La promesa oficial de achicar el Estado a través del recorte indiscriminado de partidas encontró su rostro más dramático en la atención de la población más vulnerable.

El conflicto en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) alcanzó niveles críticos al converger dos frentes que paralizan el servicio: la denuncia sindical por el vaciamiento de dependencias clave y la suspensión de prestaciones por parte de más de un centenar de sanatorios y clínicas privadas ante las deudas acumuladas y aranceles desactualizados.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encendieron las alarmas sobre la profundización de la motosierra implementada por la gestión de Esteban Leguízamo. El gremio advirtió que la planta de trabajadores en Mar del Plata podría sufrir un recorte del 30%, mientras que en la agencia de Tandil apenas quedarían cinco empleados para responder a miles de afiliados.

El caso más drástico se registra en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, donde la sede administrativa enfrenta el riesgo inminente de quedar completamente desierta.

Faltante de profesionales y demoras críticas

La falta de personal sobrepasa las áreas administrativas y golpea de lleno la asistencia profesional en localidades como Madariaga, Pinamar, Tandil y la Agencia Puerto de Mar del Plata, donde escasean médicos de cabecera y trabajadores sociales.

Esta desarticulación traducida en desidia estatal provoca demoras de más de seis meses para conseguir vacantes en residencias geriátricas y la renuncia masiva de centros de día por aranceles miserables. En casos de solicitud de subsidios esenciales, las autorizaciones se dilatan hasta un año.

En Mar del Plata, la crisis sanitaria adquirió dimensiones de emergencia. En el Hospital Bernardo Houssay, 25 camas de internación permanecen cerradas por falta de personal, mientras que las intervenciones cardiovasculares de alta complejidad y los estudios endoscópicos se encuentran paralizados o drásticamente reducidos por la falta de insumos y la falta de mantenimiento del equipamiento.

Clínicas de paro e indefinición oficial

A la par del desmantelamiento operativo, más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados llevaron a cabo una medida de fuerza por 48 horas para exigir la cancelación de las abultadas deudas que el organismo mantiene con las instituciones y una urgente recomposición arancelaria. La huelga de la salud privada se suma a las medidas de fuerza que ya venían realizando odontólogos y médicos de cabecera, congelados frente al avance de la inflación.

Mientras el Gobierno de Javier Milei intenta exhibir como un logro de gestión el recorte del gasto público, los jubilados quedan expuestos como la variable de ajuste de un modelo que desmantela la red de contención sanitaria.

Con filas interminables en agencias despobladas y estudios médicos postergados de forma indefinida, la política oficial prioriza el equilibrio contable del Tesoro a costa del abandono institucional de millones de adultos mayores en todo el país.