San Pedro atraviesa una crisis que ya no puede explicarse solamente por la falta de recursos nacionales, la inflación o la caída de la recaudación.

Hay un dato político que pesa como una piedra: Cecilio Salazar Cáceres gobierna desde 2015 y transita su tercer mandato. La excusa de la herencia ya venció hace rato.

El propio intendente reconoció en agosto que el contrato con Ashira resulta “impagable” y que la Municipalidad debe buscar una salida para una deuda que llegó a $3.666 millones.

La solución propuesta es refinanciarla durante 90 meses, hasta 2033, atravesando el mandato de Salazar y comprometiendo a las dos administraciones municipales que lo sucedan. LAs cag4das de hoy convertidas en problema serio para los tres próximos intendentes.

Y hay algo todavía más delicado: el convenio contempla la posibilidad de entregar inmuebles municipales como parte de pago. Cuando falta caja, aparece el patrimonio público como moneda de cambio. Una locura poco convencional.

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La cuenta de Ashira que no cierra

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El acuerdo reconoce una deuda de capital de $3.666.410.927 al 31 de mayo de 2026, correspondiente a prestaciones de higiene urbana impagas y redeterminaciones de precios.

El expediente prevé cuotas sometidas a la tasa TAMAR del Banco Nación más tres puntos porcentuales e IVA. La deuda puede terminar costando mucho más que la cifra que hoy aparece.

Un análisis presentado ante el Concejo Deliberante calculó que, bajo las condiciones previstas, el desembolso total podría superar los $8.349 millones.

La cuenta es brutal: una deuda de poco más de $3.600 millones puede transformarse en una obligación superior a $8.300 millones. El salvataje puede terminar duplicando el problema.

Además, el convenio incluye dos causas judicializadas por montos mucho menores, correspondientes a 2023 y 2024, y establece una quita condicional de $232 millones en intereses moratorios.

Esa quita no es definitiva: si el Municipio entra en mora durante tres períodos consecutivos o seis alternados, los intereses perdonados vuelven a ser exigibles. La letra chica también tiene dientes.

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El Concejo, entre la deuda y los doce votos

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El problema político es tan grande como el financiero. Para aprobar un compromiso que excede el mandato de la actual administración se necesitan 12 votos, es decir, dos tercios del Concejo Deliberante. Salazar no tiene la lapicera suficiente para resolverlo solo.

El oficialismo dispone de 7 concejales y necesita al menos cinco opositores. Por eso el expediente se transformó en una batalla de pasillos: reuniones, dictámenes, pedidos de explicaciones y concejales que se resisten a votar a libro cerrado. La rosca municipal quedó atrapada entre una deuda impagable y un costo político gigantesco.

La comisión del Concejo incluso decidió convocar a representantes de Ashira antes de emitir dictamen. El objetivo es conocer de boca de la empresa cómo se construyó la deuda, cuáles son sus condiciones y qué pretende cobrar. Hasta los concejales oficialistas necesitan entender qué están a punto de votar.

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El patrimonio municipal puesto en discusión

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Vecinos y contribuyentes presentaron un petitorio para rechazar cualquier transferencia, venta o entrega de inmuebles municipales.

La Sociedad Rural de San Pedro también se pronunció contra la posibilidad de utilizar bienes públicos para cancelar una deuda corriente. La preocupación ya dejó de ser partidaria: llegó al tejido productivo y social de la ciudad.

Los vecinos sostienen que el patrimonio municipal pertenece a toda la comunidad y que venderlo para pagar gastos acumulados significa descapitalizar al distrito.

La pregunta es inevitable: ¿cómo llegó el Municipio a una situación en la que necesita discutir la venta de sus propios bienes para pagar el servicio de recolección? El problema no es solamente cuánto se debe: es por qué se dejó crecer semejante agujero.

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Y entonces apareció la Federal

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Mientras el Concejo discute la deuda de Ashira, la Justicia Federal puso la lupa sobre otro frente: el basural a cielo abierto de La Tosquera.

El predio tiene 20 hectáreas y funciona desde hace más de dos décadas sin tratamiento adecuado de los residuos, según la investigación impulsada por la UFIMA y la Fiscalía Federal de San Nicolás. La basura también terminó convertida en expediente judicial.

