Axel Kicillof construyó durante años un personaje político basado en la superioridad moral, la denuncia permanente y la pretensión de convertirse en fiscal de todos los gobiernos ajenos. Pero detrás de esa retórica existe una realidad judicial incómoda: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) registró 17 denuncias por presuntos hechos de corrupción contra el actual gobernador bonaerense, colocándolo entre los dirigentes con mayor cantidad de denuncias del país. No son 17 condenas, ni son 17 causas actualmente abiertas. Pero tampoco son fantasmas inventados por un adversario: son denuncias que llegaron a los tribunales y dejaron expedientes, jueces, fiscales y actuaciones. Y entre ellas permanece una investigación especialmente sensible: la causa por el vaciamiento y la expropiación de YPF, donde el nombre de Kicillof continúa dentro del universo de investigados.

El expediente es el CFP 3518/2006, una investigación iniciada hace casi dos décadas y vinculada con presuntas irregularidades relacionadas con la petrolera estatal. La causa tramitó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, y alcanzó a figuras centrales del kirchnerismo como Amado Boudou, Julio De Vido, Carlos Zannini, Roberto Baratta y Axel Kicillof, entre otros. La investigación contempló hipótesis vinculadas con presunta administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras irregularidades relacionadas con el manejo y la expropiación de YPF. Durante años permaneció prácticamente estancada y distintos relevamientos señalaron que acumulaba alrededor de 18 años de instrucción. En 2025 se registraron nuevas medidas de prueba y la causa continuaba sin resolución definitiva.

El nombre de Kicillof no aparece allí por casualidad. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el actual gobernador fue uno de los principales funcionarios económicos y tuvo un papel político central en la decisión de avanzar con la expropiación de YPF. La dimensión de aquella operación excedió largamente las fronteras argentinas: derivó en un litigio internacional en Estados Unidos que llegó a involucrar una reclamación superior a los 16.000 millones de dólares. En 2023, la jueza Loretta Preska había dictado una sentencia adversa a la Argentina; en marzo de 2026, una Cámara de Apelaciones estadounidense revocó aquella decisión. Ese proceso internacional no determina responsabilidad penal de Kicillof en la causa argentina, pero demuestra la magnitud económica y jurídica de la operación que él defendió como funcionario.

La gravedad política está, precisamente, en no confundir una investigación con una condena. Kicillof no fue condenado por la causa YPF, y mientras un expediente permanezca abierto rige la presunción de inocencia. Pero tampoco puede presentarse la investigación como inexistente. Su nombre figura entre los funcionarios alcanzados por una pesquisa que lleva casi veinte años sin una definición judicial definitiva. La pregunta, entonces, no es si Kicillof ya fue condenado —no lo fue—, sino por qué una investigación de semejante trascendencia continúa esperando una respuesta judicial.

Porque la verdadera demolición política no necesita inventar condenas. Alcanza con mirar los expedientes. Kicillof no tiene 17 condenas y sería deshonesto afirmarlo; varias investigaciones terminaron con sobreseimientos que deben ser reconocidos. Pero tampoco puede borrar que ACIJ registró 17 denuncias, que su nombre aparece en una investigación penal de enorme trascendencia económica y política y que la causa YPF todavía espera una definición después de casi veinte años. Mientras él pretende convertirse en fiscal moral de la Argentina y construir desde la provincia su próximo salto nacional, hay un expediente que no entiende de épica, discursos ni propaganda: CFP 3518/2006 sigue allí, con YPF en el centro y Kicillof entre los investigados. Los políticos pueden cerrar discursos; los expedientes solamente los puede cerrar la Justicia.