Pedro Troglio decidió redoblar la ofensiva judicial en la investigación sobre ABES y puso sobre el escritorio de la Fiscalía N°3 de La Plata una batería de elementos que pretende incorporar como prueba: 66 audios de WhatsApp, documentación bancaria y comprobantes de transferencias de dinero.

El exjugador y exentrenador de Gimnasia, actualmente al frente de Banfield, es uno de los inversores que denunciaron a integrantes de la anterior administración de la desarrolladora por proyectos inmobiliarios que no se concretaron en las condiciones prometidas.

La nueva jugada va todavía más lejos: su abogado Miguel Molina pidió que el fiscal Gonzalo Petit Bosnic solicite ante el juez de Garantías la detención de Diego Lacki, uno de los principales investigados en el expediente.

La historia de Troglio permite ponerle números concretos al derrumbe: junto a su esposa, Alejandra Alonso, compró el 14 de marzo de 2024 una unidad en el fideicomiso ABES Dezzeo por US$64.092 y el 24 de julio de 2025 adquirió otra en ABES Lucero por US$93.650, operaciones que totalizan US$157.742.

PRIMERA PÁGINA YA HABLABA DE ABES | EL domingo 10 de marzo de 2024 denunciamos que la empresa estafadora había participado de la GestaPro de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

Los acuerdos incluían además pagos mensuales mientras durara la construcción: $290.000 por una de las unidades y $564.300 por la otra, actualizables por IPC. Según relató el propio entrenador, en octubre de 2025 dejaron de pagarle esas rentas, las obras estaban paralizadas y las respuestas comenzaron a desaparecer. “Quiero que me devuelvan la mayor cantidad de dinero posible”, resumió meses atrás al explicar cómo terminó recurriendo a la Justicia.

Ahora aparecieron los 66 audios intercambiados entre Lacki y Fernando Gil, amigo y socio de Troglio que funcionó como nexo para acercarlo a los emprendimientos y que posteriormente también se presentó como denunciante.

Las conversaciones incorporadas por la querella hablan de captación de nuevos inversores, condiciones especiales para personas recomendadas y transferencias que debían superar determinados montos; en una de ellas Lacki elogia al entrenador después de conocerlo durante una reunión social.

Para Molina, las grabaciones pueden ser determinantes para reconstruir cómo se generaba confianza, cómo se ofrecían las inversiones y qué participación tenía cada uno en la operatoria comercial. Será la Fiscalía la que deberá peritar el material, establecer su autenticidad, contexto e integridad y determinar finalmente qué valor probatorio tiene dentro del expediente.

EXCLUSIVO DE PRIMERA PÁGINA | Este es el render del edificio Elipsis que ABES construía en La Plata.

Pero entre la documentación aportada existe otro elemento que puede abrir una línea especialmente sensible: una orden de pago internacional por US$35.000 hacia una cuenta bancaria radicada en Miami cuyo beneficiario formal sería “Kali Estate LLC”.

La aparición de dinero enviado al exterior obliga a distinguir cuidadosamente lo que está documentado de lo que todavía debe investigarse: una transferencia internacional no demuestra por sí misma lavado de activos ni que los fondos hayan sido desviados ilegalmente.

La pregunta que queda ahora en manos de los investigadores es quién estaba detrás de Kali Estate LLC, por qué recibió ese dinero, cuál fue el concepto de la operación y qué relación tenía con los negocios inmobiliarios denunciados.

Precisamente por eso Molina también pidió que Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque sean convocados a declarar como imputados por delitos que la querella encuadra como administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.

El expediente ya venía avanzando antes de esta presentación: en febrero, el fiscal Petit Bosnic había imputado a Lacki por estafa y administración fraudulenta, mientras Macarena Núñez también había quedado imputada, dentro de una investigación que entonces nucleaba cinco causas penales y examinaba cuatro fideicomisos.

Con el correr de los meses se fueron acumulando nuevas presentaciones y las denuncias conocidas en distintas fiscalías platenses elevaron la dimensión del caso a más de 150 presuntos damnificados y alrededor de US$20 millones, aunque esa cifra global surge de las denuncias y no constituye todavía un perjuicio judicialmente determinado.

Fernando Gil agregó además otra pieza al expediente cuando declaró que Lacki habría invocado contactos en ámbitos judiciales y describió determinadas expresiones como intimidatorias, afirmaciones que el abogado negó categóricamente.

NO TE DEJES ESTAFAR | Este es el cartel que los damnificados colocaron a pedido de uno de los estudios jurídicos patrocinantes, en las puertas del edificio Elipsis que ABES construía en La Plata.

Lacki sostiene otra versión y su posición también forma parte del expediente: negó las afirmaciones de Gil y aseguró que existe una investigación penal originada en un episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2025, cuando —según su relato— habría sido abordado agresivamente por Gil y Troglio frente a los tribunales platenses; además, allegados suyos calificaron ahora de prematuro el pedido de detención porque todavía no habría sido indagado.

Ese contrapunto convierte a las próximas decisiones de la Fiscalía en el verdadero punto de quiebre: deberá resolver qué hace con el pedido de detención, analizar los 66 audios, seguir la ruta bancaria y determinar las responsabilidades individuales dentro de una trama que involucra numerosos emprendimientos e inversores.

Troglio reclama velocidad y respuestas; detrás suyo aparecen decenas de denunciantes con una pregunta mucho más grande que cualquier nombre famoso: qué ocurrió con los millones de dólares que aseguran haber entregado para departamentos que nunca recibieron en las condiciones prometidas.