La política local suele disfrazarse de renovación ética, pero bajo el maquillaje de la “nueva política”, los viejos vicios de la casta resurgen con fuerza devastadora para pisotear la confianza de los vecinos. En San Isidro, el intendente Ramón Lanús encarna a la perfección esta trágica contradicción: un gestor del negocio inmobiliario y del vaciamiento patrimonial que hoy, acorralado por un prontuario judicial de categoría, prefiere el silencio cómplice antes que asumir responsabilidades. Su llegada al poder municipal no significó el fin de los privilegios, sino la colonización del distrito por parte de un operador serial de negociados que prefiere blindar a los suyos mientras la moral pública se derrumba en pedazos.

El verdadero rostro de Lanús se gestó durante su paso al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) bajo la administración de Mauricio Macri, un período plagado de sombras, expedientes y desvíos millonarios. Las causas recayeron inicialmente en el juzgado federal de Claudio Bonadio y posteriormente pasaron a la órbita de Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, investigando delitos tan graves como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra el Estado.

Entre las operaciones más escandalosas figuran la transferencia de terrenos en Catalinas Norte y campos en Córdoba denunciados formalmente por la Oficina Anticorrupción en 2020, vinculando a figuras como Marcos Peña, Rogelio Frigerio y a empresas de la talla de Techint y Consultatio, del empresario Eduardo Costantini. A esto se suman los informes lapidarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que destaparon una pérdida escandalosa de aproximadamente 76 millones de dólares para el Estado debido a subastas de inmuebles realizadas entre 2017 y 2018 muy por debajo de las tasaciones oficiales, además de la sospechosa adjudicación del Paseo de la Infanta firmada apenas un día antes de abandonar su cargo para beneficiar a empresarios amigos del poder macrista, y los negociados con los codiciados terrenos de Isla Demarchi y Puerto Sur en la Costanera Sur porteña.

Lejos de limpiar su historial, su desembarco en la intendencia de San Isidro profundizó su perfil autoritario y especulativo, gobernando de espaldas a la ciudadanía mediante la imposición de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) que fue aprobado en medio de represión policial, forcejeos y protestas vecinales para favorecer a los grandes desarrolladores inmobiliarios en Villa Adelina, Boulogne y la franja costera, reduciendo arteramente el tamaño de los monoambientes de 55 a 35 metros cuadrados.

Pero la podredumbre de su gestión no es solo urbanística, sino también moral e institucional: el escándalo estalló por los aires cuando el concejal libertario Alberto Montes —aliado político clave y funcional a su esquema de votaciones en el Concejo Deliberante— fue duramente denunciado por abuso sexual. Ante semejante aberración, la respuesta del intendente y su entorno fue el más abyecto ocultamiento, blindando al edil y optando por la especulación política ante los reclamos de expulsión por “inhabilidad moral” exigidos por la oposición, incluyendo a la concejal Estefanía Rivadulla de Unión por la Patria. Este blindaje impune se suma a los agudos cuestionamientos históricos de figuras públicas como Mario Pergolini, quien debió enfrentar las trabas arbitrarias del propio Lanús con una antena en inmuebles estatales, demostrando que su paso por la función pública siempre estuvo signado por el atropello y el beneficio sectario.

La sociedad no puede seguir tolerando que farsantes de la institucionalidad utilicen los cargos públicos como agencias de colocación de negocios privados y refugios de encubrimientos aberrantes. Ramón Lanús no es el adalid de la transparencia que prometió San Isidro, sino el eslabón necesario de una maquinaria de saqueo patrimonial y complicidad frente a la miseria humana, recordándonos dolorosamente que cuando el poder protege a los suyos, el sistema entero se convierte en cómplice del delito.