La controversia en torno al acceso a financiamiento estatal por parte de altos mandos de la administración pública sumó un capítulo de alto impacto tras revelarse que 1.120 Personas Expuestas Políticamente (PEP) obtuvieron créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA) entre enero de 2024 y marzo de 2026.

La información —reconstruida a partir de datos del Banco Central (BCRA) filtrados en plataformas de datos abiertos como “¿Cuánto Deben?” y cotejada con declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción (OA)— derivó en una denuncia penal presentada por la diputada Mónica Frade y requerimientos de auditoría dictados por el juez federal Ariel Lijo.

El foco de la investigación periodística se concentra en miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso que obtuvieron préstamos por cientos de millones de pesos bajo condiciones de mercado que, en un contexto de restricción crediticia generalizada, despiertan cuestionamientos sobre la equidad en el otorgamiento de carpetas crediticias.

El círculo del Palacio de Hacienda y el Banco Central

Dentro de la nómina de beneficiarios destaca el equipo técnico del ministro de Economía, Luis Caputo. Felipe Núñez, asesor del ministerio y director del BICE, obtuvo un préstamo por $373 millones para la adquisición de una propiedad de 389 metros cuadrados en San Isidro, reportando una deuda equivalente con la entidad bancaria.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, figura con una línea otorgada de aproximadamente $367,6 millones, mientras que el subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón, accedió a $362 millones utilizados para adquirir un lote de 3.000 metros cuadrados en el barrio privado La Retama, en Pilar.

El listado alcanza también al organismo regulador del sistema bancario: el director del BCRA, Pedro Inchauspe, registró un crédito por $510,6 millones asignado en diciembre de 2025 con una tasa del 12%, destinado a consolidar la compra de un departamento de 133 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, acumulando pasivos bancarios totales por $620,6 millones.

Asesores de comunicación, la Cámara de Diputados y el Congreso

El financiamiento estatal también alcanzó a figuras de la estructura política y legislativa de La Libertad Avanza. El director de Comunicación Digital de la Casa Rosada, Juan Carreira (conocido en redes sociales como Juan Doe), declaró la adquisición del 50% de un departamento porteño a través de un préstamo con el BNA con un saldo deudor de $170,3 millones.

En el ámbito parlamentario, Shariff Menem —director de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados y sobrino de Martín Menem— obtuvo fondos para comprar un departamento de 60 metros cuadrados por los cuales consignó una deuda hipotecaria de $265,5 millones.

En tanto, el diputado tucumano Mariano Campero (recientemente integrado a la bancada oficialista) accedió a un crédito que generó un pasivo de $269,7 millones para financiar una vivienda de 992 metros cuadrados en la localidad de Yerba Buena.