El Ministerio Público Fiscal informó que durante las inspecciones se encontraron con ausencia de cerramiento, humo, insectos, olores nauseabundos, maquinaria trabajando sobre los residuos y focos de quema.

Había papel, nailon, plásticos, vidrio, cartón, madera, chapas, cubiertas y restos de poda. No era una postal de abandono: era un sistema entero funcionando a cielo abierto.

Pero la escena más dura apareció después. Los investigadores encontraron adultos y niños revolviendo los residuos y separando cartones y botellas. En La Tosquera, la basura no solamente se acumula: también se convirtió en fuente de subsistencia.

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Humo, agua de pozo y chicos en el basural

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La investigación relevó además la Escuela N.º 44, donde funciona el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita.

Allí se detectó un tanque que abastece al barrio mediante agua extraída de pozo sin proceso de potabilización. La investigación ambiental ya tiene una pata sanitaria.

Los investigadores también entrevistaron a vecinos que relataron irritación ocular y de garganta, dolores de cabeza, asma y malestar general asociados al humo de las quemas.

Uno de los vecinos manifestó que su hijo padece asma y que es el integrante de la familia que más sufre los efectos de las quemas. Ahora la Justicia quiere saber si aquello que los vecinos sienten puede demostrarse científicamente.

Para eso fueron secuestradas historias clínicas del Centro de Salud Federico Rosito-La Tosquera. La intención es establecer si existen enfermedades compatibles con una eventual exposición a sustancias contaminantes. La basura terminó entrando al consultorio, al laboratorio y al expediente penal.

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Allanaron la Municipalidad, el Concejo y Ashira

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El lunes 24 de agosto 2026 la Policía Federal realizó procedimientos en dependencias de la Municipalidad, el Concejo Deliberante, Ashira y el propio basural.

La orden fue emitida en el marco de una investigación del Juzgado Federal de San Nicolás, con intervención de la Fiscalía Federal y la división Delitos Ambientales de la Policía Federal. La crisis dejó de ser solamente política: ahora tiene una investigación federal abierta.

En el basural se tomaron muestras de lixiviados, suelo, agua y napas subterráneas. También se relevaron cursos de agua cercanos que desembocan en el río Paraná. Ahora serán los peritajes los que deberán decir qué hay debajo de esa montaña de basura.

Los investigadores también revisaron los recorridos de los camiones de Ashira mediante sus sistemas de seguimiento satelital.

La pesquisa busca reconstruir qué residuos ingresaron, desde dónde llegaron y cómo se manejó el predio. La pregunta ya no es solamente quién recoge la basura, sino qué ocurre después de que desaparece de la vereda.

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El antecedente ambiental que ya había llevado a Salazar ante un juez

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La investigación sobre La Tosquera no es el primer expediente ambiental que involucra al intendente. En 2025 Cecilio Salazar fue citado a declaración indagatoria junto con funcionarios de su gabinete por una causa relacionada con el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento al río Paraná.

El fiscal había considerado que los hechos podían configurar incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso con contaminación ambiental bajo la Ley de Residuos Peligrosos.

Salazar declaró ante el Juzgado Federal de San Nicolás en marzo de 2025. La política sanitaria del municipio ya había llegado antes al despacho de un juez federal. Pero en diciembre de 2025, el juez Carlos Villafuerte Ruzo dictó falta de mérito para Salazar y otros funcionarios.

Eso significa que no fueron procesados ni sobreseídos: el magistrado consideró que, en ese momento, no existían elementos suficientes para avanzar hacia el procesamiento y pidió información sanitaria adicional. Falta de mérito no es absolución: es una causa que quedó abierta a nuevas pruebas.

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El Tribunal de Cuentas tampoco pasó de largo

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Hay otro capítulo que merece menos titulares, pero tiene enorme peso institucional: las resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Para el ejercicio 2023, el organismo aprobó la rendición de cuentas de San Pedro, pero aplicó una multa de $250.000 a Salazar y otra de igual monto a la contadora municipal Mariana Giosa.

Además, amonestó a otros funcionarios y dejó cuestiones bajo análisis posterior. Aprobar una rendición no significa que todo haya estado impecable.

El fallo también dejó constancia de excesos verificados al cierre del ejercicio y de materias cuyo tratamiento quedó suspendido.

