Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que reemplazó a la AFIP—, presentó su nueva declaración jurada oficial correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025 ante la Oficina Anticorrupción.

El reporte patrimonial registró un crecimiento nominal del 62%, pasando de $620,6 millones a $1.004,1 millones, lo que representa un incremento absoluto de $383,5 millones en el lapso de doce meses.

La presentación vuelve a colocar al funcionario al frente de las observaciones judiciales e institucionales. Pese a conducir el organismo encargado de fiscalizar la trazabilidad del patrimonio y el cumplimiento tributario de los contribuyentes, Vázquez omitió nuevamente incorporar la titularidad de tres departamentos ubicados en Miami, Estados Unidos, cuyo valor conjunto supera los US$2,1 millones.

La adquisición de dichos inmuebles, realizada mediante un entramado de sociedades offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, continúa bajo investigación federal.

La imputación de la PIA y los vacíos en la justificación de fondos

El expediente que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, cobró dinamismo tras la intervención del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

La PIA solicitó formalmente la declaración indagatoria de Vázquez al considerar que habría incurrido en el delito de omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial.

El funcionario sostiene que los inmuebles pertenecen a un tercero, aunque hasta el momento no ha identificado públicamente al presunto propietario ni aportado documentación respaldatoria.

A la situación de los bienes en el exterior se suma un descalce numérico en la propia presentación realizada ante el Poder Ejecutivo. Mientras el patrimonio neto de Vázquez creció $383,5 millones, sus ingresos netos declarados para el período alcanzaron únicamente $158 millones.

Con los campos de revaluación, deudas o variaciones de mercado dejados en cero, surge un saldo de $225,6 millones cuyo origen no encuentra explicación explícita en los formularios presentados.