Francisco Paoltroni construyó buena parte de su presentación pública alrededor de su trayectoria privada, un productor agropecuario que hizo fortuna en Formosa y decidió trasladar al Estado las recetas del mundo empresarial. Ese currículum resultó funcional al discurso de La Libertad Avanza contra la denominada “casta”, aunque posteriormente atravesó fuertes enfrentamientos con el oficialismo.
El problema es que, cuando se abandona el discurso y se observan los registros comerciales y financieros, la historia del empresario exitoso empieza a mostrar grietas bastante considerables.
A fines de agosto, Paoltroni anunció que sus compañías suspendían temporalmente sus actividades en Formosa y responsabilizó directamente al gobierno de Gildo Insfrán, al que acusó de persecución y asfixia económica.
La decisión afectó a unos 50 trabajadores, mientras el senador aseguró que se encontraba trabajando para cumplir todos sus compromisos comerciales. Pero al mismo tiempo aparecieron datos del sistema financiero que permiten preguntarse cuánto de aquella crisis responde a la política provincial y cuánto a la delicada situación económica de sus propios negocios.

De acuerdo con registros del Banco Central citados por medios especializados, Ganaderos de Formosa SRL, la consignataria vinculada a Paoltroni, acumulaba una deuda bancaria de $10.128 millones con distintas entidades financieras, además de registrar dos cheques rechazados por falta de fondos que sumaban otros $20 millones.
El BCRA administra precisamente la Central de Deudores y la Central de Cheques Rechazados con información remitida por las entidades financieras. No estamos hablando de una pequeña cuenta comercial atrasada: solamente una de las sociedades aparece asociada a obligaciones bancarias superiores a los diez mil millones de pesos.
Es importante hacer una precisión frente a la cifra de $12.000 millones que circula públicamente: con las fuentes abiertas que pudimos verificar, el monto documentado que puede sostenerse con mayor seguridad para Ganaderos de Formosa es de $10.128 millones, no doce mil millones.
Puede haber obligaciones correspondientes a otras sociedades que eleven el total, pero no corresponde sumarlas sin respaldo documental actualizado. La situación es suficientemente grave con los números comprobables como para no necesitar inflarla ni un peso.
Tampoco se trata de la primera controversia financiera relacionada con las sociedades del senador. En septiembre de 2023, el Banco Nación denunció el libramiento de 30 cheques sin fondos correspondientes a tres compañías: Ganaderos de Formosa SRL, Los Angelitos SRL y Agroindustria Formosa SRL, según antecedentes publicados sobre la causa. Aquella deuda rondaba entonces los $250 millones y terminó provocando una actuación judicial que alcanzó bienes vinculados con las sociedades.
Según esas publicaciones, ante la falta de regularización se dispusieron medidas sobre bienes que incluían al menos seis departamentos y 29 vehículos de alta gama registrados a nombre de las empresas, mientras la defensa atribuyó la situación a un supuesto hackeo bancario. Ese argumento fue cuestionado porque, según la información publicada, no habría existido una denuncia formal previa por ese supuesto ataque informático.
Mucho antes de la actual crisis empresaria, por lo tanto, las compañías relacionadas con Paoltroni ya arrastraban un conflicto serio por cheques rechazados.
Así anunciaba el fin de Ganaderos de Formosa SRL su propietario, Francisco Paoltroni, el senador LiberChanta que contrabandeaba cigarrillos, quebró la empresa y dejó más de 10 mil millones en deudas. No falla nunca: decís Milei y aparece una estafa. pic.twitter.com/Un9JSgL9Ry
— Visión Política (@VisionPoliticaV) September 9, 2026
Pero el episodio potencialmente más delicado surgió en mayo de 2025, durante un procedimiento de Gendarmería Nacional en Pirané, Formosa. Los efectivos descubrieron un cargamento de 250.000 paquetes de cigarrillos de procedencia extranjera sin documentación aduanera, escondidos debajo de bolsas de alimentos balanceados.
La mercadería ilegal estaba disimulada dentro de una carga aparentemente legítima y fue valuada entonces en más de $360 millones.
