Una severa controversia política e institucional sacude la gestión del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Una investigación periodística reveló que la sede central del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, ubicada en la ciudad de Concordia, fue utilizada para concretar un acto político partidario de La Libertad Avanza (LLA) tras haber sido sometida a un proceso de intervención administrativa.

La denuncia formulada por la conducción desplazada del gremio —encabezada por el exsecretario general Alcides Camejo— apunta a la responsabilidad política y administrativa de la cartera nacional al permitir que un espacio de representación laboral intervenido exhibiera simbología, banderas y consignas de la fuerza política oficialista.

Tomas de sedes, condenas previas y el factor "Lule" Menem

El expediente político revela aristas complejas. La presentación sostiene que el desplazamiento de las autoridades estatutarias del sindicato fue ejecutado por un grupo encabezado por Iván Amaro. Las actuaciones señalan que Amaro habría contado con el aval de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de máxima confianza de Karina Milei, para coordinar la toma del edificio e instrumentar la posterior normalización administrativa del gremio.

El condimento más explosivo reside en los antecedentes de la conducción de facto: Amaro fue condenado en 2016 por la Justicia entrerriana a tres años de prisión condicional por su participación en el intento de homicidio del exdiputado provincial Alejandro Bahler.

Pese a este registro judicial, la sede gremial alojó semanas después un plenario libertario que contó con la presencia estelar de Roque Fleitas, referente de LLA en la provincia, transformando el local sindical en un centro de articulación proselitista.

Conflicto de competencia y la querella ante la OIT

La superposición entre la autoridad administrativa de aplicación del Ministerio de Capital Humano —encargada de fiscalizar el funcionamiento de las asociaciones sindicales— y el beneficio electoral de la fuerza gobernante disparó la reacción de diversos sectores gremiales.

Los denunciantes anunciaron que llevarán la causa ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, denunciando la violación sistemática de los convenios internacionales sobre libertad sindical y la injerencia indebida del Estado en la vida interna de los sindicatos.

Si bien las acusaciones contra los funcionarios deben ser evaluadas en sede judicial y administrativa, el hecho comprobado de la realización del acto oficialista dentro de un gremio tutelado por el Estado tensiona de forma directa la narrativa oficial de combate a las prácticas discrecionales de la política tradicional.