Por: De Malvinas a las amenazas: el PRO pide echar a Gisella Di Dio del Concejo después del escándalo con Morzone

El escándalo comenzó durante el debate de dos proyectos contrapuestos sobre los anuncios de Javier Milei respecto de las Islas Malvinas: uno expresaba preocupación desde el oficialismo municipal y otro, impulsado por La Libertad Avanza, respaldaba las medidas presidenciales, pero ninguno consiguió los dos tercios necesarios. La discusión explotó cuando Nicolás Morzone, presidente del bloque PRO, acusó al CECIM La Plata de haber perdido sus valores originales para transformarse en “una unidad básica de La Cámpora y del peronismo”. El Centro de Ex Combatientes venía cuestionando duramente la política de Milei sobre Malvinas y había calificado el reciente giro presidencial como un acto de “hipocresía extrema”.

Desde su banca, Gisella Di Dio, concejala de Fuerza Patria y dirigente vinculada al Frente Patria Grande de Juan Grabois, salió inmediatamente en defensa de los excombatientes y comenzó un intercambio que rápidamente perdió cualquier formalidad parlamentaria. Di Dio calificó a Morzone de “irrespetuoso, maleducado y sinvergüenza” y le gritó que había “entrado por la SIDE”; el concejal respondió que el recinto “no es un rancherío de Arturo Seguí”. Esa última expresión, dirigida a una dirigente oriunda de esa localidad, provocó otra escalada y convirtió la discusión sobre Malvinas en una feroz pelea personal y territorial.

El enfrentamiento continuó cuando comenzó el cuarto intermedio: mientras Morzone se retiraba, Di Dio volvió a increparlo públicamente y lo llamó “cobarde” y “cagón”, además de reivindicar a los vecinos de Arturo Seguí frente a la expresión utilizada por el dirigente amarillo. Pero existe un segundo episodio mucho más grave que, por ahora, está sostenido por la denuncia de Morzone: el concejal afirma que Di Dio le dijo que lo “iba a cagar a trompadas” y que “si pisaba Arturo Seguí era boleta”. Esas dos expresiones no aparecen transcriptas literalmente en la presentación administrativa del PRO, aunque el escrito sí sostiene formalmente que la edil lo “amenazó con agredir físicamente”.

Lejos de terminar allí, el conflicto volvió a encenderse cuando la sesión se reanudó casi dos horas después: Fuerza Patria reclamó que Morzone se retractara y el dirigente del PRO respondió asegurando que al oficialismo le molestaba que Milei estuviera “recuperando las Malvinas”. La tensión llegó al punto de que los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, junto con el unibloque ASAP Nueva Generación, terminaron levantándose de sus bancas y abandonando el recinto. Di Dio aprovechó después su intervención para desagraviar a Arturo Seguí y acusó a Morzone de representar expresiones de “odio, xenofobia, discriminación y machismo”.

Este viernes llegó la consecuencia institucional más fuerte: Morzone presentó ante el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, un pedido formal para avanzar con la “destitución con causa” de Di Dio. El PRO invocó el artículo 254 inciso 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y distintos artículos del Reglamento Interno, argumentando interrupciones, falta al orden y una conducta presuntamente agresiva contra otro integrante del cuerpo. Además anunció que llevará el episodio a la Justicia mediante una denuncia penal por “amedrentamiento y amenazas”, aunque será ahora el procedimiento institucional y eventualmente judicial el que deberá establecer si los hechos denunciados configuran una infracción susceptible de sanción.

Así, una discusión que comenzó alrededor de Malvinas, Milei y el posicionamiento político del CECIM terminó abriendo una crisis inédita entre dos concejales platenses. Morzone quedó bajo cuestionamiento por sus expresiones contra los excombatientes y por haber hablado de un “rancherío de Arturo Seguí”; Di Dio, por su parte, enfrenta ahora un pedido formal de expulsión y el anuncio de una denuncia penal por las presuntas amenazas que le atribuye el dirigente amarillo. Malvinas encendió la mecha, pero la pelea ya dejó de ser solamente ideológica: ahora el Concejo deberá decidir hasta dónde llegan los límites de la confrontación política dentro del recinto. Y una Justicia podría terminar determinando si, además de insultos y provocaciones, existieron efectivamente amenazas con relevancia penal.