Los vehículos utilizados fueron vinculados en publicaciones periodísticas con Agrofeld Nutrición Animal, una empresa radicada en El Colorado, Formosa, a la que distintos medios locales relacionaron con el entorno empresarial y político del senador.
También se señaló que instalaciones de esa firma habían sido utilizadas para actividades vinculadas con Paoltroni. El punto jurídicamente decisivo, sin embargo, es distinguir la vinculación empresarial o política de una responsabilidad penal personal que hasta ahora no está probada.

El senador rechazó públicamente las acusaciones. Consultad sobre su supuesta relación con Agrofeld y la investigación por contrabando, Paoltroni calificó la acusación de “falsa” y señaló que su entorno evaluaba medidas legales.
No existe, con la documentación pública localizada, una condena que permita afirmar que Francisco Paoltroni haya participado personalmente del contrabando de esos cigarrillos.
La diferencia no es menor: una cosa es informar que camiones atribuidos por publicaciones periodísticas a una compañía relacionada con su entorno fueron utilizados para transportar mercadería ilegal, otra completamente distinta es afirmar que el senador ordenó o conocía la maniobra. Eso último requiere pruebas judiciales que no encontramos acreditadas.
La gravedad periodística del caso no autoriza a convertir una sospecha en condena, pero tampoco obliga a mirar para otro lado frente a semejante cantidad de coincidencias.
El procedimiento llamó particularmente la atención por su magnitud y modalidad. Los 250.000 paquetes de cigarrillos estaban ocultos debajo de bolsas que permitían presentar el traslado como una carga ordinaria, mientras la mercadería carecía de la documentación exigida para acreditar su ingreso legal al país.
No eran unas cajas perdidas en el fondo de un vehículo: se trataba de un cargamento multimillonario organizado para permanecer fuera de la vista durante el transporte.
La investigación debía establecer quién cargó la mercadería, quién contrató el transporte, cuál era su origen, quién era el destinatario y qué conocimiento tenían los propietarios o responsables de los vehículos utilizados.
Es precisamente en esa cadena donde deben individualizarse responsabilidades, en lugar de atribuirlas automáticamente por proximidad política o comercial. Pero conocer quién era dueño, usuario y responsable operativo de los camiones constituye inevitablemente una pieza central para reconstruir cómo funcionó la maniobra.
En agosto de 2026, el senador anunció finalmente el cese temporal de actividades de sus empresas en Formosa después de 25 años. Según su versión, la decisión fue consecuencia del hostigamiento del gobierno provincial, al que acusó de impedirle trabajar, amenazarlo, perseguirlo y asfixiarlo económicamente.
Paoltroni presenta así el derrumbe de sus operaciones como consecuencia de una persecución política y no como resultado de problemas empresariales propios.
La explicación merece ser escuchada, pero también contrastada con los antecedentes financieros conocidos. Cheques rechazados, una vieja demanda del Banco Nación y más de $10.000 millones de obligaciones bancarias conforman un cuadro que existía independientemente de su enfrentamiento con Insfrán.
Culpar exclusivamente al gobernador resulta políticamente conveniente, aunque los registros disponibles muestran que las dificultades financieras de sus sociedades son bastante más concretas que una pelea discursiva.

Paoltroni desembarcó en el Senado en 2023 impulsado por la ola libertaria que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Llegó incluso a ser propuesto por el Presidente para ocupar la presidencia provisional de la Cámara alta, aunque después fue desplazado del bloque oficialista tras enfrentarse con la Casa Rosada por la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema.
Su relación con Milei atravesó rupturas y posteriores acercamientos, por lo que definirlo simplemente como “el senador favorito” del Presidente requiere matices que la propia historia reciente obliga a introducir.
Eso no elimina la dimensión política del caso. Paoltroni construyó su identidad nacional como representante de un espacio que hizo del éxito privado, la responsabilidad individual y la crítica a la supuesta ineficiencia estatal algunas de sus principales banderas.
Precisamente por eso, conocer cómo administra sus propias empresas no constituye una curiosidad sobre su vida privada: forma parte del examen público de las credenciales con las que decidió hacer política.