El propio Tribunal aclaró que varios funcionarios no debían considerarse exentos de responsabilidad hasta que el organismo resolviera definitivamente esas cuestiones. La carpeta administrativa siguió abierta.

Y llegó 2024. El Fallo 61/2026 aprobó la rendición de cuentas de ese ejercicio, pero aplicó una multa de $780.000 a Salazar, $700.000 a Roberto Borgo y $400.000 a Mariana Giosa.

También impuso amonestaciones a funcionarios y concejales y dejó otras materias bajo análisis. El control externo volvió a encontrar motivos para sancionar a la administración.

El dato político es contundente: en dos ejercicios consecutivos aparecen sanciones económicas al intendente. No es una condena penal ni demuestra por sí misma corrupción. Pero tampoco es una medalla de buena administración, todo lo contrario, es un indicio de faltas graves.

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Diez años y el mismo problema de caja

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Cuando Salazar llegó al Palacio Municipal el jueves 10 diciembre de 2015, la situación financiera ya era delicada.

A pocos días de asumir pidió una emergencia económica y administrativa. El Ejecutivo reconocía que no podía afrontar salarios, aguinaldos y obligaciones corrientes sin asistencia extraordinaria. La crisis fiscal estuvo en la puerta de entrada de su gestión.

Durante 2016 el gobierno volvió a utilizar fondos afectados para cubrir gastos corrientes. En junio de ese año, por ejemplo, se transfirieron $7 millones desde fondos con destino específico hacia Recursos Ordinarios para afrontar salarios y servicios. El mecanismo de emergencia terminó funcionando como respirador financiero.

En 2018 una exconcejala presentó una denuncia penal contra Salazar y funcionarios de su equipo por presunta malversación, peculado, falsedad ideológica y otros delitos.

La acusación se vinculó con decretos mediante los cuales se habrían utilizado fondos afectados para gastos corrientes una vez vencida la ordenanza de emergencia. La denuncia llegó a cuantificar en $103,6 millones el supuesto desvío cuestionado.

Es importante aclararlo: se trató de una denuncia, no de una condena penal. Pero el antecedente existe y forma parte de la historia administrativa y política de la gestión Salazar. La pregunta sobre el manejo de los fondos municipales no nació ayer.

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El expediente de Paola Prez

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En 2016 apareció otro frente. Paola Prez, entonces directora de Niñez y Adolescencia, renunció al gabinete, denunció malos tratos y presentó una denuncia penal contra Salazar por presunta malversación de caudales públicos.

La acusación estaba vinculada con mercadería destinada a asistir a familias afectadas por un temporal y con el supuesto desvío de parte de esos recursos hacia estructuras del Partido Fe. La causa fue caratulada como “Cecilio Salazar sobre malversación de caudales públicos”.

La denunciante sostuvo que un camión con mercadería gestionada ante el Banco de Alimentos habría terminado en una sede partidaria en lugar de ingresar a las dependencias municipales. La ayuda social terminó convertida en una batalla política y judicial. Tampoco corresponde presentar esa denuncia como una condena.

Lo que sí corresponde es registrar que fue una de las primeras crisis graves de su gobierno y que surgió desde el propio gabinete municipal. El conflicto no vino solamente desde la oposición: también explotó desde adentro.

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El intendente que hizo de la política una cuestión familiar

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La historia de Salazar tiene además un capítulo que parece escrito para una serie política. Su hijo Ramón Salazar ocupó cargos centrales en el Municipio y llegó a ser intendente interino mientras su padre estaba de licencia.

En 2023, Cecilio decidió regresar al cargo y desplazó a su propio hijo. Ramón lo interpretó públicamente como una traición política y familiar. El sillón municipal terminó enfrentando a padre e hijo.

El episodio no fue una simple pelea doméstica. Ramón terminó compitiendo contra su padre en las elecciones de 2023 y obtuvo alrededor del 25% de los votos, mientras Cecilio consiguió su tercer mandato con Unión por la Patria.

La ruptura llegó a tal punto que en 2025 Ramón cuestionó públicamente al gobierno de su padre y habló de una ciudad gobernada por “delincuentes”.

Cecilio Salazar respondió que quien tuviera pruebas debía presentarse ante la Justicia. La pelea familiar terminó convertida en munición electoral.

