La detención del consultor político y estratega digital Fernando Cerimedo en Bolivia comenzó a exponer una trama de contrataciones de fondos públicos que excede largamente su perfil identificativo con La Libertad Avanza.

De acuerdo con una investigación desarrollada por la red periodística Ruido a partir de datos del Portal de Transparencia del Gobierno de Córdoba, la administración de Martín Llaryora destinó durante 2026 al menos $64,7 millones a favor de la firma Madero Media Group.

El entramado contable revela que los giros de dinero público provincial se canalizaron a través de múltiples organismos oficiales. El Ministerio de Comunicación realizó giros por $7,98 millones, el área de Gastos Generales de la Administración transfirió $3,99 millones y la Agencia Córdoba Turismo efectuó al menos seis desembolsos con montos de entre $2,5 millones y $10 millones, registrándose el último pago el pasado 3 de agosto de 2026.

Ante la difusión de las transferencias, voceros del Ejecutivo provincial indicaron que se trató de la contratación de "campañas institucionales" y calificaron a la empresa como "un proveedor más".

Una relación comercial continuada desde 2025

El relevamiento de datos oficiales demuestra que los pagos de 2026 no constituyen un hecho aislado. Durante el ejercicio 2025, la firma Madero Media Group percibió de las arcas cordobesas un acumulado de $51,6 millones, alcanzando un consolidado documentado de $116,3 millones nominales en el bienio.

Madero Media Group es un holding constituido en 2021 dedicado a la comercialización de medios, producción audiovisual y marketing digital. De acuerdo con las actas societarias analizadas, Cerimedo figuró formalmente como gerente general de la sociedad hasta octubre de 2025, manteniendo vínculos comerciales estrechos con el empresario español Javier García Negre, referente del portal La Derecha Diario.

Pese a que el portal de noticias anunció la "desvinculación total" del consultor tras su aprehensión, los contratos celebrados con la estructura de Madero exigen precisiones sobre el alcance efectivo de las prestaciones contratadas por la Gobernación de Córdoba.

Repercusión judicial e interrogantes de gestión

La controversia cobra volumen público tras la aprehensión de Cerimedo en territorio boliviano, donde la justicia de ese país lo investiga como imputado por el presunto delito de intento de homicidio en perjuicio de su expareja, la abogada Nadia Beller.

La imputación penal aceleró los pedidos de informes sobre los criterios discrecionales y la evaluación de impacto mediante los cuales el Estado cordobés asignó pauta oficial y contrataciones digitales a una empresa vinculada a un operador político de alcance nacional, abriendo un frente de debate sobre el destino y la transparencia del gasto publicitario provincial.