La contradicción es inevitable. El discurso libertario suele dividir el mundo entre quienes producen y quienes viven del Estado, entre empresarios eficientes y una política presentada como parasitaria, pero una de las sociedades vinculadas a un senador surgido de ese espacio aparece con más de $10.000 millones de deuda bancaria.
Cuando un dirigente utiliza su éxito empresarial como certificado de idoneidad política, sus resultados empresariales también pasan legítimamente a formar parte de la discusión.
Tener deuda, por supuesto, no constituye delito ni demuestra por sí mismo una mala administración, las empresas trabajan habitualmente con financiamiento y pueden atravesar dificultades de liquidez.
Los cheques rechazados sí representan un incumplimiento que queda registrado en las centrales del BCRA, aunque tampoco equivalen automáticamente a una conducta penal.
La crítica seria no necesita confundir deuda con delito: alcanza con contrastar la épica del empresario exitoso con el estado real de sus balances y obligaciones.
Hay entonces dos historias diferentes que no deben mezclarse artificialmente. Una corresponde a la investigación sobre los 250.000 paquetes de cigarrillos transportados en vehículos vinculados periodísticamente con Agrofeld, la otra corresponde a los problemas financieros documentados de sociedades directamente relacionadas con Paoltroni.
Juntas no prueban una trama criminal, pero conforman un cuadro empresarial y político suficientemente relevante como para reclamar explicaciones públicas exhaustivas.
También corresponde seguir la evolución de las actuaciones judiciales antes de presentar cualquier hipótesis como certeza. Qué relación societaria concreta existía con Agrofeld al momento del procedimiento, quién dispuso los camiones, qué determinó la investigación aduanera y cuál es hoy la situación procesal son preguntas centrales.
Periodismo no es condenar antes que un juez, pero tampoco consiste en esperar una sentencia firme para empezar a hacer preguntas incómodas.
La historia tuvo cobertura en medios formoseños y en algunos portales nacionales, por lo que afirmar que “la prensa” completa permaneció callada sería inexacto.
Sí puede señalarse que el caso no alcanzó una repercusión nacional proporcional a la magnitud de los hechos denunciados, especialmente considerando que involucra a un senador nacional y a un cargamento de contrabando valuado en cientos de millones. La escasa amplificación nacional resulta, como mínimo, llamativa frente al tratamiento que reciben otros escándalos protagonizados por dirigentes de primera línea.
La mejor manera de discutir ese silencio no es exagerar lo que todavía no está probado, sino publicar aquello que sí puede documentarse. Hubo 250.000 paquetes de cigarrillos ilegales, hubo vehículos señalados como pertenecientes a una empresa relacionada con el entorno de Paoltroni, existen antecedentes de cheques sin fondos y una sociedad vinculada al senador registra obligaciones bancarias multimillonarias. Con semejante material comprobable sobre la mesa, resulta difícil explicar por qué el apellido Paoltroni no ocupó muchas más tapas.
Paoltroni, el senador LiberChanta que contrabandeaba cigarrillos, quebró su empresa y dejó 10 mil millones en deudas. El intendente de El colorado, Mario Brignole, presentó denuncia pidiendo remoción del cargo. "Es una vergüenza que este tipo represente a Formosa en el Senado". pic.twitter.com/WzeJEJM6os
— Visión Política (@VisionPoliticaV) September 9, 2026
Paoltroni tiene derecho a defenderse, a negar cualquier participación en una maniobra ilegal y a demostrar que las dificultades de sus empresas obedecen a la persecución que denuncia.
La presunción de inocencia no depende de simpatías políticas y debe valer exactamente igual para un senador libertario que para cualquier adversario del Gobierno. Pero la presunción de inocencia protege frente a condenas anticipadas, no frente a preguntas periodísticas respaldadas por hechos y documentos.
Y las preguntas son muchas. Qué vínculo exacto tenía su entorno con Agrofeld, por qué vehículos de esa compañía terminaron transportando un cargamento ilegal gigantesco, cómo llegaron sus sociedades a acumular semejantes compromisos financieros y qué ocurrió con los cheques rechazados.
El senador que hizo del éxito privado una credencial política tiene ahora una oportunidad bastante sencilla: abrir los números, explicar los vínculos y responder cada pregunta.