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Partido Fe, Cambiemos y peronismo

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La biografía política de Salazar es otro capítulo de pragmatismo bonaerense. Fue dirigente de la UATRE, ocupó funciones en OSPRERA y tuvo una larga relación política con el universo construido alrededor de Gerónimo “Momo” Venegas.

En 2015 ganó San Pedro con el 52,56% y llegó mediante el Partido Fe dentro de la alianza Cambiemos. En 2019 fue reelegido con el 56,02%. Después vino el giro.

El dirigente que había llegado con Mauricio Macri terminó integrado al peronismo y en 2023 ganó su tercer mandato con Unión por la Patria. Hoy su estructura política participa del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio bonaerense que conduce Axel Kicillof.

En otras palabras: Salazar sobrevivió a Macri, al macrismo, al massismo, al kirchnerismo y a la interna peronista. La supervivencia política es indiscutible. La pregunta es qué queda del Municipio después de tanta supervivencia.

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UATRE y los vínculos que nunca desaparecieron

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En 2021 medios periodísticos denunciaron que José Voytenco, entonces titular de UATRE, habría girado $10 millones vinculados al municipio de San Pedro y señalaron además el uso de un vehículo perteneciente a OSPRERA por parte de Salazar.

También se publicó que su hijo Ramón mantenía vínculos laborales con la obra social rural mientras ocupaba funciones municipales. Son acusaciones periodísticas que deben ser presentadas como tales y no como hechos judicialmente probados.

Pero tienen relevancia para entender una característica central de la carrera de Salazar: el poder municipal nunca estuvo aislado del poder sindical y de sus antiguas redes políticas.

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El conflicto llegó a la Sociedad Rural

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En julio de 2024, otro episodio mostró hasta qué punto la gestión podía tensionarse con sectores productivos. El presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Edgardo Salmoiraghi, denunció haber sido agredido durante la Fiesta de la Naranja luego de reclamar por el estado de los caminos rurales.

La acusación apuntó contra el secretario de Producción, Ariel Álvarez, mientras Salazar estaba presente. La entidad rural emitió posteriormente un comunicado de repudio. Un reclamo por caminos terminó en un escándalo político a la vista de todos.

No existe una condena que permita afirmar que Salazar haya agredido físicamente al productor. Pero el episodio sí dejó expuesto el nivel de confrontación entre el Ejecutivo y parte del sector rural. En un distrito productivo, pelearse con quienes reclaman por los caminos no es precisamente una estrategia elegante.

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El gremio municipal también terminó en Tribunales

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En 2026 el conflicto con los trabajadores municipales escaló hasta una denuncia por presunta retención indebida de aportes sindicales. El Sindicato de Trabajadores Municipales denunció que más de $180 millones descontados de los salarios de empleados no habían sido transferidos al gremio.

La acusación fue llevada inicialmente ante el Tribunal de Cuentas y posteriormente a la Justicia bonaerense. El sindicato sostuvo además que existía una situación de persecución y represalias vinculada con el conflicto salarial.

La administración negó las acusaciones y el expediente deberá determinar qué ocurrió. Mientras tanto, el dato político es imposible de ignorar: la relación entre Salazar y los municipales llegó a un punto de ruptura.

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Sueldos, aguinaldos y la caja vacía

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En julio de 2026, unos 1.200 empleados municipales quedaron en el centro de una nueva crisis. El Municipio no tenía fondos propios para afrontar el medio aguinaldo y tuvo que recurrir a asistencia provincial. Los gremios convocaron paros y reclamaron además recomposición salarial.

La administración había ofrecido un aumento del 5%, mientras los sindicatos reclamaban incrementos muy superiores. El conflicto llegó a involucrar a ATE, UPCN, el Sindicato de Trabajadores Municipales y CICOP. Cuando el Estado municipal no puede pagar en término, la crisis deja de ser contable y pasa a la calle.

Finalmente, la Provincia asistió al Municipio y se completó el pago del aguinaldo. Pero el episodio dejó una fotografía difícil de maquillar: San Pedro necesita auxilio provincial para cumplir una obligación salarial básica.

