El Poder Judicial de la Nación formalizó el proyecto de erogaciones y recursos para el ejercicio 2027, configurando un universo financiero que asciende a $3.336.961 millones ($3,337 billones) entre las previsiones formuladas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pedidos consolidados colocaron nuevamente en el centro del debate la autonomía financiera de la rama judicial frente al programa de equilibrio fiscal trazado por el Poder Ejecutivo.

En primer término, el Plenario del Consejo de la Magistratura —encabezado por Horacio Rosatti y articulado en la comisión por Santiago Viola— aprobó por unanimidad un anteproyecto de $2.841.911.406.537, cifra que supera en un 18% el techo financiero de $2,319 billones notificado por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Esta suma representa un incremento del 24% respecto al presupuesto 2026, fijado en $2,135 billones. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia aprobó mediante la Acordada 18/2026 su propia previsión por $495.049.855.166, contemplando una planta de 4.732 cargos.

Salarios, infraestructura y rubros de funcionamiento

El desglose interno de los $2,841 billones asignados al Consejo de la Magistratura muestra que el 94,7% del gasto ($2.690.377.585.797) se destina a cubrir la masa salarial de una planta de 24.415 cargos, incluyendo jueces, funcionarios, la Escuela Judicial y la estructura del Sistema Informático de Recursos Humanos (SIRE), que demanda 1.456 posiciones.

A esta erogación se suman $9.072 millones para el pago de horas extras y $14.380 millones destinados a jubilaciones y pensiones especiales para 106 beneficiarios de los regímenes de privilegio.

Para el funcionamiento operativo y edilicio de los tribunales nacionales y federales, el proyecto presupuesta $14.077 millones en alquileres, $23.951 millones en servicios básicos y $16.596 millones para servicios de limpieza y policía adicional. En el campo de la tecnología, se contemplan $25.406 millones en bienes informáticos (compra de notebooks, 300 cámaras de seguridad y sistemas de firewall) más $3.515 millones para mantenimiento de software, en el marco de la implementación del Expediente Digital Administrativo (EDA) y el sistema acusatorio.

En materia de infraestructura, sobresale la asignación de $9.227 millones para la remodelación del edificio de la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py 2002.

Autarquía financiera y conflicto de partidas

A pesar de la magnitud de las partidas requeridas, la administración del Poder Judicial —a cargo de Alexis Varady— informó durante el mes de agosto la existencia de un déficit operativo de $143.000 millones, argumentando que las transferencias del Tesoro Nacional alcanzaron aproximadamente la mitad de los $550.000 millones solicitados a la cartera económica para el cierre del ejercicio.

Frente a esta brecha, el máximo tribunal ratificó la vigencia de la Ley 23.853 de autarquía financiera e insistió en la incorporación de los remanentes de ejercicios anteriores para sostener el servicio de justicia.

El pedido deberá ser evaluado e integrado por el Poder Ejecutivo en el Proyecto de Ley de Presupuesto General que será remitido al Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo.