En la rosca política argentina, la memoria suele ser selectiva, pero los archivos digitales son implacables. Un simple archivo de Microsoft Excel extraído de la causa Cuadernos se transformó en la nueva trinchera internacional de Cristina Fernández de Kirchner.
La jugada de la defensa no apuntó a los tribunales locales, sino a las oficinas del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Suiza, llevando bajo el brazo un informe económico que promete reavivar la batalla por la obra pública.
"El análisis demuestra de forma incontestable la arbitrariedad con la que se construyó la acusación", repiten en el entorno de la ex mandataria.
El estudio, encargado a la consultora brasileña Specs Consultoria y firmado por el economista Antonio Corrêa de Lacerda, analizó el flujo de fondos de la denominada Fuente 14 entre 2009 y 2015. Los números expuestos sacudieron el tablero: IECSA, la histórica constructora ligada a Ángelo Calcaterra, encabeza el listado de cobros con US$360 millones, representando el 16,36% del total examinado.
La paradoja contable se vuelve más punzante al observar el casillero asignado al Grupo Austral. Las empresas asociadas a Lázaro Báez en ese universo específico cobraron US$18,66 millones, una cifra que equivale a un austero 0,85% de los US$2.200 millones presupuestarios auditados.

Por cada dólar canalizado hacia el empresario santacruceño a través de esta vía, la firma vinculada al primo de Mauricio Macri embolsó casi 19 dólares.
El abogado Carlos Beraldi montó la estrategia sobre este contraste numérico para intentar demoler el concepto del "direccionamiento exclusivo". Sin embargo, en el mapa judicial la realidad es inflexible: la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta contra la ex presidenta fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina.
Un peritaje de parte no tiene el poder automático de desactivar una sentencia firme, aunque abre una grieta retórica en un escenario político que ya mira de reojo las elecciones de 2027.