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La salud municipal tampoco está tranquila

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El conflicto no quedó limitado a los administrativos. Los profesionales nucleados en CICOP venían reclamando actualización salarial, pase a planta permanente, reconocimiento de antigüedad y mejoras en infraestructura e insumos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa y los centros de atención primaria.

En agosto se alcanzó un acuerdo para actualizar la grilla salarial desde septiembre y establecer un cronograma para cancelar el aguinaldo adeudado a los profesionales. El propio gremio señaló que la grilla acumulaba casi un año de atraso. La salud pública también llegó al límite.

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La recaudación se desplomó

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En su mensaje anual de 2026, Salazar reconoció que la cobrabilidad municipal había caído a valores cercanos al 20% de la media histórica durante los últimos dos años.

También admitió que en 2025 el Municipio tuvo dificultades para pagar salarios en término y que debió solicitar un adelanto de coparticipación de $200 millones para afrontar la primera cuota del aguinaldo.

En junio de 2026 volvió a pedir asistencia financiera a la Provincia mediante un nuevo adelanto de coparticipación. Salazar sostuvo que la situación afecta a numerosos municipios bonaerenses. Puede ser cierto, pero la caja de San Pedro es responsabilidad de quien gobierna San Pedro.

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El empleo privado también retrocedió

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El problema no está únicamente dentro del Palacio Municipal. Un informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín registró una caída del 5,23% del empleo asalariado privado formal en San Pedro entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.

La cifra muestra que la crisis económica golpea también al sector privado. Menos empleo privado, salarios municipales demorados, caída de la recaudación y una deuda millonaria: el cuadro empieza a parecer sistémico.

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La pobreza estructural tampoco nació con Milei

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Los datos censales muestran que en 2001 el 13,5% de los hogares de San Pedro tenía al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. Para 2010, la proporción había bajado al 7,8%. En 2022, todavía quedaba un 5,9% de los hogares con NBI: 1.419 hogares sobre 23.962.

En términos de población, el Censo 2022 registró 68.353 personas en San Pedro y 5,5% con privación vinculada a hacinamiento, además de otras categorías de NBI. Eso no permite afirmar que toda la pobreza sea responsabilidad de Salazar, pero...

Sí permite entender que detrás de los números municipales existen familias concretas. Para quien vive en La Tosquera, un presupuesto mal ejecutado no es una abstracción: puede ser agua, humo, comida o salud.

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El patrón que aparece después de diez años

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Si se ponen todos los expedientes sobre la mesa, aparece una secuencia difícil de ignorar.

2015: Salazar llega al Municipio y declara una emergencia económica.

2016: se utilizan fondos afectados para afrontar gastos corrientes y aparece una denuncia por presunta malversación vinculada con ayuda social.

2018: otra denuncia penal cuestiona el manejo de fondos municipales y decretos vinculados con la emergencia.

2023: regresa a la intendencia después de haberla dejado temporalmente en manos de su hijo.

2024: el Tribunal de Cuentas termina sancionándolo por el ejercicio 2023.

2025: declara ante la Justicia Federal por la causa de los efluentes cloacales y recibe posteriormente falta de mérito.

2026: el Tribunal de Cuentas vuelve a multarlo por el ejercicio 2024.

Y en paralelo aparecen una deuda de $3.666 millones, una investigación federal sobre un basural de 20 hectáreas, conflictos salariales, paros, asistencia financiera provincial y una disputa por posibles inmuebles municipales. Ya no parece una colección de episodios aislados: parece una década de administración llegando a su límite.

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El problema ya no es la herencia

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Durante años, la política municipal pudo explicar las dificultades apelando a la gestión anterior. También puede responsabilizar a Javier Milei por el recorte de transferencias nacionales.

Puede cuestionar a la Provincia. Puede reclamar coparticipación. Puede explicar la caída de la cobrabilidad. Todo eso puede formar parte de la discusión.

Pero hay una cuestión que no se puede esquivar: Salazar gobierna San Pedro desde 2015, salvo el período en que estuvo de licencia y ocupó funciones nacionales, y volvió para completar su segundo mandato.

Diez años alcanzan para construir una administración. También alcanzan para hacerse cargo de sus resultados.

