Jorge Ferraresi quiere gobernar la provincia de Buenos Aires, pero antes debería explicar qué hizo durante 17 años en Avellaneda. Porque detrás del discurso de dirigente territorial, de las recorridas bonaerenses y de su flamante aspiración para 2027 aparece un historial cargado de denuncias, investigaciones judiciales, observaciones administrativas, cuestionamientos por contrataciones, viviendas, fondos alimentarios, vacunación privilegiada y una estructura familiar y política cuya dimensión obliga a formular una pregunta elemental: si ya dejó de ser intendente para dedicarse a construir su candidatura, ¿de dónde sale la plata para financiar semejante despliegue político? Ferraresi admitió que existe la posibilidad de ser candidato a gobernador y en julio dejó la intendencia para concentrarse en su proyecto provincial.

Uno de los expedientes más graves se remonta a 2019, cuando la Justicia Federal investigó el supuesto direccionamiento de obra pública municipal hacia empresas vinculadas al entorno de Ferraresi y de sus funcionarios. Hubo allanamientos, incluso en la Municipalidad, y la pesquisa puso bajo la lupa sociedades con pocos o ningún empleado registrado, domicilios llamativos y presuntos vínculos con funcionarios. La investigación también detectó vehículos registrados a nombre de empresas contratistas que eran utilizados por personas vinculadas al poder municipal, entre ellas una hija de Ferraresi, circunstancia que los investigadores analizaron como posible indicio de retornos de obra pública.

Ese expediente no fue el único frente. El mismo año, la ONG Contadores Forenses denunció un presunto fraude de más de 96 millones de pesos relacionado con el Sistema Alimentario Escolar de Avellaneda. La acusación apuntó a recursos destinados a desayunos y almuerzos para chicos y jardines y alcanzó a Ferraresi y a Magdalena Sierra, entonces vinculada directamente con la administración de ese sistema. Posteriormente también circularon denuncias sobre raciones deficientes, escasas o en malas condiciones. Todo ello forma parte de un capítulo que exige respuestas políticas y administrativas, aunque una denuncia no equivale por sí sola a una condena.

El capítulo habitacional agrega otra sombra. En 2026 se conoció la adjudicación de una vivienda del programa Casa Propia-Construir Futuro a Patricio Pavón, funcionario municipal que había sido secretario privado de Magdalena Sierra. La adjudicación fue observada por el Tribunal de Cuentas bonaerense, que formuló objeciones respecto de la entrega de viviendas. La discusión no es menor: cuando una política pública destinada a resolver problemas habitacionales termina rodeada de cuestionamientos por el acceso de funcionarios, la sospecha política aparece inevitablemente.

Y después está el escándalo de la vacunación de 2021. Stefanía Purita Díaz, militante de una agrupación vinculada a Ferraresi y becaria municipal de 18 años, recibió una dosis de Sinopharm en plena escasez de vacunas y terminó apartada de la Municipalidad. Ferraresi negó cualquier responsabilidad y sostuvo que no tenía relación con la decisión de vacunación. El episodio, sin embargo, quedó incorporado al largo inventario de controversias que rodearon su estructura política.

Ahora aparece la maniobra más reveladora de todas: Ferraresi renunció a la intendencia para lanzarse a la carrera provincial, dejó el municipio en manos de su esposa y, pocas semanas después, Magdalena Sierra creó y le otorgó la Jefatura de Asesoramiento Institucional. Según la oposición, el cargo implica una remuneración superior a los 10 millones de pesos mensuales; otras estimaciones ubicaron el ingreso entre $7,5 y $13 millones. El decreto fue firmado por la propia Sierra.

La imagen de una esposa convertida en sucesora y luego en autoridad que reincorpora al marido como funcionario alimenta las acusaciones de nepotismo y la percepción de que Avellaneda funciona como una estructura política cerrada. Y las denuncias recientes sobre familiares, allegados y socios vinculados a cargos públicos agregan otra dimensión: un relevamiento difundido en agosto estimó en $77,8 millones mensuales el costo conjunto de haberes de integrantes de ese entramado en distintas dependencias públicas. Se trata de una denuncia periodística que merece ser contrastada con documentación oficial, pero resulta políticamente explosiva.

Por eso la pregunta sobre la candidatura no es solamente electoral. ¿Quién financia la campaña de Ferraresi? ¿Con qué recursos recorrerá 135 municipios? ¿Quién paga equipos, publicidad, traslados, actos y estructura política? Si pretende gobernar la provincia, debería comenzar por transparentar hasta el último peso de su construcción electoral. No alcanza con proclamar que quiere transformar Buenos Aires cuando su propio distrito acumula expedientes, denuncias, observaciones y controversias que todavía reclaman explicaciones.

Ferraresi puede intentar venderse como el dirigente experimentado que viene a rescatar a la provincia. Pero su principal problema no está en la competencia interna del peronismo: está en su propio prontuario político. La provincia no necesita importar un modelo de poder familiar, cargos para los propios, contrataciones bajo sospecha y explicaciones a medias. Si Ferraresi quiere ser gobernador, primero debería demostrar que puede responder satisfactoriamente por cada una de las sombras que dejó en Avellaneda. Porque pretender conducir Buenos Aires sin explicar Avellaneda sería como querer apagar un incendio llevando el fuego a otra habitación. Y esta vez los bonaerenses tienen derecho a preguntar, antes de votar: ¿cuánto cuesta Ferraresi, quién lo financia y qué intereses pretende gobernar?