La crisis de seguridad que atravesó la Tercera y Primera sección electoral volvió a poner en el centro del debate la gestión del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El reciente asesinato del joven David Elías Ojeda Vázquez en el partido de José C. Paz desató una inédita e intensa reacción institucional desde el municipio conducido por Mario Ishii hacia la gobernación de Axel Kicillof.

La intendenta interina, Lorena Espina, exigió públicamente mayores recursos y presencia policial, recordando que la comuna financia vehículos, cámaras, combustible y personal de apoyo.

Pocos días después de la protesta comunal, la cartera de Seguridad —encabezada por Javier Alonso— dispuso el relevo del comisario mayor Mario Eleuterio Villares al frente de la Jefatura Estación de Policía de Seguridad Departamental de José C. Paz, designando en su reemplazo al comisario inspector Sergio Torres, quien se desempeñaba al mando de la Sub DDI Pilar.

Aunque la coincidencia temporal alimentó hipótesis sobre un pase de facturas político contra Ishii por sus reclamos legislativos, no existen constancias documentales que ratifiquen una sanción disciplinaria motivada por el cruce partidario.

Quiebre político y la disputa por la financiación de patrulleros

El cortocircuito político entre Ishii y La Plata registró su punto de inflexión cuando sectores alineados al jefe comunal impulsaron iniciativas legislativas para exigir que el Estado provincial absorba de forma integral los costos de combustible, seguros y mantenimiento de los móviles de la Policía Bonaerense.

Hasta entonces, las comunas del Gran Buenos Aires venían supliendo dichos descalces financieros con partidas de sus propias tasas de protección ciudadana.

La posición de la Intendencia paceña contrasta con discursos de años anteriores, cuando el propio Ishii ponderaba el nivel de esclarecimiento del 98% en delitos graves.

El endurecimiento de los jefes comunales peronistas expone el desgaste del modelo de patrullaje tras dos gestiones continuadas —iniciadas bajo el mando de Sergio Berni y continuadas por Alonso— en las que el incremento de equipamiento no logró contener la demanda en los barrios.

Cifras de la Procuración: más de un millón de causas penales

Los datos estadísticos consolidados por la Procuración General de la Provincia muestran que en 2025 se iniciaron 1.012.857 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en el Fuero Criminal y Correccional, superando por más de 84.000 expedientes las cifras registradas al inicio del mandato en 2019 (928.450 causas).

Si bien indicadores específicos como el robo con armas o la sustracción de vehículos mostraron descensos de frecuencia, los delitos de mayor impacto social mantuvieron la curva en alza.

El aspecto más sensible radica en los homicidios en ocasión de robo, que registraron una suba del 12,9% interanual a nivel provincial (pasando de 24 a 27 casos consumados).

Asimismo, informes académicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advierten que el Gran Buenos Aires concentra el 72,3% de las muertes violentas de toda la provincia sobre una base poblacional del 64%, ratificando la severa disparidad territorial del fenómeno delictivo.