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La ciudad que queda después de Salazar

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San Pedro no es solamente Cecilio Salazar. Es una ciudad productiva, turística, rural, portuaria y ribereña. Tiene productores, comerciantes, trabajadores municipales, médicos, docentes, jóvenes, jubilados y vecinos que todos los días abren sus negocios, llevan chicos a la escuela o esperan que el camión de basura pase.

Pero esa ciudad hoy mira un Palacio Municipal que discute cómo pagar $3.666 millones a una empresa recolectora, mientras la Justicia Federal investiga qué ocurre en un basural de 20 hectáreas.

Mira trabajadores que tuvieron que parar para cobrar el aguinaldo. Mira expedientes del Tribunal de Cuentas con multas al intendente. Mira una causa ambiental por los efluentes cloacales. Mira otra investigación federal sobre La Tosquera. Y mira a un intendente que lleva prácticamente una década administrando muy mal el distrito.

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La verdadera herencia de Cecilio Salazar

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Hay intendentes que terminan sus mandatos dejando una obra emblemática. Otros dejan una deuda. Otros dejan una estructura política. Y algunos dejan las tres cosas.

En San Pedro, la discusión de fondo será qué queda después de Salazar: un Municipio saneado o una comuna hipotecada durante 90 cuotas.

Si el convenio con Ashira se aprueba, la obligación podrá atravesar hasta 2033 y comprometer a dos administraciones posteriores. El pasado de Salazar puede terminar pagando con el futuro de San Pedro.

Mientras tanto, la Justicia Federal seguirá analizando el basural, los peritos estudiarán agua y suelo y deberán determinar si existe contaminación y quiénes podrían resultar responsables. Y el Tribunal de Cuentas continuará revisando cuentas y expedientes. El tiempo dirá qué responsabilidad concreta corresponde a cada funcionario.

Pero políticamente hay una conclusión que ya no necesita esperar ningún fallo: después de diez años, Salazar ya no puede presentarse como espectador de la crisis que atraviesa San Pedro. Es parte central de la historia. Y también tendrá que explicar cómo piensa salir de ella.

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 Lo que tenés que saber sobre la crisis de San Pedro

 

• Cecilio Salazar gobierna San Pedro desde 2015 y ejerce actualmente su tercer mandato.
• Llegó con Partido Fe/Cambiemos, fue reelegido dentro de Juntos por el Cambio y en 2023 ganó con Unión por la Patria.
• Actualmente participa del Movimiento Derecho al Futuro, espacio de Axel Kicillof.
• La deuda con Ashira reconocida por el Municipio asciende a $3.666.410.927.
• El convenio prevé 90 cuotas y podría extenderse hasta 2033.
• Con intereses, distintos análisis estiman que el costo final podría superar los $8.300 millones.
• El acuerdo contempla la posibilidad de entregar inmuebles municipales como parte de pago.
• El oficialismo necesita 12 votos en el Concejo para aprobar el convenio.
• La Policía Federal allanó/requirió documentación en la Municipalidad, el Concejo Deliberante, Ashira y el basural.
• La investigación federal sobre La Tosquera abarca unas 20 hectáreas.
• Se encontraron humo, focos de quema, residuos expuestos, ausencia de cerramiento, maquinaria y personas —incluidos niños— revolviendo basura.
• Se tomaron muestras de agua, suelo, lixiviados y napas.
• Se secuestraron historias clínicas para estudiar posibles efectos sanitarios.
• Salazar declaró en 2025 ante la Justicia Federal por la causa de los efluentes cloacales.
• En diciembre de 2025 recibió falta de mérito, no sobreseimiento ni condena.
• El Tribunal de Cuentas multó a Salazar con $250.000 por el ejercicio 2023.
• Por el ejercicio 2024, el mismo organismo aplicó una multa de $780.000 al intendente.
• En 2026 hubo paros municipales por el retraso en el pago del aguinaldo.
• Unos 1.200 trabajadores quedaron involucrados en el conflicto salarial.
• La Municipalidad necesitó asistencia provincial para completar el pago del aguinaldo.
• El empleo asalariado privado formal cayó 5,23% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.
• En 2022, 5,9% de los hogares de San Pedro tenía al menos una Necesidad Básica Insatisfecha.
• No se encontró una serie pública completa y verificable de DDJJ patrimoniales de Salazar que permita comparar rigurosamente su patrimonio de 2015 con el actual.

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