La narrativa oficialista de combate contra los privilegios de la política enfrenta una severa interpelación surgida desde el propio seno del Poder Ejecutivo. Leila Gianni, exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano y actual concejal de La Matanza, rompió de manera definitiva con La Libertad Avanza tras formalizar su alejamiento a comienzos de septiembre de 2026.
A partir de su portazo, la exfuncionaria comenzó a detallar presuntas irregularidades en la asignación de cargos y cajas presupuestarias en la provincia de Buenos Aires.
Las declaraciones de Gianni —difundidas por Futurock, Diagonales y La Nación— apuntaron directamente hacia la estructura liderada por el diputado nacional Sebastián Pareja, armador territorial del espacio alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según la denuncia pública de la exfuncionaria, dirigentes del sector se dedicarían a conseguir puestos ejecutivos en la administración pública nacional para ubicar a familiares y militantes.
El aspecto más delicado del testimonio de Gianni radica en la presunta existencia de una red de retornos económicos. La concejal matancera afirmó que a diversos funcionarios nombrados en organismos del Estado se les exigiría la entrega mensual de un porcentaje de sus haberes.
En sus intervenciones públicas, señaló de forma puntual a Luis Ontiveros y a la concejal Lorena Ramos, ambos pertenecientes al entramado político libertario de La Matanza, acusándolos además de solicitar dinero para el financiamiento de traslados a actos cuya cobertura logística ya se encontraba saldada por la estructura partidaria.
Asimismo, Gianni alertó sobre presuntas maniobras irregulares vinculadas a un predio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ubicado en la localidad de Villa Celina. Según la exfuncionaria, se habrían entablado contactos con sectores del oficialismo municipal para el desplazamiento de actividades comunitarias y la posterior habilitación de ferias comerciales mediante cobros informales en divisas.
Las graves afirmaciones de Gianni —que ella misma prometió formalizar ante los tribunales— se enmarcan en una dura disputa por el control de la bancada libertaria en el Concejo Deliberante de La Matanza de cara a las elecciones municipales de 2027. La ruptura entre Gianni y Pareja se profundizó tras su desplazamiento del bloque a finales de 2025.
Si bien la dirimencia de cargos en el conurbano suele generar fricciones partidarias, el volumen de las acusaciones reabre el debate sobre la transparencia en las contrataciones estatales, sumándose a investigaciones periodísticas previas que señalaron el ingreso de allegados y militantes en el Senado y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).