El endurecimiento de la estrategia oficial respecto al archipiélago de las Islas Malvinas reabrió un debate incómodo en el tablero político de Balcarce 50.
Luego de que el Gobierno nacional oficializara el inicio de procedimientos sancionatorios administrativos y judiciales contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración petrolera en el proyecto Sea Lion (impulsado por operadoras como Rockhopper y Navitas), el presidente Javier Milei planteó la intención de extender la persecución punitiva hacia otras ramas de la actividad económica desarrolladas en las islas sin autorización de la Argentina.
Sin embargo, el criterio expansivo de las penalizaciones choca contra la biografía empresarial de uno de los principales apoyos económicos y logísticos del oficialismo: el empresario Eduardo Elsztain.
El presidente del Grupo IRSA y Cresud mantiene una participación cercana al 2% en FIH Group PLC, el holding británico que absorbió a la histórica Falkland Islands Company (FIC), cuyos activos concentran el desarrollo inmobiliario, agropecuario, turístico y comercial de las islas.
La relación entre Elsztain y el Jefe de Estado fue determinante durante la gestación de la plataforma libertaria. Durante la campaña electoral de 2023 y las semanas posteriores al balotaje, Milei utilizó como centro de operaciones las instalaciones del Hotel Libertador, de la cadena IRSA.
Asimismo, el empresario promovió la inserción del mandatario en el movimiento religioso Jabad Lubavitch y lo acompañó en sus visitas a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en Nueva York.
La polémica recrudece al revisar el historial accionario del magnate. El propio Elsztain reconoció públicamente que comenzó a adquirir títulos de la Falkland Islands Company entre 2005 y 2006.
Incluso en 2017, a través del fondo Dolphin Fund, intentó adquirir el control mayoritario del holding, operación que generó alerta en el parlamento británico y no se completó, dejándolo con una posición minoritaria.
Frente a las críticas, Elsztain justificó su presencia en las islas argumentando que la compra de acciones obedecía a un intento por insertar capitales argentinos en la economía insular para fortalecer el reclamo de soberanía desde el interior del mercado malvinense.
A la fecha no existen denuncias penales o administrativas que vinculen formalmente la tenencia accionaria minoritaria en FIH Group con la infracción del régimen sancionatorio vigente, enfocado mayoritariamente en la Ley de Hydrocarburos.
No obstante, si el Poder Ejecutivo formaliza la ampliación de los castigos hacia el comercio, la ganadería o el turismo, la Casa Rosada quedará obligada a fijar postura sobre las tenencias de uno de sus principales aliados del sector privado.