La administración de los recursos públicos en los municipios bonaerenses exige un nivel de escrutinio cada vez más riguroso por parte de la ciudadanía.

En el Partido de Luján, la visibilización de registros oficiales en el portal de Datos Abiertos sobre compromisos asumidos dentro de la Secretaría de Jefatura de Gabinete a favor de la firma THX Medios SA —sociedad comercial operadora del portal de noticias Infobae— reinstaló la discusión alrededor de las prioridades del gasto en comunicación institucional.

La aparición de la empresa en la documentación presupuestaria municipal del primer trimestre de 2026, sumada a publicaciones periodísticas regionales que señalaron erogaciones por más de $9 millones entre octubre y noviembre del ejercicio previo, genera planteos legítimos entre los contribuyentes del distrito.

Más allá de los trascendidos en redes sociales, la existencia comprobable de compromisos económicos entre el Estado municipal y una de las principales plataformas informativas del país obliga al intendente Leonardo Boto a ofrecer una rendición de cuentas pública, pormenorizada y accesible.

Transparencia institucional y legitimidad de la pauta pública

La contratación de espacios publicitarios por parte de los estados municipales en medios de alcance provincial o nacional no constituye, por sí misma, una irregularidad. Las administraciones locales cuentan con facultades legales para difundir campañas de bien público, promoción turística, concientización vial o llamados a licitación.

Sin embargo, la validez de estas herramientas depende de la observancia estricta de principios fundamentales: transparencia en la adjudicación, razonabilidad presupuestaria, objetividad en los criterios de distribución y acceso público a los expedientes.

En un contexto socioeconómico donde los vecinos de Luján afrontan reajustes en las tasas municipales y reclaman por la extensión de redes de agua, asfaltado, luminarias y refuerzos en el sistema de seguridad vecinal, la asignación de recursos a grandes cadenas de noticias nacionales genera suspicacias de perfil político.

La falta de publicidad en los detalles de contratación abre interrogantes previsibles: ¿qué campañas específicas se financiaron?, ¿cuál fue el criterio de selección del medio?, ¿existió compulsa de precios previa? y ¿cuál es el retorno directo para la comunidad que abona sus tasas?