Lo que debía ser una quema de droga terminó destapando una escena que parece escrita para una ficción policial, pero que forma parte de una investigación judicial en Chaco.

El 18 de diciembre de 2025, durante el procedimiento para incinerar cocaína secuestrada en distintas causas, un secretario del Juzgado Federal N° 2 detectó irregularidades y decidió revisar una camioneta Toyota Hilux vinculada al operativo.

El control que debía ser una formalidad terminó descubriendo la presunta maniobra.

Dentro del vehículo aparecieron nueve ladrillos de cocaína que, según la investigación, no debían estar allí. Pero había algo todavía más comprometedor: uno de los paquetes ya había terminado dentro de la mochila de uno de los policías.

La “cajita” que podía pagar las deudas

La investigación incorporó conversaciones de WhatsApp que, para los fiscales, resultan centrales para reconstruir cómo habría sido planificada la sustracción.

Uno de los agentes escribió: “Mañana tenemos la quema, capaz rescate algo”.

En otro intercambio apareció una frase todavía más brutal por su naturalidad: “Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”.

La cocaína que debía desaparecer bajo control judicial habría sido considerada por algunos de los agentes como una oportunidad para hacer dinero.

Según la acusación de los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg, los policías no habrían actuado simplemente para quedarse con una cantidad de droga, sino con la intención de introducirla posteriormente en el circuito ilegal de comercialización.

La hipótesis fiscal convierte el episodio en algo mucho más grave que un simple robo de evidencia: se investiga si integrantes de la propia fuerza encargada de custodiar la droga pretendían transformarla nuevamente en mercadería para el narcotráfico.

El comisario señalado como organizador

Entre los principales acusados aparece el comisario Rubén Héctor César Alegre, a quien los fiscales señalan como supuesto organizador de la maniobra.

La imputación contempla los delitos de peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, de acuerdo con la acusación.

Los fiscales solicitaron penas de entre 8 y 15 años de prisión para los distintos involucrados, de acuerdo con el grado de responsabilidad que atribuyen a cada uno.

La paradoja es feroz: policías que debían custodiar una evidencia contra el narcotráfico quedaron acusados de intentar devolver esa misma droga al circuito criminal.

El control que desarmó la maniobra

La operación habría quedado expuesta justamente por una situación que los investigadores consideran determinante: la intervención del secretario judicial durante el procedimiento de destrucción.

La revisión de la Hilux permitió encontrar nueve ladrillos y, posteriormente, establecer que uno de ellos había sido colocado dentro de la mochila de un agente.

El hallazgo abrió la puerta a una investigación más amplia, que incluyó el análisis de comunicaciones entre los policías.

Los mensajes terminaron funcionando como una radiografía de la presunta trama desde adentro.

La Justicia deberá determinar ahora qué papel tuvo cada uno de los ocho agentes, quién habría organizado la sustracción, qué cantidad pretendían retirar y si existieron efectivamente maniobras destinadas a comercializar la droga.

Hasta que exista una sentencia firme, todos los acusados conservan el principio de inocencia y podrán ejercer su defensa.

Pero el expediente deja una pregunta que resulta imposible esquivar: ¿qué puede ser más peligroso que la droga incautada si quienes deben custodiarla empiezan a verla como un negocio?

Lo que tenés que saber sobre el caso de la cocaína robada en Chaco

• Ocho policías quedaron acusados en la investigación.

• La droga involucrada asciende a 9,490 kilos de cocaína.
• El procedimiento de incineración estaba previsto para el 18 de diciembre de 2025.
• Un secretario del Juzgado Federal N° 2 detectó irregularidades.
• La cocaína fue encontrada dentro de una Toyota Hilux.
• Uno de los ladrillos estaba dentro de la mochila de un agente.
• La investigación incorporó conversaciones de WhatsApp.
• Los fiscales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg sostienen que la droga iba a ser introducida nuevamente en el mercado ilegal.
• Rubén Héctor César Alegre está señalado por la acusación como supuesto organizador.
• Las imputaciones incluyen peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
• La Fiscalía pidió penas de entre 8 y 15 años de prisión.
• La responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada por la Justicia.