La postal fue Palermo, pero la historia se cocina mucho más lejos, en Rosario y dentro de los penales federales donde permanecen encerrados algunos de los nombres más pesados del narcotráfico santafesino.
Allí fue detenido Martín Castillo, abogado penalista sospechado de haber dejado de ser solamente defensor para convertirse, según la hipótesis fiscal, en una pieza de una estructura criminal.
El abogado que debía llevar la defensa habría terminado llevando mensajes.
Castillo fue arrestado sobre avenida Scalabrini Ortiz al 2400, después de varios días de vigilancia iniciados en un domicilio de calle Uriarte al 1500.
El operativo fue realizado por agentes de la Policía Federal Argentina, la SIDE y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe.
Durante el procedimiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares: un iPhone y un Samsung que ahora serán sometidos a peritajes.
Dos teléfonos pueden esconder una agenda completa del crimen organizado.
El método: un teléfono para el preso y otro para la calle
La hipótesis investigativa tiene un mecanismo tan sencillo como inquietante.
Los internos sometidos al Régimen de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal tienen severamente restringidos sus contactos con el exterior.
Pero existe una excepción esencial: la comunicación con sus abogados.
El secreto profesional habría sido utilizado, según los investigadores, como puente hacia la calle.
De acuerdo con la pesquisa, el esquema consistía en que el preso se comunicaba con Castillo y el abogado utilizaba un segundo aparato para enlazar esa conversación con otra persona que se encontraba afuera.
Los teléfonos podían colocarse en altavoz. Así, el interno terminaba hablando con quien necesitaba contactar sin realizar directamente esa comunicación desde el penal.
La cárcel cerraba una puerta y el supuesto intermediario habría encontrado la ventana.
Los clientes que aparecen en la investigación
Entre los hombres que Castillo representaba aparecen Francisco “Fran” Riquelme y Claudio Javier “Morocho” Mansilla, ambos alojados bajo el régimen de alto riesgo.
No se trata de detenidos comunes.
La investigación ubica a Riquelme como jefe de una estructura criminal vinculada con Esteban Lindor Alvarado, con operaciones relacionadas con homicidios, balaceras y extorsiones.
En mayo de este año, Francisco Riquelme y otros once acusados recibieron prisión perpetua por delitos cometidos entre 2021 y 2023.
El abogado detenido tenía acceso profesional precisamente a hombres que el sistema penitenciario intenta mantener aislados.
El “Morocho” y una fuga de película
El otro nombre es Javier “Morocho” Mansilla, un personaje que ya había protagonizado uno de los episodios más cinematográficos del universo narco argentino.
En 2023, Mansilla intentó escapar del penal de Ezeiza en helicóptero junto con Esteban Lindor Alvarado. El plan no prosperó.
Ahora aparece nuevamente en el centro de una investigación, aunque esta vez desde una cárcel federal y a partir de comunicaciones que la Justicia considera decisivas.
Ni los barrotes ni el régimen de máxima seguridad parecen haber terminado con su capacidad de influencia.
Una bandera, una amenaza y una orden todavía más grave
La detención de Castillo no se produjo simplemente porque los investigadores sospecharan de sus contactos.
La causa dio un salto después de una escucha registrada durante el fin de semana.
En esa conversación, según la investigación, Mansilla habría ordenado colocar una bandera con un mensaje intimidatorio en Villa Gobernador Gálvez.
La bandera efectivamente apareció.
La amenaza dejó de ser una conversación cuando apareció materializada en la calle.
Pero hubo algo todavía más grave.
Durante la comunicación, Mansilla habría dejado entrever que estaba dispuesto a ordenar un homicidio.
Ante esa situación, las fiscales Marina Vigo y Mercedes Banchio solicitaron acelerar la detención de Castillo.
Riquelme, su familia y la estructura que sigue funcionando
La investigación tampoco se limita al abogado.
La Justicia viene siguiendo los movimientos de la estructura vinculada con Francisco Riquelme, incluso con personas que permanecen fuera de prisión.
Entre ellas aparece Ezequiel Riquelme, hijo de Francisco, detenido el 7 de agosto en los Condominios del Alto, frente al Alto Rosario Shopping.
Los investigadores lo ubican como presunto organizador de la actividad exterior de la banda, particularmente en cuestiones vinculadas con dinero y operaciones territoriales.
La sospecha es que la organización no se apagó con las condenas: cambió de manos y de teléfonos.
Ezequiel había sido registrado además en 2025 en el paraavalanchas del Gigante de Arroyito, junto a Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado, y Lautaro “Laucha” Ghiselli, quien posteriormente quedó vinculado al liderazgo de la barra de Rosario Central tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte.
El antecedente que preocupa
El caso Castillo tampoco aparece en el vacío.
En septiembre de 2025, había sido detenido Iván Carlos Méndez, otro abogado señalado como supuesto intermediario entre jefes narcos presos y personas del exterior.
Según publicaciones sobre aquella investigación, Méndez habría funcionado como correo de varios pesos pesados del crimen organizado.
Entre sus clientes aparecían Mario Segovia, Martín Lanatta, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Uriel Luciano Cantero, Jorge Granier Ruiz y César Morán de la Cruz, conocido como “El Loco César”.
Cuando aparece dos veces el mismo mecanismo, deja de parecer una rareza y empieza a parecer una vulnerabilidad del sistema.
El otro costado de Castillo: el caso Loan
La detención adquiere todavía más repercusión porque Castillo también era conocido por su participación en otro expediente de enorme sensibilidad pública.
El abogado defendía a Pablo Núñez, imputado en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y señalado por presuntas maniobras destinadas a entorpecer o desviar la investigación.
Núñez había sido detenido en septiembre de 2024.
Eso coloca ahora al mismo abogado en dos escenarios judiciales distintos pero de enorme gravedad: una causa relacionada con el caso Loan y una investigación por presuntos vínculos con una organización narcocriminal rosarina.
Una agenda de clientes controvertidos terminó convirtiéndose en una agenda judicial explosiva.
La acusación todavía debe probarse
Hay una cuestión central que no puede perderse en medio del impacto del caso.
Castillo fue detenido y está sospechado de integrar una asociación ilícita. Eso no equivale a una condena.
La Justicia deberá determinar si efectivamente utilizó su condición profesional para facilitar comunicaciones criminales, qué mensajes transmitió, quiénes participaron y cuál fue concretamente su rol dentro de la estructura investigada.
El viernes está prevista la audiencia imputativa de Castillo y Ezequiel Riquelme, según la información publicada.
Ahora empieza la parte más difícil: convertir las sospechas, las escuchas y los teléfonos secuestrados en pruebas judiciales.
Lo que tenés que saber sobre el caso Martín Castillo
Martín Castillo fue detenido en Palermo.
La investigación está a cargo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Las fiscales que impulsaron la detención son Marina Vigo y Mercedes Banchio.
Castillo está sospechado de integrar una asociación ilícita vinculada con la estructura de Francisco Riquelme.
También representaba a Javier “Morocho” Mansilla.
La pesquisa sostiene que habría utilizado un segundo celular para triangular comunicaciones.
En el operativo fueron secuestrados dos teléfonos.
Una escucha vinculada con Mansilla aceleró la detención.
En esa conversación habría aparecido una amenaza y una referencia a un posible homicidio.
Castillo también defendía a Pablo Núñez, imputado en el caso Loan.
La audiencia imputativa está prevista para el viernes, según las fuentes consultadas.