguir que el 35% deje de ser 35%.
Acá aparece la dimensión política más importante. ATE sabe que mientras UPCN conserve la mayoría en la negociación nacional, su capacidad de bloquear acuerdos será limitada.
Puede convocar paros. Puede movilizar. Puede instalar reclamos. Puede conseguir adhesión. Pero si UPCN firma, la negociación puede cerrarse igual. Por eso Aguiar necesita construir afiliación.
Y no casualmente desde 2024 viene llamando públicamente a los trabajadores estatales a afiliarse a ATE bajo el argumento de que la correlación de fuerzas está cambiando.
El propio sindicato sostuvo que la última compulsa de 2021 le había dado 35% y que, según sus relevamientos internos, la distancia con UPCN se habría reducido.
Pero hay una cuestión fundamental: no existe hoy una nueva compulsa oficial que permita afirmar que ATE ya desplazó a UPCN. Mientras eso no ocurra, el 65-35 continúa siendo el dato institucional de referencia.
La fotografía actual puede sintetizarse de una manera bastante brutal. UPCN tiene la mayoría formal de la negociación nacional. ATE tiene una estrategia de confrontación mucho más visible.
Rodríguez tiene el peso institucional de décadas de construcción sindical y su pertenencia a la CGT. Aguiar construyó un perfil opositor al Gobierno y participa del FreSU, un armado sindical que busca convertirse en una alternativa a la estrategia predominante dentro de la CGT.
No son solamente dos sindicatos. Son dos modelos de sindicalismo. Uno apuesta a negociar incluso cuando la oferta es mala. El otro apuesta a rechazar una oferta mala aunque eso implique profundizar el conflicto.
Y acá aparece la parte más incómoda de toda la historia. Rodríguez le pregunta a Aguiar: “Si son tan fuertes y combativos, ¿por qué no logran los aumentos salariales?”
Pero Aguiar puede devolverle una pregunta igual de incómoda: Si UPCN negocia hace décadas y acepta las paritarias, ¿por qué los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo?
Las dos preguntas son legítimas. Y ninguna de las dos tiene una respuesta sencilla. Porque el verdadero ganador de las últimas rondas de negociación no parece ser ninguno de los dos sindicatos.
El gran ganador es el Gobierno, que consigue cerrar acuerdos salariales por debajo de las expectativas sindicales mientras mantiene contenida la masa salarial del Estado.
Aguiar definió el nuevo esquema como una “paritaria cero” y sostuvo que el Gobierno está más cerca de alcanzar ese objetivo que el de una inflación cero.
La frase tiene impacto político. Pero los números requieren una mirada más fría. La inflación de julio fue 2,1% mensual y 19,3% acumulada en siete meses.
Los aumentos estatales, mientras tanto, se vienen administrando en pequeñas cuotas. Primero: 2,5% + 2,2% + 2% + 1,7% + 1,5%. Después: 2,4% + 2,2% + 1,9%. Ahora: 1,9% + 1,8% + 1,6% + 1,5%.
La mecánica es evidente: cuotas pequeñas, negociación fragmentada y ausencia de una recomposición que permita recuperar rápidamente lo perdido.
Los $80.000 de diciembre pueden servir para aliviar un recibo de sueldo. Pero tienen una característica decisiva: son por única vez.
No elevan de manera permanente el salario básico. No se trasladan automáticamente a todos los componentes salariales. Y no solucionan una pérdida acumulada durante años.
Eso explica por qué ATE lo considera insuficiente y por qué incluso UPCN reconoce que el acuerdo no recupera lo perdido. En otras palabras: un bono puede maquillar un mes. No recompone un salario.
La interna gremial tampoco puede analizarse separada del escenario político. Rodríguez es uno de los hombres de la CGT que conserva interlocución con el poder político y sindical tradicional. Aguiar, en cambio, está construyendo una plataforma que trasciende la discusión estrictamente gremial.
Su participación en el FreSU y sus movimientos políticos en Río Negro muestran que su proyecto tiene una dimensión más amplia. En abril de 2026, incluso lanzó un espacio político en esa provincia con aspiraciones electorales.
Por eso la pelea entre ambos tiene una segunda lectura: no solamente están disputando afiliados. Están disputando quién será capaz de hablar en nombre de los trabajadores estatales en la Argentina que viene.
La guerra entre UPCN y ATE tiene una paradoja feroz. Mientras Rodríguez y Aguiar se acusan mutuamente de entregar o no conseguir salarios, los trabajadores miran el recibo de sueldo.
No miran las conferencias de prensa. No miran los comunicados. No miran quién ganó una discusión en X. Miran cuánto les queda después de pagar alquiler, comida, transporte, medicamentos y deudas.
Y los datos disponibles muestran que el salario estatal continúa bajo presión. ATE habla de una pérdida superior al 44%. UPCN admite que el nuevo acuerdo no recupera lo perdido y que, como mucho, busca detener la caída.
El Gobierno consigue cerrar las paritarias. Y la inflación sigue siendo la vara contra la cual finalmente se mide todo. Por eso la pregunta de Rodríguez es potente. Pero la respuesta también puede serlo. Aguiar todavía no logró cambiar la correlación de fuerzas.
Pero Rodríguez tampoco logró que los salarios estatales recuperen lo perdido. Y mientras los dos dirigentes se disparan munición pesada, el trabajador estatal sigue esperando que alguien consiga algo mucho más elemental que ganar la interna: cobrar mejor.
| Punto | UPCN | ATE |
|---|---|---|
| Conducción nacional | Andrés Rodríguez | Rodolfo Aguiar |
| Central sindical | CGT | CTA Autónoma |
| Estrategia | Negociación y acuerdos | Confrontación y medidas de fuerza |
| Representatividad nacional oficial | 65% en compulsa 2021 | 35% en compulsa 2021 |
| Última paritaria nacional | Aceptó | Rechazó |
| Aumento septiembre-diciembre | Aceptó 6,8% + $80.000 | Lo rechazó |
| Perfil frente a Milei | Dialoguista | Opositor |
| Afiliación declarada | Más de 320.000 | Más de 340.000/364.000 según años reportados |
| Objetivo político inmediato | Preservar peso negociador | Modificar correlación de fuerzas |
| Problema | Firma acuerdos que no recuperan salario | Rechaza acuerdos sin lograr una oferta superior |